Disuadir la inmigración: la referencia danesa

Dinamarca, uno de los países bálticos, mantiene en la actualidad un gobierno socialdemócrata comandado por la primera ministra Mette Frederiksen y en el que participan otros dos partidos, Venstre (liberal de centroderecha) y los Moderados (centrista liberal). Frederiksen gobernó en solitario y en minoría entre junio de 2019 y diciembre de 2022, y en la mencionada coalición desde entonces. Y la singularidad es que, pese a la dirección progresista del ejecutivo en la mayoría de sus políticas, Dinamarca es actualmente uno de los países de la UE que más férreamente combaten la inmigración descontrolada, tras un cambio radical de orientación impuesto por la actual primera ministra durante la etapa en que gobernó en solitario.

La posición de Frederiksen se desprende de unas declaraciones que acaba de reproducir el diario norteamericano POLITICO: "Creo firmemente en la igualdad de oportunidades y en un modelo de bienestar escandinavo con educación, prestaciones sociales y atención médica financiadas con impuestos. Pero para mí, eso es solo un pilar tradicional de la socialdemocracia. El control de la migración es el segundo pilar". Y ciertamente, la consigna está siendo cumplida a rajatabla: en 2024, el país nórdico concedió asilo a tan solo 864 personas, la cifra más baja de su historia, si se exceptúan los primeros años de pandemia. En total, 309 eran de Siria, 130 de Eritrea y otras 130 de Afganistán.

La negativa danesa a recibir inmigrantes no parece estar en este caso teñida de racismo: tiene que ver con un sentido conservador de las relaciones humanas, que pueden verse alteradas si las sociedades tradicionales -sobre todo las más pequeñas- se ven invadidas por intrusos. Dinamarca es en cualquier caso objeto de críticas ya que el enfoque radical de Copenhague ha generado mucha controversia. 

Sus rivales han acusado a Frederiksen de implementar políticas de extrema derecha para alcanzar el poder y de atropellar la dignidad de los inmigrantes. Algunas políticas danesas, como la ley que ordena la confiscación de objetos de valor a los migrantes que llegan, han suscitado críticas de las Naciones Unidas. Y el mes pasado, un asesor del Tribunal Supremo de la UE declaró que la ley "No al Gueto" (que limita el porcentaje de inmigrantes en cada barrio) era "directamente discriminatoria por motivos de origen étnico".

Sin embargo, Copenhague no actúa dogmáticamente. Por ejemplo, fue reseñable que el parlamento danés eliminase todas las barreras legales a la hora de admitir a los ucranianos que huían de la agresión a su país cuando Rusia hizo estallar la guerra. Y su papel en Bruselas es discreto: después de que la UE adoptara un nuevo Pacto de Migración y Asilo en 2024, Dinamarca lideró silenciosamente un grupo de 20 países comunitarios para proponer más revisiones a la forma en que Europa maneja las solicitudes de asilo y las deportaciones. 

Este esfuerzo permitió alumbrar una nueva 'Directiva sobre retornos', publicada a principios de este mes por la Comisión Europea, que brinda a los estados orientación legal sobre cómo pueden acelerar las deportaciones a terceros países o a terceros estados donde los migrantes estuvieron anteriormente empleados, similar a la ley que Dinamarca aprobó en 2021 para permitir al país trasladar refugiados a Ruanda.

Además, este bloque de países también está canalizando miles de millones de euros para frenar la inmigración en su origen e impedir que los potenciales migrantes emprendan viaje. El año pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmó un acuerdo de 7.000 millones de euros con Egipto para impulsar el desarrollo y disuadir la migración irregular. La UE también se ha apresurado a restablecer las relaciones diplomáticas con Siria, donde espera empezar a repatriar a más migrantes tras la caída de Asad, a pesar de los recientes brotes de violencia sectaria.

Como se ha dicho, el caso danés es singular pero su toma en consideración permitiría probablemente conseguir una respuesta equilibrada y con amplio consenso en el seno de la UE sobre este problema poliédrico que es la inmigración. No cabe duda de que la UE ha de ser tierra de asilo para las personas y colectivos amenazados: los recientes flujos que procedieron de Siria o de Ucrania no podían ser rechazados por nuestros países democráticos. Pero en relación con África, es una realidad que el principal objetivo del Norte opulento con respecto a ese continente olvidado habría de ser la cooperación al desarrollo. 

Los países que en siglos anteriores colonizaron África hoy tienen la obligación de contribuir a su sostenibilidad económica y política. La iniciativa comunitaria sobre Egipto habría de ser imitada en los países africanos que aún sufren subdesarrollo. Un exministro de Exteriores de Zapatero, Moratinos, aplicó políticas de cooperación al desarrollo a varios países subsaharianos con éxito: se frenó la emigración cuando los nativos de estos países pudieron ganarse la vida sin emigrar.

El asunto es complejo y no puede basarse en la condena axiomática, irrespetuosa, del emigrante por motivos sociales. Vivir en la indigencia es igualmente grave que padecer una guerra. En consecuencia, las políticas migratorias del Norte han de ser generosas. Pero esas políticas serán verdaderamente productivas si ayudan al Sur a ser autosuficiente. Lo inmoral e intolerable es criminalizar al inmigrante, sugerir una maldad intrínseca que solo está en la mente depravada del racista. Pero, digámoslo claro, no tiene sentido olvidar África y algunos países fallidos de los demás continentes y quejarse después de que los ciudadanos hambrientos toquen a nuestras puertas.