Crímenes de guerra en Ucrania... y Estado de Derecho en Francia: diálogo estructurado
Pese a la enormidad del reto, la determinación mostrada por la UE y sus Instituciones...
En la última semana de abril, la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo (Comisión LIBE del PE) sostuvo en Bruselas una sesión de control ordinario sobre la Comisión Europea que preside Úrsula von der Leyen (Comisión VDL) y de dos de sus carteras más relevantes para nuestro ámbito de competencias: Justicia (comisario Didier Reynders) y Estado de Derecho y lucha contra la corrupción en la UE (vicepresidenta Vera Jourova). El formato de esas comparecencias recibe el nombre —característica jerga bruselense— de "Diálogo estructurado": el/la compareciente se somete a una sucesión de preguntas y críticas por cada Grupo de la Eurocámara, seguida de su correspondiente respuesta o réplica individualizada.
El comisario de Justicia, Reynders, se centró, en esta ocasión, en uno de los objetivos arduos que la UE se ha emplazado a acometer en el curso de la guerra de agresión desatada por la Rusia de Putin contra la vecina Ucrania: evitar la impunidad de los crímenes de guerra, abundantemente documentados, que están siendo perpetrados por fuerzas reclutadas en Rusia, sea ejército regular bajo su cadena de mando, sean mercenarios de Wagner. Promover su investigación y la identificación de los culpables es un empeño complejo en que la UE está movilizando recursos y capacidades crecientes, incluyendo la activación de Equipos Conjuntos de Investigación (y reforzando el Reglamento UE que los regula) y la cooperación incondicionada con la Fiscalía del Penal Internacional.
Las dificultades que arrostra este campo de actuación no residen solamente en la negativa de Rusia a reconocer ninguna jurisdicción a la Justicia Internacional sino en que la Duma de Putin ha tipificado como delitos graves —con largas penas de cárcel— toda colaboración con ella y toda expresión de oposición o mera crítica a una guerra declarada injustificada e ilegal por los organismos por los que se expresa la comunidad internacional (Asamblea General de NU).
Pese a la enormidad del reto, la determinación mostrada por la UE y sus instituciones —empezando por el PE, Pleno tras Pleno en Estrasburgo— en su alineamiento con el agredido frente al agresor en una guerra ilegal tiene como corolario obligado e inexorable trabajar activamente porque ninguno de los crímenes perpetrados bajo la cobertura de barbarie tan terrible quede sin esclarecer y sin su merecido castigo por la Justicia penal.
Parte de la tarea consiste en colaborar con la Fiscalía ucraniana y la de los Estados miembros (EEMM) de la UE inmediatamente fronterizos, pero ello no excluye —al contrario, la incentiva— la necesaria formación de las instituciones ucranias para adaptarse a los estándares del Estado de Derecho, idea europea de democracia (que exige, no lo olvidemos, un Poder Judicial plenamente independiente y todas las garantías de acceso a la Justica y a los recursos judiciales, junto a la promoción activa del pluralismo y la protección de minorías y de la oposición al Gobierno) y derechos fundamentales, además del compromiso en la lucha contra la corrupción.
De todos estos asuntos se ocupó extensamente —excediendo con largura el tiempo inicialmente asignado— la vicepresidenta Vera Jourova, responsable de Democracy&Values de la Comisión VDL. Particularmente insistente su reivindicación de la Estrategia UE contra la Corrupción y del cumplimiento íntegro del nuevo Paquete Antiblanqueo y contra la Financiación del Crimen Organizado (AntiMoneyLaundering Package), que incorpora una nueva Agencia UE especializada (AntiMoneyLaundering Authority) por cuya sede compite España.
Pero, además de ello, la Vicepresidenta Jourova tuvo ocasión de detenerse en el examen comparativo de la situación de la democracia, los derechos y libertades en la UE y sus EEMM. En la Comisión LIBE del PE hemos discutido a menudo la pertinencia de distinguir aquel subgrupo de países (notoriamente, Hungría y Polonia) sobre los que pesan indicios persistentes y acumulativos de “riesgo claro de violación grave y sistémica” de los valores comunes (principios constitucionales) consagrados en el art.2 TUE, vinculantes para todos tal como sostiene la jurisprudencia del TJUE, y aquellas otras situaciones donde se pongan de manifiesto problemas dignos de atención y de debate específico, sin que ello comporte encartar ese país en la lista de los incumplidores contumaces.
Pues bien, llamativamente, la conflictividad social en Francia ha sido puesta bajo el foco y la lupa de la Comisión LIBE en una preocupación extensa en que confluyen fuerzas de amplio espectro representativo del PE, desde la extrema derecha hasta la izquierda radical, incluyendo la expresada por el Grupo Socialista S&D. Se trata de examinar las condiciones y consecuencias del uso masivo —alegadamente, desproporcionado— de la coerción represiva de las fuerzas del orden público contra las manifestaciones desencadenadas por la reforma del sistema de pensiones puesta en marcha por el Gobierno del presidente Macron.
Por esta vez, también Francia estará "en el banquillo" del examen de cumplimiento europeo de las reglas del Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales, tal y como lo han hecho anteriormente otros Estados Miembros de la UE.
