A las calles por el pleno empleo y la defensa de la democracia

Las circunstancias han situado el Primero de Mayo en medio de la crisis política provocada por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a su continuidad en el cargo. La inédita situación es una expresión, extrema si se quiere, del riesgo cada vez más evidente de deterioro de los sistemas democráticos que atenaza a España, pero no solo a España.

En nuestro país se pretende normalizar el “secuestro” de uno de los tres poderes del Estado (me refiero al judicial, obviamente), bloqueando su renovación, u ofreciendo la misma, en todo caso, a cambio de des-democratizar el poder judicial. Porque eso, sustraer a uno de los tres poderes del Estado del escrutinio democrático, es lo que subyace tras el planteamiento de que sean “los jueces quienes eligen a los jueces”. De igual forma se pretende normalizar la mentira, el bulo, la insidia, la calumnia, como formas habituales de conducir la conversación pública, deteriorando así la legitimidad democrática de las instituciones.

Estas dinámicas reactivas suelen aparecer en las sociedades cuando se combinan periodos consecutivos de crisis y, a la vez, procesos transformadores en sociedades que se sienten abruptamente alteradas en sus certezas y espacios de seguridad. Y en buena medida, en esa situación estamos.

Los sindicatos hemos planteado un lema central para este Primero de Mayo: “Por el pleno empleo”. Y no lo hacemos por un exceso de optimismo o por voluntarismo. Lo hacemos porque este escenario puede abrirse en España en un plazo razonable. Y también porque la apelación al pleno empleo está relacionada con una lectura esperanzada para la sociedad española del efecto que buena parte de las transformaciones en marcha pueden conllevar para nuestro país.

La inestabilidad geoestratégica en el mundo es causa y consecuencia de las transformaciones en marcha. Una de ellas, de gran dimensión, es la transición desde economías y sociedades basadas en las energías fósiles, hasta un mix crecientemente dominado por las energías renovables. Y esta transición —cuyos ritmos, intensidades y efectos dependen en gran parte de cómo se encare desde las políticas públicas— puede acarrear unas consecuencias inéditas para España. Hemos sido un país sin apenas reservas de petróleo, gas y carbón. Sin embargo, sí somos, o podemos ser, una potencia en la generación energética y de electricidad basada en fuentes renovables como la fotovoltaica, la eólica o la marina. No teníamos petróleo ni gas, pero sí sol, costa, viento y territorio.

Esta posibilidad debe concebirse como un eje estratégico para que nuestro país movilice inversión productiva y se genere empleo. Por eso CCOO quiere renovar la apuesta por las políticas industriales y de desarrollo sectorial. No obstante, estas políticas no deben limitarse a la manida fórmula de la colaboración público-privada, sino a una movilización de recursos públicos que condicionen decisiones estratégicas de inversión a largo plazo de sectores privados. Los datos nos dicen que los márgenes empresariales están en récords históricos. Los recursos de los Next Generation son una palanca determinante. Quién y bajo qué parámetros acometa el reto de activar toda esa inversión potencial, es decisivo.

Pero no solo se trata de generar empleo, sino empleo de calidad. Y además, reducir por ley la jornada laboral, mejorando los sistemas de control horario, cambiando la regulación de la contratación a tiempo parcial de manera que se pueda consolidar más jornada ordinaria en un tipo de contratación muy feminizado —que explica una parte de la brecha de género—, o modificando el régimen de despido.

Este año volvemos a recuperar la reivindicación de los servicios públicos. El grado de civilización de un grupo humano se define en buena parte en cómo se curan, cómo se cuidan y cómo se enseñan las personas que componen ese grupo. Mediante espacios de vínculo común y solidaridad mutua, articulados en torno a una fiscalidad suficiente y los citados servicios públicos. O bien mediante la ley de la selva, la desigualdad y la segregación, implícita en la privatización de las partes rentables de la sanidad, la educación o los cuidados.

Este Primero de Mayo hay que salir a las calles. Por los lemas que nos concitan desde las organizaciones sindicales. Y por la defensa de la democracia. Costó mucho conseguir un sistema político en el que los gobiernos fueran elegidos por la ciudadanía y no por los poderosos. Los derechos no se heredan y las garantías democráticas, tampoco. Este año, también por la democracia, todas y todos a las más de 70 manifestaciones convocadas a lo largo del país.

Unai Sordo es secretario general de CCOO.