Ciudadanos: las cuotas son una exigencia de la igualdad

Los que llevamos años dedicados al estudio de la igualdad de género, partiendo del presupuesto que debería ser indiscutible que la misma es consustancial a un régimen democrático, continuamos asombrándonos ante las afirmaciones que con relativa frecuencia algunos líderes políticos lanzan en la esfera pública. Es cierto que deberíamos estar ya "curados de espanto", pero continúa resultándonos ciertamente sorprendente lo difícil que es consolidar presupuestos igualitarios cuando nos referimos a las mujeres y como en seguida se accionan los resortes patriarcales. Algo que estamos comprobando en estos tiempos convulsos de mano de los que se presentan como "nuevos" políticos y que, sin embargo, con muchas de sus actuaciones y compromisos, no hacen sino reproducir lo que Celia Amorós bautizó como "pactos patriarcales".

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, llevó a cabo una "tímida" reforma de la Ley Electoral con el objetivo de que las candidaturas presentadas a las elecciones mantengan un equilibrio en su composición, de manera que ningún sexo esté representado en menos del 40%. El legislador - y la legisladora - optó por una fórmula de "representación equilibrada" que no afecta al lugar que los candidatos y las candidatas ocupan en las listas. En consecuencia, y como demuestran los datos de las dos últimas legislaturas, el resultado final de esta medida no ha sido otro que mantener prácticamente inamovible el número de parlamentarias. En ningún caso las diputadas han sobrepasado el 36%, es decir, ni siquiera han llegado al mínimo del 40% que el legislador usó como límite de lo que entiende como equilibrio de sexos. Los datos publicados recientemente sobre las candidaturas presentadas para la cita electoral del próximo 20 de diciembre vuelven a plantearnos unas pésimas expectativas desde la perspectiva del género: las mujeres solo encabezan una de cada tres listas. Es decir, solo el 34% de las candidaturas presentadas en las 52 circunscripciones. Como ejemplos extremos nos encontramos al PSOE y a Ciudadanos. Mientras que el primero ha optado por presentar el 50% de mujeres como cabeza de candidatura, además de alternar en cada una de ellas un hombre /una mujer, en el partido de Rivera solo una de cada cinco cabezas de lista es mujer. Entre medias, Unidad Popular-IU solo cuenta con 14 mujeres liderando listas, el PP con 18 y Podemos con 19.

Estos datos, que sin duda nos llevarán a un Congreso muy lejano de la paridad, vuelven a ponernos de manifiesto que las estructuras políticas - muy singularmente los partidos, incluso aquellos que como el PSOE hacen más esfuerzos por la paridad - continúan siendo patriarcales y que son mayoritariamente los hombres los que además administran quiénes y cómo ejercen el poder. De ahí por lo tanto la necesitad de usar instrumentos que permitan transformar esa realidad, esa desigualdad estructural, para que mujeres y hombres podamos estar en condiciones de igualdad en el ámbito público. Desde este punto de vista, por lo tanto, mecanismos como las acciones positivas no son, como sostienen los líderes de Ciudadanos, contrarios a la igualdad, sino una exigencia de la misma. Algo que por cierto ya dejó claro nuestro Tribunal Constitucional en una sentencia que Rivera y compañía deberían leerse antes de hacer afirmaciones tan insostenibles. En la sentencia 12/2008, de 29 de enero, mediante la que se resolvió el recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP contra la reforma de la Ley Electoral antes comentada, el máximo intérprete de la Constitución dejó muy claro que "exigir a quien quiera ejercer una función representativa y de imperio sobre sus conciudadanos que concurra a las elecciones en un colectivo de composición equilibrada razón del sexo es garantizar que, sea cual sea su programa político, compartirá con todos los representantes una representación integradora de ambos sexos que es irrenunciable para el gobierno de una sociedad que así, necesariamente, está compuesta".

Solo desde una visión formalista - y liberal - de la igualdad, que no es la que mantiene ni nuestra Constitución, ni el TC, ni tampoco órganos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podrían defenderse posiciones contrarias a los mecanismos que todavía hoy siguen necesarios para que en el ejercicio del poder participen por igual mujeres y hombres. Las acciones positivas garantizan que ambos estén, con independencia de los méritos y las capacidades, como de hecho históricamente los hombres han estado ocupando el poder con una cuota del 100% y no siempre necesariamente respondiendo a méritos y capacidades relevantes. Como subraya la sentencia comentada, "la igualdad sustantiva no solo facilita la participación efectiva de todos en los asuntos públicos, sino que es un elemento definidor de la ciudadanía". Por lo tanto, insisto, no es que las "cuotas" y otros instrumentos de acción positiva sean contrarios a la igualdad, es que son una herramienta para conseguir que el ejercicio de la ciudadanía sea efectivamente democrático, en tanto que contribuyen a remover, como ordena el art. 9.2 CE, los obstáculos que históricamente y aún en la actualidad siguen poniéndoselo más difícil a las mujeres. Algo que tanto le cuesta entender a unos hombres que se resisten a perder privilegios y que parecen olvidar que nos dividimos en un 49,1% de hombres y un 50,9% de mujeres. Y que por tanto "algo" sigue funcionado de mala manera si las instituciones que nos representan continúan inclinando mayoritariamente la balanza del lado del que siempre tuvo el poder. Ese que, por cierto, aparece de nuevo como paradigma de lo universal en el nombre de un partido que vuelve a hacerlas a ellas, las ciudadanas, invisibles.

Este post se publicó originalmente en el blog del autor.