Los puntos más polémicos son la obligación de los peatones de someterse a pruebas de alcoholemia o de drogas; el incremento a 1.000 euros la sanción mínima por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas; la prohibición de los detectores de radar...
La velocidad permitida es una decisión administrativa, política y social, pero muy poco, o nada, científica. Va a ser incrementada justo cuando la recaudación en las autopistas de peaje ha descendido de tal manera que se pone en peligro la supervivencia de las entidades concesionarias.