Dura lex sed lex... stercore lex

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto por el que se modifica la actual ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, promulgada en 1990 y con no pocas modificaciones y desarrollos reglamentarios en los últimos años. Este anteproyecto se envía a las Cortes para su debate y posterior aprobación, que se estima se produzca a finales de este año.

Aunque en el trámite parlamentario pueden modificarse algunos aspectos de esta norma, varias son las modificaciones que afectan a los conductores (y a los no conductores) que estos días son objeto de debates más o menos acalorados. Los puntos más polémicos del anteproyecto son: la obligación que tienen también los peatones de someterse a pruebas de alcoholemia o de detección de drogas; el incremento de 500 a 1.000 euros la sanción mínima por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas; la prohibición de los detectores de radar; y la obligatoriedad de utilizar casco a los conductores de bicicletas menores de 18 años.

Comencemos por el incremento de la multa a quienes conduzcan bajo la influencia de alcohol, o citando textualmente el anteproyecto: "Se incrementa de 500 a 1.000 € la sanción por conducir con presencia de drogas en el organismo o por negarse a realizar las pruebas para su detección (aplicable también a las pruebas para la detección de alcohol)". En principio, no parece que se modifique el actual límite de 0,5 gramos de alcohol en sangre, aunque la utilización de la redacción "con presencia" podría indicar que se contempla también la "tolerancia cero", que viene pidiéndose desde algunos colectivos, y que existe en países como Hungría, Rumanía o Rusia.

En la actualidad existe una cierta contradicción al no admitirse ninguna presencia de drogas, como el cannabis o los opiáceos, y sí la conducción con "un poquito" de alcohol. Es cierto que en nuestra cultura la ingesta de alcohol está admitida y extendida socialmente, pero si todos los estudios concluyen que merma las condiciones físicas y psíquicas para conducir, parecería lógico establecer el límite cero para los conductores, pero no hay coraje político para eso.

Y como no hay coraje político para eso, el legislador decide duplicar las sanciones y entrar en una espiral de incoherencias que desbarata cualquier argumento inicialmente positivo. Primero, decide doblar la cuantía de las sanciones. ¿Por qué 1.000 euros y no 5.000 euros y seis meses de cárcel? ¿Cómo ha establecido el legislador la cuantía de la sanción para hacer desistir de conducir con "un poquito" de alcohol en el cuerpo?

Da la impresión de que quienes han decidido doblar la sanción van en coche con chófer, no han tomado una cerveza en su vida y en su entorno familiar no hay ni ningún parado, ni ningún mileurista. Mil euros es el sueldo de un mes de millones de familias y ya sabemos que la solución es "pues que no beban si conducen"... con ese mismo argumento podemos volver a la época en que se cortaba la mano a los ladrones, que seguro que es la que echan de menos en el Ministerio del Interior.

Segundo error: controlar el nivel de alcoholemia de los peatones. El anteproyecto dice que "se establece la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas a los peatones que hayan cometido una infracción con independencia de si se han visto implicados en un accidente". ¿Eso significa que todo ciudadano que haya tomado tres cervezas (suficiente para superar el límite en la inmensa mayoría de los casos) y haya cometido una infracción puede ser sancionado con 1.000 euros de multa? Porque si la sanción es sólo la que le corresponde por esa primera infracción cometida, ¿para qué la prueba de alcoholemia? Así pues un ciudadano al que un agente ve que cruzar la calle fuera de un paso de peatones (o que cometa otra infracción, como tirar un papel al suelo, si no se especifica en la reforma de la Ley qué tipo de infracción) puede ser sancionado con 1.000 euros. Pues ya lo saben los Ayuntamientos: dos agentes a una noche de botellón y un millón de euros para las arcas municipales. De locos. Que promulguen la ley seca y muerto el perro.

Lo del casco a los ciclistas menores de 18 años es otra coña marinera. Como no tienen el coraje de obligar a utilizar el casco a todos los ciclistas, se escudan en una absurda protección a la infancia. Con un hecho pintoresco: a un menor de edad le multan por no utilizar el casco y la multa la tiene que pagar su padre, que no tiene obligación de usarlo. A eso se le llama "ejemplaridad de la norma".

Y por último, lo de los detectores de radar. En la Ley de 1990 ya se introdujo una redacción lo bastante ambigua como para que fuesen prohibidos. Pero todos los organismos consultados entonces determinaron que los dispositivos que alertan de la presencia de radares eran beneficiosos para la seguridad. Hasta el extremo de que la propia DGT anuncia estos controles de velocidad fijos.

Por esa razón y por la proliferación de los navegadores, hoy día la inmensa mayoría de los conductores disponen de detectores de radar que normalmente utilizan dos sistemas: memorizando la posición y detectando las ondas que emiten los cinemómetros. Hasta ahora sólo se prohíbe un tercer supuesto, que es el de los dispositivos que inhiben o alteran estas ondas.

Con la modificación propuesta, se prohíben los detectores de ondas y solo van a autorizarse los sistemas de memorización de las ubicaciones mediante los sistemas de posicionamiento (GPS). De golpe y porrazo y si nadie lo remedia, millones (insistimos, millones) de automovilistas habrán tirado su dinero. ¿Cómo es posible que algo que hasta hoy mismo se consideraba como una ayuda a la conducción y evitaba despistes se convierta en algo ilegal? ¿Es que alguien duda de que se trata de una medida exclusivamente recaudatoria?

Lo complicado del caso es que cada día hay más aplicaciones telefónicas que incluyen sistemas de detección y de conexión entre varios automóviles, advirtiendo de problemas de tráfico, inclemencias y naturalmente la ubicación de controles móviles y fijos.

¿Cómo se va a controlar que cualquiera de los pasajeros de un vehículo mantenga conectada la aplicación? Quieren poner puertas al campo y lo que es mucho más preocupante: están rodeando a los agentes de tráfico de una imagen descorazonadora. Desde el Ministerio de Interior están colocando a la Agrupación de Tráfico y por extensión a toda la Guardia Civil, en una situación inquisitorial y represiva que los propios agentes detestan. La Guardia Civil superó con esfuerzos la tremenda ofensa de Tejero y Roldán, pero colocar a la Institución en una postura tan alejada de los ciudadanos es otro indignante paso atrás.