Considera probado que el Gobierno andaluz usó "durante 10 años un sistema de concesión totalmente opaco", en el que "las ansias de rapidez y agilidad" en dar ayudas eliminó "todos los mecanismos de control establecidos".
Los dos expresidentes andaluces se enfrentan a peticiones de entre dos y diez años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita.
Los dos expresidentes de la Junta se sientan en el banquillo junto a 20 exaltos cargos más por el supuesto macrofraude de 855 millones de euros en ayudas.