Caso ERE: Arranca el juicio contra Chaves y Griñán

Es uno de los juicios del año. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a partir de este miércoles a los expresidentes de la Junta de AndalucíaManuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 exaltos cargos del Gobierno andaluz acusados por el supuesto macrofraude por el que se concedieron ayudas millonarias a expedientes de regulación de empleo (los famosos ERE) irregulares.

La vista oral comenzará hoy con la presentación de las cuestiones previas por las partes personadas en el caso, que se prolongarán también los días 14 y 15 en horario de mañana, tras lo que el juicio está previsto que se reanude ya el 9 de enero de 2018, pasadas las Navidades, con la declaración de los acusados. Meses es lo que durará el proceso, que se inició hace casi siete años con la apertura de diligencias de una juez que, desde entonces, pasó a engrosar la lista de los estrella: Mercedes Alaya. Ha pasado tanto desde entonces que ni ella lleva ya el caso.

Con más de 200 empresas supuestamente beneficiarias de ayudas que no merecían, decenas de consultoras que cobraban comisiones suculentas por apañar esos fondos y altos miembros de la administración que gestionaban el asunto -según el relato del fiscal-, en los juzgados hay una auténtica maraña de causas, apenas ocho en proceso y algunas aún por abrir. Por eso, te explicamos a continuación qué es exactamente lo que desde hoy obligará a Chaves y Griñán a acudir cada mañana a los juzgados de El Prado.

¿QUÉ ES EL CASO ERE?

Es la investigación de un fraude masivo relacionado con ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Empleo a empresas en crisis entre los años 2001 y 2011 para llevar a cabo expedientes de regulación de empleo.

La jueza Alaya sostuvo en sus escritos que estas transferencias "habría supuesto la ilegal aplicación de fondos públicos por importe de 855 millones de euros". Eso es el monto total de las ayudas aplicadas en este concepto, que la magistrada entiende que están tramitadas de forma ilegal. Según la investigación llevada a cabo, el fraude contabilizado hasta ahora sería de unos 152 millones de euros. La Dirección General de Seguros cifró en unos 66 millones de euros por sobrecomisiones, a los que habría que sumar unos 73,8 millones por ayudas a empresas que no reunían las condiciones y algo más de 12 que fueron a parar a los llamados intrusos -personas prejubiladas que no trabajaban en esas empresas-.

En el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo de 2016, el juez Álvaro Martín manifestaba que, "entre los años 2000 y 2011, se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse procedimiento específico". Su objeto era "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros".

Durante la instrucción se llegó a hablar de un "fondo de reptiles", que en realidad tendría un nombre bastante más técnico, la partida 31L de los presupuestos andaluces que cada año contemplaba las ayudas sociolaborales que ahora se investigan. Quien bautizó así este dinero fue el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, el hombre más turbio de la trama. Su chófer llegó a declarar que se gastaba 25.000 euros al mes, que venían de fondos de la Junta, en cocaína, copas y fiestas.

¿A QUIÉN SE JUZGA EN ESTA CAUSA?

En realidad, lo que se empieza a juzgar hoy no es más que la parte política de la trama, posiblemente la más jugosa, ya que sienta en el banquillo a rostros muy conocidos de la política no sólo andaluza -23 años sumaron los dos expresidentes en el despacho de San Telmo- sino de la nacional -ambos fueron presidentes del PSOE-. Las causas múltiples por cada una de las empresas supuestamente beneficiadas va por otra vía.

Los acusados, además de Chaves y Griñán, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; de Innovación, Francisco Vallejo; de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.

El juicio también se dirige contra los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá; de Innovación, Jesús María Rodríguez, y de Economía, José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

El listado de acusados se completa con los ex directores generales de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García; y los ex secretarios generales técnicos de este departamento Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.

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¿POR QUÉ ERA LA JUNTA LA QUE PAGABA ESTAS AYUDAS?

La Junta de Andalucía utilizó este mecanismo para asegurar la paz social y ayudar a empresas a través de la transferencia de financiación, una vía de pago más ágil, que podría entenderse como necesaria en casos de necesidad de los trabajadores. El Ejecutivo socialista no se estrenaba en la política de rescatar empresas, ya desde los años 90 intervino en casos como los Astilleros de Sevilla y Cádiz o la firma automovilística Santana (Linares, Jaén). Sin embargo, ahora hay que analizar si esta vía era garantizaba de veras el control de las ayudas que se otorgaban. Según Alaya, se hacía de forma "absolutamente libérrima" y siempre con contrapartes -fueran personas o empresas- cercanas a los sindicatos UGT y CCOO y al propio PSOE.

El procedimiento de la transferencia de financiación consiste en que se recogía un fondo en la ley de presupuestos para la Consejería de Empleo y posteriormente se traspasaba a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Idea. A través de ella se abonaba a las aseguradoras las subvenciones de los pagos de los ERE. Al hacerse por este cauces las ayudas no tenían que pasar previos, lo que hacía más rápido todo el proceso.

¿QUÉ PASÓ CON EL AFORAMIENTO DE LOS EXPRESIDENTES?

Alaya, la jueza original, siempre dijo que el caso apuntaba a lo más alto de los Ejecutivos andaluces previos a Susana Díaz. Sin embargo, ella carecía de la competencia de imputarlos porque en ese momento eran parlamentarios, esto es, aforados. Sus causas, por ser representantes en las Cámaras nacionales -Chaves en el Congreso, Griñán en el Senado-, debían ser juzgadas por tribunales superiores a los ordinarios. Por eso, la rama política debía pasar por el Tribunal Supremo. Esta situación se retrasó porque Alaya intentó no desprenderse del caso, a toda costa.

Al final, en junio de 2015, el Supremo inculpó a Griñán, Chaves y al exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías por un presunto delito de prevaricación administrativa. Ya en octubre, el Alto Tribunal remitió otra vez esta rama política al juzgado de Sevilla: todos habían renunciado a sus escaños y, por tanto, habían dejado de ser aforados.

¿QUÉ PIDEN LAS PARTES?

La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 exaltos cargos procesados.

Chaves afronta diez años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación, y Griñán se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Por el delito de malversación, el Ministerio Público pide seis años de cárcel y 20 de inhabilitación también para Martínez Aguayo y Manuel Gómez, mientras que para otros 12 ex altos cargos eleva su petición por el delito de malversación hasta los ocho años de prisión y la misma pena de inhabilitación. En este último grupo se encuentran José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano.

La Fiscalía pide que estos 15 acusados respondan solidariamente de la "devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E". Se maneja la cantidad de 741 millones malversados en la década en la que estuvo funcionando el sistema, de los cuales considera que Griñán debe devolver solidariamente junto a otros acusados 483,9 millones de euros por las ayudas concedidas entre 2005 y 2010.

De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta en el caso ERE ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán. La Junta ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que no hay "trama criminal".

LA POSTURA DE LA JUNTA

Ayer martes, a través del portavoz del Ejecutivo, Juan Carlos Blanco, la Junta ha reclamado que "se deje trabajar a la Justicia" ante el inicio del juicio, al tiempo que ha reiterado su "máximo respeto" por la acción de la Administración de Justicia en este sentido. Blanco, además, ha reclamado al resto de grupos políticos que el mismo respeto que expresa el Gobierno andaluz por la acción de la Justicia "sea generalizado" por su parte.

"Lo más importante es el respeto desde también la máxima confianza en que se esclarecerá la inocencia y la honorabilidad de las personas que van a ser enjuiciadas a partir de mañana", agregó Blanco, quien garantizó la "máxima colaboración" por parte del Gobierno andaluz a la hora de establecer los recursos que sean necesarios para la celebración de este juicio en función de las competencias que tiene atribuidas.

¿POR QUÉ SE ESPERAN RETRASOS DESDE EL PRINCIPIO?

Porque las magistradas no han tenido el tiempo que se les prometió. Según informa Europa Press, cuando se planificó el juicio, se adoptó un "compromiso" para que ambas -Pilar Llorente y Encarnación Gómez- estuvieran "liberadas" para estudiar con "exclusividad" esta causa durante el mes o mes y medio previo al inicio del juicio. Sin embargo, no han tenido ese permiso hasta un día antes de la vista oral, por lo que fuentes judiciales confirman que habrá "retrasos" en los tiempos previstos. Algunas fuentes hablan incluso de un año para ejecutar la causa.

¿CUÁL SERÁ EL ESCENARIO?

El juicio se celebrará en una sala de vistas ubicada en la cuarta planta del edificio de la Audiencia Provincial sevillana, que, ante el elevado de número de partes personadas en este procedimiento, ha sido reformada para ampliar su capacidad. Otro caso que pone sobre la mesa la necesidad de la capital andaluza de contar con una Ciudad de la Justicia capaz de albergar casos de este tipo. Tras las obras, el tradicional banquillo de los acusados ha sido sustituido por unas sillas, 22 en total, una para cada uno de los ex altos cargos que serán enjuiciados.

Además del tribunal, en el estrado se sentarán los 21 abogados de los 22 acusados, los dos fiscales delegados de Anticorrupción y los letrados que ejercen la acusación popular en nombre del PP-A y del sindicato Manos Limpias.