Caso ERE: todo lo que debes saber ante la sentencia de la mayor causa de corrupción de España

Este martes 19 de noviembre, a mediodía, se conocerá la sentencia del caso ERE, la mayor causa de corrupción abierta nunca en España. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha estado investigando durante casi nueve años a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 19 exaltos cargos de la administración regional acusados por un multimillonario fraude masivo; se trata de un procedimiento opaco e ilegal por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que la Fiscalía Anticorrupción cifra en alrededor de 800 millones de euros.

El fallo no sólo es importante porque debe aclarar la honestidad o las manos sucias del Gobierno socialista de la comunidad autónoma durante años, y concretamente de dos mandatarios que han sido además ministros y presidentes del Partido Socialista (PSOE), sino porque se hace pública en plena negociación para la formación de un Gobierno nacional, cuando la mancha de la corrupción puede hacer más daño.

Estas son las claves para entender un proceso farragoso y turbio, que lleva una década contaminándolo todo en la política andaluza.

¿Qué es el caso ERE?

Es la investigación de un fraude masivo relacionado con ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, a empresas en crisis entre 2001 y 2011 para llevar a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE). Desde que se abrieron las primeras diligencias hace casi nueve años, a manos de la juez Mercedes Alaya (convertida en estrella por la enorme exposición mediática del caso), se ha llegado a imputar a 275 personas. Hace poco menos de un año que acabó el juicio oral y ahora llega el fallo.

Los procesados están señalados por participar directa o indirectamente en el procedimiento específico para conceder ayudas a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas andaluzas sin que hubiera “ningún control” por parte de la Administración, según Anticorrupción. No obstante, las cifras de lo posiblemente defraudado bailan, porque Alaya en su momento constató que eran 855 millones y algunas defensas hablan de no más unos 140 millones de euros de desfalco.

¿Cómo salió a la luz?

El caso salió a la luz a finales de 2010 en relación a otra investigación sobre corrupción en Mercasevilla, cuando varias investigaciones periodísticas más una denuncia del PP de la capital andaluza destaparon el presunto cobro de comisiones ilegales a unos empresarios por parte de dos exdirectivos de esta empresa.

Además, el comité de empresa denunció que había encontrado en el ERE de Mercasevilla un “intruso” -alguien que había recibido una prejubilación sin haber trabajado para la empresa-, y fue eso lo que llevó a descubrir más casos fraudulentos en otras regulaciones.

¿Quiénes son los acusados y qué penas se piden para ellos?

Hay 21 acusados en este proceso, a los que la Fiscalía Anticorrupción ha agrupado en tres grandes bloques a la hora de hacer sus peticiones de pena. Para un primer grupo, el de la petición más baja, se reclaman diez años de inhabilitación por prevaricación; la más dura es de ocho años de cárcel por un delito continuado de malversación más 30 de inhabilitación; y hay condena intermedia, de seis años de prisión y otros 30 años de inhabilitación.

Los acusados se reparten de la siguiente manera:

10 años de inhabilitación por prevaricación:

8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por un delito continuado de malversación:

6 años de prisión y 30 años de inhabilitación por prevaricación y malversación

De los veintidós acusados que llegaron a juicio después de que el juez Álvaro Martín y la Audiencia Provincial realizasen sendas cribas, el único absuelto de antemano fue Antonio Estepa, exsecretario general de Hacienda.

La sentencia, tenga el signo que tenga, no será firme y admitirá recurso ante el Tribunal Supremo.

El jefe del equipo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) Ángel Turrión, aseguró que las transferencias se usaron “indebidamente, y por qué no decirlo, ilegalmente”. Turrión ha emitido por orden judicial desde 2013 “275 informes con 3.899 páginas y 22.855 anexos” sobre el caso. Cifras sin precedentes.

¿Cómo era el procedimiento?

La Junta de Andalucía utilizó este mecanismo principalmente para asegurar la paz social y ayudar a empresas a través de la transferencia de financiación, que es una vía de pago más ágil. El Ejecutivo socialista marcó una política de rescatar a empresas ya desde los años 90, tras los graves conflictos en algunas firmas como Astilleros, Puleva, Santana Motor o Cervezas Alhambra.

Sin embargo, lo que los fiscales creen es que éste era una canal opaco, que no garantizaba el control de las citadas ayudas, que se entregaban de “forma absolutamente libérrima” -en palabras de Alaya- para personas y empresas cercanas a UGT, CCOO y el PSOE.

El procedimiento de la transferencia de financiación consiste en que se recogía un fondo en la ley de presupuestos para la Consejería de Empleo y luego se traspasaba a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA. A través de ella, se abonaba a las aseguradoras las subvenciones de los pagos de los ERE. Al hacerse por este cauce, esas ayudas ya no tenían que pasar controles previos, lo que hacía más rápido todo el proceso, pero también menos claro.

¿Por qué es tan importante Francisco Javier Guerrero?

La Junta andaluza y el PSOE siempre han intentado limitar las responsabilidades del caso de los ERE a la órbita de Guerrero, quien fue el director general de Trabajo entre 1999 y 2008. El se considera el centro de la trama de los ERE fraudulentos. Incluyó a cinco personas de su entorno como “intrusos” y consiguió hasta ayudas para su suegra, según la investigación.

Alaya lo acusó de haber recibido 303.588 euros de “procedencia desconocida” y haber aceptado viajes a China y Egipto con la condición de no convocar concursos públicos para los procesos. Su chófer llegó a declarar que se gastaba 25.000 euros al mes, que venían de fondos de la Junta, en cocaína, copas y fiestas. Él fue quien bautizó el famoso “fondo de reptiles”, la partida 31L incluida en los presupuestos andaluces cada año para dar esas ayudas sociolaborales.

¿Qué es eso de la rama política?

Desde el inicio de la investigación, los jueces entendieron que la ilegalidad iba más allá de altos funcionarios como Guerrero o de una consejería en exclusiva, como Empleo o Innovación. El sistema de ayudas, dice el fiscal, trataba de beneficiar a la órbita del PSOE y a los sindicatos.

En junio de 2015, el Tribunal Supremo inculpó a Griñán, Chaves y al exvicepresidente Zarrías por un presunto delito de prevaricación administrativa. Ya en octubre, el Alto Tribunal remitió otra vez esta rama política al juzgado de Sevilla, al no tener su condición de aforados los implicados por su renuncia a sus escaños.

Se decida o no su culpabilidad, lo cierto es que el caso de los ERE se ha llevado por delante la carrera política de Chaves y su sucesor, Griñán. Desde el PSOE andaluz siempre han defendido que se asumieron responsabilidades con la renuncia a los cargos de cada cual, el escaño, en el primer caso, y la presidencia andaluza, en manos de Susana Díaz, en el segundo. Y va aclaración: la expresidenta andaluza no ha estado nunca procesada por esta trama, pese al intento de la derecha de hacer que le salpicara.

¿Qué dicen las defensas?

Los principales acusados han insistido en la vista oral en que no tuvieron nada que ver con el uso ilegal de este dinero. “Yo no entraba en cómo se repartían las ayudas”, proclamó Manuel Chaves el 16 de abril de 2018, cuando prestó declaración ante el tribunal, pese a que hay dos expedientes en el sumario que revelan lo contrario. “Nunca conocí, nunca me reuní, nunca negocié, nunca vi, nunca actué y ningún miembro del Consejo de Gobierno pudo conocer”, repitió José Antonio Griñán pocas horas después.

El principal acusado, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, comenzó señalando directamente a Chaves. Hace un año, sin embargo, cambió su estrategia y empezó a defender la legalidad de su actuación en la concesión de las ayudas, que estaban amparadas por una orden ministerial del año 1995, según su tesis.

Posiblemente uno de los testimonios más incriminatorios fue el de María José Rofa, exasesora de la Dirección General de Trabajo, quien explicó de forma bastante clara el caos en la concesión de las ayudas fraudulentas y el conocimiento y la participación activa de no pocos de los encausados, con nombres y apellidos.

Ahora los jueces tienen que decidir si hay pruebas suficientes delito.

Un caso eterno

La sentencia será el fruto de cinco años de instrucción y de casi 700 horas de grabación durante el juicio, que empezó el 13 de diciembre de 2017 y concluyó el 17 de diciembre de 2018 tras 152 sesiones. Los magistrados Pilar Llorente, Encarnación Gómez y Juan Antonio Calle (que no estarán presentes en la entrega de la sentencia), también han debido revisar las pruebas documentales que obran en 14.276 folios, divididos en 38 tomos y siete de anexos.

El caso es de tal envergadura que el documento final tendrá unos 1.700 folios y el ponente se dedicó en exclusiva a su redacción a partir de febrero de este año. De hecho, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, llegó a calificar esta sentencia como “la más difícil de la historia judicial de España”, recuerda EFE.

La notificación del fallo se efectuará por medios electrónicos en la segunda planta del edificio de la Audiencia, en la sala de vistas habitual de la Sección Primera. Y está claro que, bien las defensas, bien la Fiscalía, acabarán recurriendo al Tribunal Supremo si no les satisface lo decidido. Por eso este caso aún no está acabado...