La Ley de Costas que ignoraba la Constitución
Hoy viernes, el PSOE presenta un recurso al Tribunal Constitucional a la Ley de Costas del ministro Arias Cañete. Creemos que la ley no contribuye en absoluto a proteger los ecosistemas, ni al uso sostenible del litoral, ni aumenta la seguridad jurídica como se había anunciado inicialmente.
La Ley de Costas regularizará en Galicia 709 negocios e industrias a pie de mar. Formentera teme la desprotección del litoral por la nueva Ley de Costas o La Reforma de la Ley de Costas apuesta por legalizar casi todas las viviendas 'irregulares'.
Así comienzan los titulares de algunos de los diarios que han reflejado la evolución de los primeros tres meses desde la aprobación, a finales de mayo, de la nueva Ley de Costas. Aún con estas noticias, desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha realizado una intensa campaña veraniega para insistir en que lo mejor que le ha podido pasar al litoral es la nueva Ley que lleva como eufemístico nombre "de protección y uso sostenible del litoral". Quizás, la nueva Ley de Costas es lo mejor que le ha podido pasar pasar a sus costas y a sus negocios. En Greenpeace dejamos claro qué posibles intereses privados podían estar detrás de la reforma de la Ley en nuestro informe Amnistía a la Destrucción.
Pero precisamente hoy viernes, el principal partido de la oposición, el PSOE presenta un recurso al Tribunal Constitucional a la Ley de Costas del ministro Arias Cañete, tal y como le habíamos solicitado las organizaciones de defensa del medio ambiente, al estar facultado para hacerlo. Sin duda, una acción política muy importante y de gran envergadura. Porque es una ley que según indica el recurso del PSOE "perjudica a todos y beneficia al interés económico de muy pocos, y pone el litoral al servicio de la especulación". Así que ahora también quedan vacías de contenido las palabras del ministro Arias Cañete cuando acusaba a Greenpeace de no habernos leído su Ley de Costas. Debe ser que los servicios jurídicos del PSOE tampoco se han leído la Ley y tampoco los Gobiernos de Canarias, Andalucía, País Vasco o Cataluña que pretenden también recurrir al Constitucional.
Como hemos expresado en diferentes ocasiones al Gobierno y a los líderes de diferentes partidos, creemos que la recientemente aprobada Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de costas, no contribuye en absoluto a proteger estos ecosistemas, ni al uso sostenible del litoral, ni aumenta la seguridad jurídica como se había anunciado inicialmente.
Esta reforma de la Ley de Costas, bajo nuestro punto de vista, vulnera al menos los artículos 9, 14, 45, 118 y 132 de la Constitución por lo que el pasado mes de julio, Greenpeace, WWF España, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife y Amigos de la Tierra solicitaron, en la reunión mantenida con la defensora del Pueblo, la presentación de recurso de inconstitucionalidad contra el texto aprobado ya que nuestras organizaciones no están facultadas para hacerlo.
Pero bueno, no le demos más vueltas y que decidan los tribunales pues, como en otras materias, si nos fiamos de las campañas de propaganda podríamos creer que tampoco se está privatizando la sanidad, la educación o la justicia.