La verdadera Marca España: sol (de pago) y playa

Desde el Gobierno se quiere cambiar la idea que el mundo tiene de España por la de un país de industria innovadora y puntera que apuesta por el conocimiento y que atrae inversores extranjeros. Esto es lo que se conoce como #MarcaEspaña.

Si bien es cierto que existen en nuestro país miles de profesionales e investigadores muy válidos, la realidad muestra que la Marca España no puede asociarse a una industria moderna y de futuro, sino a un marco regulatorio que se opone al progreso poniéndole puertas al campo. Por tanto, mientras no cambien las políticas, España seguirá siendo un país de sol y playa.

No obstante, el sol ha pasado a ser de pago, muestra inequívoca de que España se opone al progreso tecnológico. Con la aprobación del Real Decreto 900/2015, el país se ha convertido en un ejemplo mundial de malas prácticas en materia de autoconsumo eléctrico, al establecer un impuesto al sol que grava la energía producida y consumida por uno mismo.

Nos encontramos en un momento de transición del modelo energético, en el que estamos pasando de uno centralizado, fósil y dominado por un número reducido de empresas eléctricas, a otro mucho más descentralizado, con múltiples actores y renovable.

Países como Alemania (EnergyWende) o Francia (Transition Énergétique) se han dado cuenta de este cambio de sistema, y han decidido acompañarlo con regulación y asegurarse de que se produzca de forma ordenada.

Por el contrario, España ha preferido negar la realidad tecnológica e imponer enormes trabas a la producción de energía para consumo propio (autoconsumo), prohibiendo el balance neto entre la energía vertida a la red y la consumida, e implantando un impuesto a la producción para autoconsumo.

El principal argumento esgrimido por el Gobierno se basa en la necesidad de preservar los ingresos del sistema eléctrico (en otras palabras, de las grandes compañías eléctricas), así como en la hipótesis de que la implementación masiva del autoconsumo reduciría drásticamente los ingresos del sistema.

De entrada, la premisa de la que se parte no es cierta, pues el sector eléctrico ingresa 18.000 millones de euros cada año, y la reducción de ingresos que generaría el autoconsumo se estima en unos dos millones de euros por cada 100 MW (en 2014 se instalaron tan sólo 15 MW).

Además, en todo caso, la premisa no resulta aceptable. La reducción de ingresos se debería al menor consumo de kWh de la red, y por tanto, a una menor contribución de ese consumidor al sistema eléctrico. Pero cabe preguntarse, ¿en qué consiste la eficiencia energética, sino justamente en reducir el consumo?

Si yo cambio mi vieja lavadora por una con etiqueta energética A+ y, por tanto, reduzco el consumo, ¿tengo que pagar una tasa a las eléctricas para compensar la reducción de sus ingresos? Evidentemente, no. ¿Y si pongo la ropa a secar al sol en lugar de utilizar la secadora eléctrica? Pues, de momento, tampoco.

¿Por qué tengo que pagar entonces por reducir mi consumo de la red eléctrica al producir yo mismo mi energía? Sería como hacer pagar a los usuarios de teléfono móvil una tasa para sufragar las cabinas telefónicas.

Sin argumentos sólidos, y con la única finalidad de preservar los ingresos de las eléctricas, el Gobierno español ha dado de nuevo la espalda al progreso, además de hacer un ridículo internacional mayúsculo. Revistas como Forbes se han mofado de él por el impuesto al sol, en lo que supone una vuelta a la verdadera Marca España, la de sol y playa, en la que, para más inri, el primero ha dejado de ser gratis.

Este artículo ha sido escrito conjuntamente con Daniel Pérez, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y abogado especializado en energías renovables en el despacho Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law.

Este blog ha sido coescrito por Daniel Pérez, abogado especializado en energías renovables.