La UE pisotea libertades en nombre de la seguridad

En nombre de la seguridad frente al terrorismo, "el edificio de la protección de los derechos que tan cuidadosamente se había construido tras la Segunda Guerra Mundial se está desmantelando ladrillo a ladrillo" en la Unión Europea. Lo advierte Amnistía Internacional en su informe Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad nacional en Europa, que recoge su investigación de más de dos años en 14 Estados miembros de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Polonia y Reino Unido) y que analiza iniciativas internacionales y europeas en ese ámbito.

Sin poner en duda la necesidad de proteger a las personas de la violencia gratuita -tiroteos, ataques suicidas, atropellos deliberados- que ha matado o herido a cientos de personas en países de la UE durante 2015 y 2016, Amnistía subraya que esa tarea no debe ni puede lograrse "pisoteando los mismos derechos que los gobiernos pretender defender". De ahí su voz de alerta ante la respuesta estatal y comunitaria a los ataques con una oleada "de medidas de lucha contra el terrorismo que han minado el Estado de derecho, reforzado los poderes ejecutivos, eliminado los controles judiciales, restringido la libertad de expresión y expuesto a todos los ciudadanos a la vigilancia del gobierno".

Amnistía revisa ocho grandes temas, una auténtica galería de cómo la obsesión por la seguridad se está traduciendo en restricciones de derechos en la Unión Europea. Empezando por los estados y leyes de excepción, "una de las tendencias más alarmantes en toda la UE", porque varios Estados han "incorporado al derecho penal ordinario medidas de excepción que debían ser temporales", hasta dibujar un escenario de "excepción perpetua". Francia ha renovado cinco veces el estado de excepción, Hungría ha implantado draconianas medidas contraterroristas y en algunos países, como Austria y la propia Hungría, las medidas y reformas legales dejan traslucir un intento de vincular la crisis de los refugiados y la amenaza del terrorismo.

También preocupa el respeto al principio de legalidad, puesto en solfa por las definiciones cada vez más amplias, vagas e imprecisas de "terrorismo" -Bulgaria se lleva la palma, pero también España peca de imprecisión- en las legislaciones europeas, que dan pie a su aplicación arbitraria y a abusos oficiales. Máxime cuando esas leyes buscan consolidar el poder en manos del ejecutivo, sus organismos y el aparato de seguridad e inteligencia, lo que deja con poco o nulo margen de control al sistema judicial y a los posibles mecanismos de supervisión independientes. Y a eso se le añade que muchas leyes son aprobadas a toda prisa, sin apenas consultas con parlamentos, especialistas y sociedad civil. De hecho, denuncia el informe de AI, "algunos Estados han utilizado indebidamente las leyes antiterroristas para atacar a activistas políticos y a personas que defienden los derechos humanos", como sucedió en Francia con el arresto domiciliario de activistas medioambientales ante la Conferencia sobre Cambio Climático de 2015.

El derecho a la privacidad está más amenazado que nunca en Europa, donde la ampliación de poderes ejecutivos deja en manos de los gobiernos el virtual monopolio de la vigilancia masiva, reforzada en algunos países con medidas que obligan a las compañías privadas de telecomunicaciones a conservar los datos de las comunicaciones. La lista de "Estados vigilantes" es amplia -Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Hungría, Austria, Bélgica, Holanda-, y en ella destaca Polonia por ejercer "algunos de los más draconianos poderes de vigilancia en la UE". Amnistía Internacional también señala el caso del Reino Unido, donde la propia organización de derechos humanos fue "ilegalmente espiada en sus comunicaciones" por agencias gubernamentales.

Tampoco corren buenos tiempos para la libertad de expresión en la Unión Europea. El informe de AI subraya que ese derecho está "en rápido declive" y advierte de que la penalización de "formas de expresión que no llegan a incitación a la violencia" es una medida que "amenaza la protesta legítima, la libertad de expresión y la libertad artística". Como resultado, "el espacio público de libre expresión" es ahora "más pequeño y empobrecido" que nunca "en décadas". Amnistía llama la atención sobre los cargos por "apología del terrorismo" presentados en los dos últimos años en Francia -en 2015 hubo 385 condenas- contra cientos de personas, incluidos menores. Y señala también a España por haber aplicado su legislación sobre "enaltecimiento del terrorismo" -la Asamblea Nacional dictó 19 condenas por ese motivo en 2015 y 17 en la primera mitad de 2016- a artistas y músicos como el vocalista de Def con Dos César Strawberry y como los titiriteros de los carnavales madrileños.

El derecho a la libertad se ve amenazado por la extensión del período de detención a personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo. Un capítulo agravado, apunta el informe de AI, porque las normas que regulan la carga de la prueba han sido "rebajadas desde la 'sospecha razonable' hasta la simple 'sospecha', y en algunos Estados hasta la ausencia de requisitos formales de sospecha". Amnistía cita a Polonia y Reino Unido, que permiten la detención sin presentar cargos hasta 14 días, y a España, donde puede llegar a 13 días la detención incomunicada, régimen bajo el que el riesgo de tortura y maltrato es mayor.

La libertad de circulación es otro motivo de inquietud, dado el frecuente recurso gubernamental a medidas de control administrativo para restringir ese derecho, sobre todo en países como Francia y Reino Unido, que aplican esas medidas a cientos de personas 'sospechosas' de actividades relacionadas con el terrorismo o como método de prevención de ese tipo de actividades. A falta de garantías legales suficientes, el margen para posibles abusos oficiales es amplio.

Una de las más severas sanciones no penales utilizadas en la Unión Europea contra supuestos extremistas es el despojamiento de la nacionalidad, que suele aplicarse sobre todo a personas con doble nacionalidad. En el contexto de la lucha antiterrorista, a Amnistía le preocupa el potencial "extremadamente divisivo" de esa medida, que puede llevar a percepciones xenófobas sobre "verdadera" ciudadanía o a asociaciones erróneas entre extranjería y terrorismo.

Un último motivo de inquietud es el incumplimiento por algunos países -el informe saca los colores a España y Bélgica por un caso de extradición a Marruecos-- del principio de no devolución que prohíbe enviar a una persona a un país donde corra un riesgo real de sufrir tortura u otros malos tratos. Para sortear ese principio, algunos Estados recurren a las llamadas "garantías diplomáticas" y pactan con un gobierno con un pobre historial de tortura que no maltratará a la persona concreta que se transfiere. Amnistía Internacional se opone a ese 'atajo', ya que tales promesas no son fiables.

Visto en conjunto, el escenario europeo de medidas contraterroristas y amenazas a las libertades, Amnistía alerta contra la creciente tentación gubernamental de recurrir a leyes y medidas excepcionales con el argumento de la "amenaza terrorista" al Estado. Y remacha: "En última instancia, la amenaza para la vida de una nación -la cohesión social, el funcionamiento de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho- no viene de los actos aislados de unos radicales criminales violentos, por mucho que deseen destruir estas instituciones y socavar estos principios, sino de los gobiernos y las sociedades que están dispuestas a abandonar sus propios valores para hacerles frente".