Más allá del simple "dejar morir"
En España, los partidos que han tenido acceso al Gobierno han negado el camino hacia la legalización de las conductas eutanásicas, bien negando el derecho en sí mismo, como el PP o, peor aún, negando la oportunidad del debate o incluso la preparación de la ciudadanía para abordarlo, como el PSOE.
Cuando a principios de semana El Huffington Post y El País se hacían eco del anuncio, difundido por la agencia francesa de noticias AFP, de que el presidente François Hollande prometía una nueva ley sobre el final de la vida para el próximo mes de junio, confieso haber tenido un sentimiento de alegría y, por qué no reconocerlo, de cierta envidia. Vivimos tan malos tiempos para los derechos ciudadanos que el anuncio de una mejora, aunque sea en Francia, puede suponer un asidero de esperanza. Al fin y al cabo la historia nos enseña que ningún avance en derechos queda mucho tiempo confinado al Estado que lo reconoce sino que se extiende más o menos velozmente a su entorno cultural y político. Francia se sumaría así a la lista de países europeos que, como Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, han legalizado la ayuda prestada para morir en algunas circunstancias.
Aunque el partido socialista francés había incluido en su último programa electoral el compromiso de regular la eutanasia, algunos gestos del presidente Hollande en los últimos tiempos hacían temer el incumplimiento de ese punto programático. Por ejemplo, su resistencia a utilizar el término eutanasia o el haber designado para dirigir los trabajos de la comisión consultiva a Didier Sicard, medico y expresidente del Comité Consultivo Nacional de Ética, de reputación más bien antieutanásica y cuya elección fue recibida con entusiasmo por la Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos que, a la vez, calificaba la hipotética despenalización de la eutanasia como "inútil y peligrosa".
Afortunadamente, los puntos de vista de Sicard, según propias declaraciones a Le Monde, han variado a lo largo de los últimos tiempos desde una negativa total a transgredir el precepto de no matar hasta considerar inaceptable que alguien que expresa su deseo de morir a causa de un sufrimiento intolerable, no reciba respuesta de la sociedad y, en una aguda observación que revela su conocimiento del mundo médico, a afirmar que tras las posiciones dogmáticas contrarias a la ayuda a morir hay más un deseo de proteger conciencias que personas.
Igualmente resulta muy significativa su afirmación de que el debate sobre la posibilidad de ir más allá del simple "dejar morir" que permite la actual Ley Leonetti, debe ser un debate ciudadano y no un debate médico. La relevancia de esta afirmación es a mi juicio, enorme. He comentado anteriormente la tendencia del colectivo médico a secuestrar el debate sobre la disponibilidad de la propia vida con la argucia de reconducir las cuestiones éticas a cuestiones técnicas que, al competerles en exclusiva, dejan fuera a los ciudadanos. Comprobar a pie de campo la disociación entre la sociedad francesa, que en un 90% apoya la regulación de la ayuda para morir, y la opinión médica (al menos la opinión médica representada) opuesta a cualquier avance en ese sentido, lleva a Sicard a interrogarse sobre quién debe estar al servicio de quién ¿los médicos al servicio de los ciudadanos o al contrario?
Quienes trabajamos desde hace años por el reconocimiento de la autonomía personal plena, celebramos que nuestros planteamientos y argumentos éticos comiencen a abrirse camino entre "los expertos", al menos en Francia.
La iglesia católica es el segundo colectivo que, en Francia como en España, se empeña en mantener secuestrado el derecho ciudadano a decidir. Para ello plantean la cuestión en términos morales que, según su pretensión secular, solo a ella compete. Es cierto que en el país vecino el poder eclesial tiene menos fuerza que en el nuestro y que allí la separación Iglesia-Estado es más real que aquí pero lo más significativo a mi juicio es que, al igual que en España, lo abultado del apoyo ciudadano a la eutanasia y al suicidio asistido no excluye a las personas que se sienten y declaran católicas poniendo de manifiesto una vez más que, al igual que los presuntos representantes de los médicos no expresan la opinión del colectivo, la moral que proclama la jerarquía católica está muy alejada de lo que los católicos consideran moralmente aceptable.
La diferencia fundamental entre ambos países reside en el tercer colectivo, el de la clase política, en este caso no un poder fáctico sino legal, pero que al igual que los otros dos, niega a sus administrados el derecho a decidir sobre su propia vida. En España, los partidos que han tenido acceso al Gobierno han negado el camino hacia la legalización de las conductas eutanásicas, bien negando el derecho en sí mismo, como el PP o, peor aún, negando la oportunidad del debate o incluso la preparación de la ciudadanía para abordarlo, como el PSOE.
Aunque debamos esperar para valorar esa ley sobre el final de la vida que se anuncia para junio, los términos en que el partido socialista francés está conduciendo el proceso son en sí mismos un ejemplo a seguir del que debe tomar buena nota el socialismo español si no quiere que su falta de decisión termine por conducirles a su propio suicidio como partido.
