Una zancadilla por los Derechos Humanos

Mucho se ha hablado estos días sobre la esperpéntica situación que se vivió la semana pasada en el Parlamento Europeo, reunido en sesión plenaria en Estrasburgo.

El rodillo de la Gran Coalición daba señales de fractura, y antes de hacerla públicamente visible, dos socialistas alemanes decidieron secuestrar el proceso parlamentario e impedir la votación del informe sobre el TTIP, ariete de dicha fractura. Uno es Martin Schulz, presidente del Parlamento, y el otro es Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional y ponente del informe que debíamos votar.

Aterrorizados ante los rumores de indisciplina en el voto por parte de la bancada socialdemócrata, y las consiguientes amenazas populares con votar en contra del informe al completo si cierta enmienda era aprobada gracias a dicha rebelión, tomaron el reglamento como un martillo y tabicaron la posibilidad de que la Casa se pronunciase.

Pero la cosa no quedó ahí, sino que también se opusieron a que lleváramos a cabo el debate sobre el informe, quedando refrendada su postura por la mínima, sólo por dos votos de diferencia. Tal es la polarización dentro del pleno respecto al tratado comercial con EEUU. Tal es el miedo al simple hecho de hablar de ello.

Quiero centrarme en el contenido de esa enmienda, hecha estaca, sobre el que unos cuantos llevamos tiempo avisando a los cuatro vientos de su peligrosidad. Se trata del (ahora menos desconocido) ISDS, cláusula que establece el mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados. Este mecanismo permite a una compañía extranjera demandar a un Estado cuando una ley mine, bajo su punto de vista y sus expectativas, sus posibilidades de beneficio.

La disputa la dirime una corte privada de árbitros, que decidirán, en primera y última instancia, si el Estado debe indemnizar a la empresa, cómo no, con grandes cantidades de dinero público. Esto ya está pasando. Pero el TTIP lo institucionaliza a unos niveles desconocidos hasta ahora.

El ISDS establece una justicia paralela a la ordinaria, privada, oscura y gobernada por los grandes lobbies legales de occidente. Una justicia privilegiada hecha a medida de unos pocos privilegiados. Cualquier ciudadano con sentido común se opondría a tal despropósito, como ya hicieron 145.000 europeos en una consulta de la propia Comisión Europea. Es puro sentido común.

Pero creo, además, que este sistema de arbitraje viola pilares básicos de nuestras democracias, como son los Derechos Humanos y el Estado de Derecho.

Viola el Estado de Derecho porque establece una justicia por encima de nuestros ordenamientos legales. Es una justicia que no respeta: a) el principio de igualdad, ya que los Estados no pueden demandar a las compañías en ningún caso; b) el de seguridad jurídica, pues los Estados no pueden conocer de antemano, antes de aprobar una ley, en qué punto puede afectar a las expectativas de beneficio de las miles de empresas extranjeras que operan en nuestro territorio; c) o el de transparencia, porque si algo caracteriza a estas cortes es su oscurantismo y endogamia.

En cuanto a los Derechos Humanos, todos los Estados Miembros de la Unión Europea han ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Pero después de mucho leer esta Declaración, no he encontrado ningún derecho humano al comercio y la inversión. Más bien creo que el comercio puede, y debe ser, una estupenda vía para alcanzar la consecución de los derechos humanos. Es un medio y no un fin. Un medio para el bienestar de todos, si se hace pensando en ese objetivo y no en otros.

El comercio debe estar regulado y supeditado a los derechos de la ciudadanía y a los procesos democráticos. Debe estarlo, con más razón, porque en este mundo globalizado no podemos permitirnos dar vía libre a las multinacionales para que establezcan las reglas del juego comercial, pues lógicamente seguirán sus instintos depredadores y escribirán una Constitución en la que nunca puedan perder. El comercio mundial no puede seguir convirtiéndose en un gran casino donde los fondos de inversión juegan con productos de primera necesidad, como los alimentos, el agua, o los recursos naturales, poniendo en riesgo, por pura avaricia y competición, el futuro de la humanidad y de la Tierra.

Pero menos aún podemos permitir que estas empresas, enormes, incontrolables, sin bandera y sin corazón, tengan en sus manos la posibilidad de impedir que un gobierno legisle conforme al mandato dado por los ciudadanos. Es del todo intolerable defender que el derecho al comercio - y a sus beneficios económicos - esté por encima de los derechos de los ciudadanos - incluidos los Derechos Humanos. Dar a una empresa el poder de coartar a un Estado es acabar con la Democracia y la Soberanía.

Queremos comercio, sí, pero un comercio a la medida de las personas y de la Tierra. Un comercio que ayude a que los Derechos Humanos no sólo sean respetados, sino extendidos a más y más gente. Queremos que el comercio, como todo lo demás, esté sujeto a algo tan lógico e irrebatible como son los Derechos Humanos. Es triste tener que defender algo tan de sentido común, y que además te llamen radical.

Es un error garrafal y un suicidio defender este mecanismo de arbitraje privado. Nada ni nadie debe impedir a un Estado que legisle en la defensa y ampliación de los derechos de sus ciudadanos. No podemos permitir que la legislación que protege a los trabajadores, consumidores, al medio ambiente, la alimentación, el bienestar animal, etc., pasen a ser considerados obstáculos al comercio, concepto reclamado por esta ideología neoliberal e inhumana como un derecho inviolable y superior a los demás.

En esta época en que vivimos, repleta de rescates bancarios, burbujas financieras, desahucios indignos, corrupción institucional y comedores sociales, debemos ponernos en pie y detener esta deriva ideológica que pretende dar más poder aún a quien nos han traído estos dramas humanos. No nos rendiremos ante los falsos discursos que prometen milagros para todos, cuando la realidad ya nos está mostrando la cruel cara de estas prácticas.

Los gobiernos que actualmente defienden e impulsan este tratado, con todo lo que ello implica en cuanto a cesión de soberanía y supeditación de los intereses públicos a los privados, deberían ser considerados gobiernos criminales, e incluso traidores. Criminales porque el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en dicha Declaración se hagan plenamente efectivos. Traidores porque los ciudadanos, como ostentadores de la soberanía, en ningún momento les hemos dado el mandato para que cedan ésta a nadie en nuestro nombre.

El TTIP es, por sus implicaciones en todos los ámbitos, una Constitución en toda regla, por lo que el proceso que se está llevando a cabo para su elaboración es un proceso destituyente, de desmantelamiento de lo existente, y que yo sepa, a ningún representante, ni en la Unión Europea ni en los Estados, se nos ha dado un mandato que nos permita desarrollar nada de este calibre.

Las negociaciones para redactar el tratado, por ahora, no van a detenerse. Pero la movilización ciudadana está dando sus frutos, como la fractura socialdemócrata surgida estos días pasados. La presión debe continuar, y gracias a ella ya son muchos los socialistas europeos que no sólo se declaran contrarios al ISDS, sino al TTIP en su totalidad, y hasta hace poco esto era algo impensable. Sigamos exigiendo además, que, llegado el caso, sea la ciudadanía europea la que decida, en referéndum vinculante, la aprobación o no de este tratado.

El otro día secuestraron el Parlamento para no visibilizar la primera gran zancadilla que la ciudadanía puso al TTIP, pero no van a poder secuestrar todo un continente. Es imposible mentir a todo el mundo todo el tiempo.