Venezuela, donde pueden acusar a un conductor de terrorista por trasladar manifestantes
Continúan las protestas en Venezuela en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. El lunes 12 de junio, los principales sindicatos del transporte de la capital venezolana convocaron a un paro de 12 horas. Los transportistas rechazaron la detención de un conductor de autobús cuando trasladaba a manifestantes que se unirían a la protesta en el sector de Montalbán. Erick Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte, indicó que "a Quevedo Morón lo quieren juzgar en un tribunal militar por terrorismo". De no ser liberado, elevarán el paro a nivel nacional.
Amnistía Internacional ha denunciado el uso de tribunales militares para juzgar a civiles. "Se cree que más de 300 personas han sido llevadas a tribunales militares, acusadas de delitos como "rebelión", "terrorismo" y "traición a la patria".
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Foro Penal y Provea, han documentado reportes de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, malos tratos, golpes, torturas por parte del Gobierno hacia los manifestantes. Muchas veces encarcelados con delincuentes comunes, en condiciones de hacinamiento. A los detenidos se les restringe el contacto con sus familiares y están sujetos a racionamiento de líquidos y comidas. Algunos denuncian que se les obligó comer excremento. Otros mencionan aislamiento y celdas oscuras con escasa ventilación custodiadas por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).
El número de fallecidos durante las protestas asciende a 69. Neomar Lander, una adolescente de 17 años, falleció el pasado 7 de junio cuando un grupo de jóvenes se enfrentó a la Policía Nacional Bolivariana. La versión oficial atribuye la manipulación de un mortero como la causa de su muerte. Testimonios y videos muestran como el adolescente cayó muerto, al mismo tiempo que se escucha una detonación proveniente del piquete de la policía. Mientras escribo estas líneas, un hombre de 50 años falleció asfixiado por los gases de las bombas lacrimógenas durante una protesta en el estado Vargas. En el estado Mérida, un policía recibió un disparo causándole la muerte, un total de cinco guardias nacionales o policías han sido asesinados en el marco de las protestas.
La Fiscalía General ha imputado a 19 funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado como responsables de una tercera parte de las muertes de los manifestantes. Las investigaciones prosiguen, confirmó el director del Ministerio Público, Sair Mundaraín. En los últimos meses, la Fiscal General se ha distanciado del gobierno de Nicolás Maduro, denunciando el uso excesivo de la fuerzas de seguridad para reprimir las protestas, inclusive con el apoyo de civiles armados llamados colectivos.
A pesar de la brutal represión contra la población, la crisis económica y social mantendrá a los manifestantes en las calles de Venezuela. Como respuesta, el Gobierno de Nicolás Maduro ha convocado a una Asamblea para redactar una nueva Constitución, un ardid político que no cuenta con popularidad. La Constitución vigente fue redactada en 1999 durante el primer año de gestión de Hugo Chávez y fue aprobada en un referéndum con el 72% de los votos, si bien hubo una abstención del 50%.
