Acuamed y la 'implacable' lucha contra la corrupción

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La reciente aparición de problemas de corrupción en Acuamed resulta un ejemplo excelente de los problemas que tiene la lucha contra la corrupción en nuestro país. De las dificultades generales que se plantean con carácter general, me voy a fijar en tres elementos, que me resultan esenciales.

1. La estructura administrativa favorece la corrupción. Acuamed, esto es la Sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. tiene por objeto social la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas. Responde a un modelo que se introdujo en el derecho español en 1996, como vía para construir infraestructuras sin que computaran a los efectos de la estabilidad presupuestaria, de acuerdo con las previsiones que recogía la propia oficina estadística de la Comisión europea, Eurostat. Los problemas van más allá de esta contabilidad de diseño, que no es otra cosa que hacerse trampas al solitario.

En efecto, el modelo de las sociedades estatales de obras públicas tiene numerosas carencias en cuanto al control del gasto público. Así, de las tres posibilidades de actividad de intervención (esto es la que verifica la legalidad del gasto) se produce una notable reducción: ni hay función interventora, ni existe control económico financiero permanente y sólo existe auditoria pública.

La auditoria es un mecanismo de control a posteriori. Y, sin embargo, tampoco es obligatoria la auditoria pública en todos los supuestos de sociedades estatales sino que sólo se tendrá que producir en los casos en los que se incorpore en el Plan de Auditoria. Con respecto a la fiscalización a posteriori del Tribunal de Cuentas, tampoco es imprescindible en los casos de sociedades estatales sino que se producirá únicamente en los supuestos en los que se haya incurrido en el Programa de Fiscalización.

El único caso en el que se ha fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, se llega a una recomendación que hay que recuperar y que es común a todas las sociedades de obras públicas: "sería recomendable que se valorara la necesidad de seguir manteniendo esta modalidad de instrumentos de gestión, en particular si se tiene en cuenta que estas Sociedades se encuentran sometidas en un grado significativamente menor que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario y administrativo". Una recomendación que se recordó en el Congreso de los Diputados el 9 de diciembre de 2014.

2. La lucha contra la corrupción sólo funciona cuando hay denuncias. Resulta llamativo pero en España los órganos y entidades encargados de luchar contra la corrupción no suelen descubrir este tipo de conductas, a pesar del prolijo aparato institucional que tenemos. La realidad muestra que sólo se actúa a posteriori, como consecuencia de una denuncia de alguien que ha visto de cerca el problema. Es lo que ocurrió con Gürtel, con Púnica y en el caso Acuamed también.

¿Por qué ocurre esto? Esencialmente por la carencia de medios que tienen las autoridades encargadas. Ni la Intervención General de la Administración del Estado, ni el Tribunal de Cuentas, ni la Agencia Tributaria tienen medios suficientes. Lo que ocurre con la Agencia Tributaria es escandaloso: España tiene el nivel de personal a cargo de la Administración Tributaria más bajo de la UE de los 27, sólo superado por Italia.

Y a ello se añade la gestión de estas entidades. Recordar aquí que el PP modificó en enero de 2012 la estructura policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal -creada en 2005 por la especificidad que tenían los cometidos encomendados-. O que el esfuerzo de la Fiscalía en la legislatura anterior con doce fiscales el Centro de Madrid, complementado con el eficaz apoyo de la Agencia Tributaria, Intervención General del Estado y Policía Judicial. Se amplió la plantilla de fiscales anticorrupción en Barcelona, Málaga, Gran Canaria, Alicante, Granada y Baleares no ha tenido continuidad.

3. No se asume la responsabilidad política en la corrupción. En el caso Acuamed podríamos hablar de la responsabilidad política de un comisario europeo (Miguel Arias Cañete, ministro en el momento de los hechos y que se llegó a reunir con FCC en la reunión en la que se acordó el pago indebido), la vicepresidenta del Gobierno (que designó al responsable de los hechos Subsecretario del Ministerio de la Presidencia), y una ministra (Isabel Tejerina, que es la titular del Ministerio responsable de la tutela de Acuamed, de acuerdo con la Ley de Patrimonio de las Administraciones públicas). Ninguno ha dimitido. Nada ha ocurrido políticamente, tampoco, cuando se ha imputado al Partido Popular. Ni cuando este partido tiene a su gerente actual y al anterior imputados.

Que en España se siga vinculando la responsabilidad política por corrupción a la responsabilidad penal es un gravísimo error, heredado del pasado. La penal tiene unas reglas particulares que en nada se parecen a las políticas. La responsabilidad política es mucho más exigente que la penal, pero en España no se ejerce por los responsables. En el extranjero se dimite por los errores de los colaboradores: Franz-Josef Jung tuvo que dimitir como consecuencia de un bombardeo en Afganistán, donde murieron casi 150 civiles por el error de un oficial alemán que estaba bajo su dependencia.

Quiero traer aquí otros ejemplos del extranjero, de cómo funciona la responsabilidad política ante conductas deshonestas: a) El ministro de Defensa de Alemania dimitió en 2011 tras conocerse que había plagiado parte de su tesis doctoral. Lo mismo le ocurrió al expresidente de Hungría y también dimitió b) El ministro de Defensa de Canadá dimitió en 2008 por olvidar unos papeles secretos de la OTAN en casa de su pareja; c) El presidente de Baviera, dimitió tras conocerse que un amigo empresario le había invitado a unas vacaciones en el extranjero y d) El ministro de Energía y Medio Ambiente del Reino Unido tuvo que ser dimitido por mentir sobre una infracción de tráfico