Las libertades retroceden; y no es Hungría, sino España

A lo largo de toda la crisis que arrancó en 2008, he insistido muchas veces en el retroceso en materia de derechos sociales y libertades impuesto por numerosos gobiernos conservadores a todo lo ancho de Europa. A rebufo de la crisis y con el pretexto de la crisis, la hegemonía de la derecha ha venido atornillando sistemáticamente una involución cada vez más agresiva contra la calidad democrática, el pluralismo informativo, la responsabilidad y la dación de cuentas de los gobernantes y lo derechos de los ciudadanos.

Recientemente un informe elaborado por el prestigioso Think Tank Demos (un equipo británico de estudios) ha puesto de manifiesto hasta qué punto la democracia ya no puede darse por sentada en Europa: "Democracy can no Longer be taken for granted!". Los hachazos, los recortes y contrarreformas reaccionarias delinean un paisaje de backsliding (deterioros/retrocesos) de las libertades civiles.

No estamos hablando de Hungría (cuyas pavorosas contrarreformas constitucionales, de la mano de un Gobierno ultraconservador y ultranacionalista de la familia del PP europeo, Fidesz), ni de Rumanía o Bulgaria, como podrían suponer alguna lectura prejuiciada de lo que está pasando; pongamos que estamos hablando del Reino Unido (de la mano del Gobierno de Cameron); de lo que ha ocurrido en la Italia de Berlusconi... o en la España de Rajoy y la mayoría absoluta del PP.

El oscuro y terrorífico proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, elaborado por el Gobierno del PP, del que la opinión pública ha tenido conocimiento, perpetra una agresión sin precedentes a los derechos civiles después de haber consumado la mayor ofensiva contra los derechos sociales y de los trabajadores que se recuerda en España desde la democracia; o, lo que es decir lo mismo, desde la muerte de Franco y la posterior transición.

Lo que propone esta Ley es sancionar con multas descomunales comportamientos que no solo nuestro Código Penal no tipifica -y que los jueces, por lo tanto, nunca han considerado delito- sino que constituyen un ejercicio genuino de derechos constitucionalmente garantizados: las libertades de expresión, (que incluye la de la crítica) de reunión y de manifestación de que disfrutan todos los ciudadanos españoles.

Obviamente, la intención del PP y su mayoría absoluta es dar una vuelta de tuerca al clima de intimidación y atemorizamiento general que, con ánimo disuasorio, pretende en realidad reprimir las concreciones legítimas de disenso, protesta, oposición en la calle. Pretende acallar incluso el malestar que se ha venido incubando a causa de la exasperación de las desigualdades y de las injusticias en el reparto de sacrificios derivados de la crisis, así como del desmantelamiento de los servicios públicos que deberían dar cobertura a derechos que habían sido asumidos por la ciudadanía por su universalidad.

En definitiva, se trata de recortar y limitar la libre expresión de la protesta pacífica y la movilización ciudadana. No se trata, como se alega, de sancionar desórdenes públicos sino de suprimir todo aquello que moleste, inquiete o amenace el silencio de los corderos con el que el PP y su mayoría querrían acompañar su plan sistemático y doloso para la demolición de un modelo social con el que nunca se conformaron.

La realización del Programa máximo del PP no pasa sólo -y hay que saberlo- por la revisión en una clave reaccionaria del Estado social cuyos derechos prestacionales (educación, sanidad, servicios sociales) confía nuestro Estado Autonómico a las CCAA, sino por la revisión también, por las bravas y a la baja, del propio Título I de la Constitución (derechos fundamentales y libertades públicas). La misma Constitución con la que tanto se llenan la boca los dirigentes del PP, negándose a reformarla ni tan siquiera en aquellos puntos que más consenso suscitan.

¡La regresión contra las libertades de esta ley de Seguridad Ciudadana queda coronada por su interacción con la Ley de Tasas, que introduce barreras económicas prohibitivas contra el acceso a la Justicia de los desfavorecidos! En efecto, la Jurisdicción contencioso-administrativa exige ahora pagar para poder recurrir las multas exorbitantes que el Gobierno del PP pretende imponer a los ciudadanos que protesten. Ello causará indefensión y dejara inermes a cuantos no puedan pagar para protegerse judicialmente de los abusos y de los atropellos!

Y todo esto está pasando en España, no en Hungría ni en Rumanía. ¡En España! El Comisario Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa se ha mostrado escandalizado por estos retrocesos de las libertades en España. La subordinación de las leyes educativas, civiles y penales a la Conferencia Episcopal; la contrarreforma regresiva del Código Penal; la proyectada derogación de la actual regulación de la interrupción del embarazo; la antisocial vuelta de tuerca a la contrarreforma laboral y su acompañamiento con una amenazadora Ley de Huelga y de Servicios mínimos, la reforma unilateral y despótica del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha perpetrada con un voto de ventaja por la mayoría absoluta de Cospedal; la vuelta a la vieja retórica contra la inmigración...

Sí, todo esto, nada menos, esta pasando en la España de la mayoría absoluta del PP ¡Seamos todos conscientes de cuánto es lo que está en juego!