El derecho al olvido

Quienes me leen amablemente en la opinión del Huff saben que intento concentrarme en expandir la conciencia de lo que nos jugamos en Europa, visto el pésimo estado de cosas en que nos ha ido sumergiendo el desastroso manejo de la crisis que ha sido perpetrado por esa correlación de fuerzas conservadoras esforzada en convertir la Unión Europea en un protectorado del Bundesbank. Hundidos en el hoyo, algunos continúan cavando.

Se cumplen los peores pronósticos delineados hace tiempo para expulsar a Grecia del euro -una vez que los bancos alemanes tenedores de su deuda han ganado tiempo suficiente para su recapitalización- y para forzar a España a un rescate inexorable.

Rajoy se muestra rendido ante la inevitabilidad del Memorándum de la Troika. Reducida hasta el ridículo su anterior retórica bravucona en la UE -no sólo ante Cuba y Marruecos, por los motivos penosamente evidentes que están a la vista de todos- resta ahora que tenga el coraje de abordar un escrutinio parlamentario en España mínimamente comparable al que el Tribunal Constitucional alemán exige para que Alemania se avenga a aflojar cada euro a esos "países deudores" a los que previamente ha estigmatizado.

Pero, en esta ocasión, propongo fijar la vista en ese asunto que ha hecho correr ríos de tinta en pocos días: hablo de la estomagante apoteosis de hipocresía, maledicencia y ruindad puesta de manifiesto con ocasión del sufrimiento impunemente causado a una concejal socialista de Yébenes (Toledo), Olvido Hormigos, mediante la publicación de unas imágenes que no solamente vulneran su intimidad sino que además han sido ilícitamente intervenidas y difundidas en la red.

Me encuentro entre los representantes y responsables políticos que han expresado su apoyo a la concejala y su rechazo ante el escarnio al que se le ha querido someter desde los segmentos más oscuros de una doble moral arraigada desde siempre en una parte de nuestra sociedad.

Como jurista comprometido con los derechos fundamentales y las libertades de todas las personas, Presidente de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo (PE), deploro este execrable giro de tuerca en el encanallamiento reactivo de la vida pública. Trasluce un rebote de brutalidad e intolerancia ante un hecho que revela una violación del derecho a la intimidad personal constitutiva de delito en el Código Penal. La hipocresía se perfecciona en quienes han escrito sobre ello fingiendo "hablar de oídas" "sin haber visto las imágenes", pero aprestándose a comentarlas para abundar en el daño causado.

Pero también ha dado pie a un movimiento instintivo de solidaridad en la red.

De su mano se ha desatado una reflexión colectiva sobre la necesidad de extremar el celo en la ejemplaridad en el espacio público -exigiendo responsabilidades y, en su caso, dimisiones, cada vez que en la acción política se perjudique al erario público o a la ciudadanía-. Pero preservando, al mismo tiempo, el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la propia imagen de todas las personas, incluidas aquellas que ejercen representación política en democracia, siempre que se trate de imágenes que no hayan sido captadas en el espacio público y respondan a situaciones claramente circunscritas a la esfera personal o familiar más inviolable.

Este derecho a la intimidad de las personas no decae ante la revolución de las tecnologías de la información que caracteriza hoy a la comunicación en la red. Proteger los derechos fundamentales de las personas ante nuevas amenazas, entre las que sobresalen los vertiginosos avances de la cibernética, constituye uno de los objetivos del Programa de Estocolmo, estrategia quinquenal (2009-2014) para desarrollar el Espacio de Libertad, Igualdad y Justicia de conformidad con el Tratado de Lisboa, que incluye la entrada en vigor de una Carta Europea de Derechos Fundamentales(CDFUE). Del desarrollo de esa agenda se ocupa la Comisión Legislativa que presido en el PE: La Comisión de Libertades Públicas, Justicia y Asuntos de Interior.

Una nueva Directiva Europea de Protección de Datos Personales se encuentra actualmente en discusión en la Comisión que presido, sujeta al procedimiento legislativo ordinario que hace, por fin, del PE un órgano legislativo, el más poderoso de la historia de la UE, y, a la luz de su influencia en los Parlamentos nacionales, el más potente de Europa.

Uno de los componentes cruciales de esta nueva legislación europea sobre protección de datos consiste en garantizar de una vez, y con alcance en toda Europa, el derecho a eliminar y cancelar de la red los contenidos (imágenes, escritos, datos, publicaciones) que lesionen los derechos fundamentales de las personas. Se trata de un gran avance de la privacidad que el nuevo Derecho Europeo (que incluye la CDFUE) está obligado a proteger, máxime cuando los contenidos lesivos de esos derechos hayan sido ilícitamente obtenidos; no digamos cuando, como es el caso, esa violación sea delictiva y se halla tipificada y castigada por el Código Penal.

Irónicamente, este nuevo derecho fundamental de los europeos se llama "derecho al olvido" (The right to be forgotten).