Ucrania, aniversario de un conflicto congelado

Ucrania, aniversario de un conflicto congelado

No hay nada que celebrar en Ucrania. Cuesta creer que hace tan solo tres años la Plaza de la Independencia de Kiev congregaba a cientos de miles de personas que protestaban contra la corrupción y el declive del Estado y exigían la destitución del entonces presidente, Viktor Yanukovich, y la adhesión a la Unión Europea.

5c8ac3602000009e046fb35a

Manifestaciones en la Plaza del Maidán en Kiev (Ucrania) en diciembre de 2013.

Son varios los aniversarios cumplidos, pero no hay nada que celebrar en Ucrania. Cuesta creer que hace tan solo tres años la Plaza de la Independencia --o Maidán-- congregaba a cientos de miles de personas que protestaban contra la corrupción y el declive del Estado y exigían la destitución del entonces presidente, Viktor Yanukovich, y la adhesión a la Unión Europea.

Tras la espantada del presidente y el establecimiento de un nuevo Gobierno interino, la sublevación se trasladó a Crimea y, posteriormente, a las provincias de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, que no reconocían a la autoridad de Kiev y reclamaban un acercamiento a Rusia. Con el envío de tropas del ejército ucraniano a las regiones separatistas y la intervención de Rusia en Crimea --y su posterior anexión-- comenzaba oficialmente el periodo más doloroso de la historia reciente de Ucrania.

Tres años después, en la misma plaza de la insurgencia, miles de personas se reúnen para recordar el desastroso resultado de esta guerra sin horizontes, que ya se ha cobrado más de 10.000 vidas y ha dejado más de 22.700 heridos --según cifras de la ONU-- y que ha dejado un país virtualmente dividido y en pleno conflicto en el este.

Una crisis congelada

Tras el desarrollo de los acontecimientos, la región del Donbass se dividió en dos: una parte quedó bajo el control del Gobierno de Ucrania y la otra se autoproclamó como las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL, respectivamente). El estancamiento del conflicto refleja la poca disposición de ambos frentes para encontrar una solución dialogada, cuyas consecuencias sufre la parte más castigada en todas las guerras: la población civil. Para ellos, las cuestiones políticas o culturales tienen poca cabida. En un momento en el que la pensión media es de 45 euros mientras que el precio de la calefacción asciende a los 120 --cuando la temperatura en la zona actualmente no pasa de los -20 °C--, su mayor preocupación es el alto nivel de desempleo y la crisis económica, sobre todo en el lado ucraniano.

Desde el pasado mes de enero, el recrudecimiento de los enfrentamientos en la ciudad de Avdéyevka (Donetsk) ha dañado las redes de suministro eléctrico y de abastecimiento de agua, lo que ha dejado a más de 17.000 personas --entre ellas unos 2.500 menores-- sin agua, calefacción ni electricidad, según las últimas cifras aportadas por Unicef.

El final de este conflicto no parece cercano mientras la venganza y las culpas mutuas sigan disparándose entre las trincheras.

Sin embargo, no todas las partes sufren las mismas consecuencias en esta guerra. Las empresas que no han sido destruidas por los combates siguen operando exportando sus productos a Rusia, desde donde, a su vez, se importan a otros países, entre ellos Ucrania. Es el caso de la compañía DTEK, propiedad del oligarca ucraniano Rinat Ahmetov. La fábrica, con sede en Avdéyevka, es la mayor productora de coque --un combustible obtenido de la calcinación seca del carbón mineral-- de Europa; además, DTEK es propietaria del 70% de las centrales termoeléctricas, que producen aproximadamente la mitad de la energía que necesita toda Ucrania.

Mientras tanto, la Rada --Parlamento ucraniano-- denuncia un bloqueo económico por parte de la RPD y la RPL, motivo por el que el Gobierno de Petró Poroshenko ha congelado el envío de fondos públicos para mantener escuelas y hospitales públicos, ha suspendido el pago de pensiones y ha bloqueado el circuito bancario en los territorios controlados por los separatistas. Esta decisión contradice las medidas adoptadas en el acuerdo de Minsk II, celebrado el 15 de febrero de 2015, con el objetivo de llegar a acuerdos para poner fin a la guerra en el este del país. Por su parte, las autoridades ucranianas argumentan que, en realidad, no existe tal bloqueo, sino que se les pide a los ciudadanos ir a cobrar el dinero a las ciudades cercanas bajo control del Gobierno de Kiev.

El amparo del gran oso

Ante esta realidad, tras más de mil días de guerra congelada, muchos ciudadanos optan por marchar a Rusia en busca de mejores condiciones de vida. Pero el apoyo definitivo llegó desde el Kremlin hace escasos días. El pasado 18 de febrero el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó una orden que admite la legalidad de los documentos de identidad de los ciudadanos que viven en la RPD y la RPL. No obstante, como indica el documento, esta admisión no supone el reconocimiento de facto de las repúblicas, y precisa que se trata de una medida "provisional" que se mantendrá en vigor hasta que se cumplan los acuerdos de Minsk II.

Según la nota oficial del Kremlin, el objetivo del nuevo decreto es "defender los derechos y libertades de las personas y ciudadanos guiándose por los principios y normas internacionales del Derecho humanitario universalmente aceptados". Para algunos analistas, este paso es una demostración del poder blando que Rusia --aunque no solo ella-- ejerce dentro de la estrategia de una "guerra híbrida".

Tanto Kiev como Moscú están intentando aprovechar el resurgir de la guerra en el este de Ucrania a tenor de la nueva presidencia de Estados Unidos. Durante la celebración de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, afirmó que Washington exigirá a Rusia que vele por el cumplimiento de los acuerdos de Minsk II. El Gobierno de Donald Trump asegura estar trabajando en un proyecto de paz para ambas partes según el cual se eliminarían las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia a cambio de que esta retire del territorio ucraniano sus tropas --que el Kremlin no reconoce como fuerzas propias, sino como "voluntarios", como tampoco reconoce los supuestos envíos de armas y municiones--. Además, el plan de paz contemplaría la decisión de Ucrania mediante referéndum sobre la cesión por un intervalo de medio siglo a un siglo de la península de Crimea, un territorio que Rusia no está dispuesto a devolver.

A pesar de cualquier amago de solución diplomática o intento de alto el fuego, el final de este conflicto no parece cercano mientras la venganza y las culpas mutuas sigan disparándose entre las trincheras. Y el interés por controlar las tensiones por parte de otros actores internacionales, según interese en el momento, tampoco ayudará a poner fin a esta serie de tristes aniversarios.

La autora forma parte del grupo El orden Mundial