¿Antivacunas o ultraortodoxia vacunal?
Algo estamos haciendo mal. Quizás escribir este artículo también esté mal, pero creo que no me puedo situar junto a los necios antivacunas, pero tampoco al lado de los que se tapan los ojos y, envueltos en la bandera del laboratorio fabricante, pregonan las bondades a ciegas y exigen la horca para quien no se vacune.
A día de hoy, es un debate estéril el de si las vacunas sí o las vacunas no. Para mí, como pediatra, está claro: vacunas SÍ. Lo digo públicamente, e incluso lo he grabado para que no haya dudas.
Es absurdo el debate público entre antivacunas y ultraortodoxos vacunales. Creo que es un tema de ciencia, y que en esos términos científicos se debería quedar, para que una vez esté claro, se le ofrezca ya masticadito a las autoridades económicas y políticas.
La población debe conocer que las vacunas han salvado muchas vidas infantiles desde que fueron inventadas, que las vacunaciones han erradicado gravísimas lacras como la viruela, y que están a punto de hacerlo con la polio y podrían hacerlo también con otras si las campañas fueran las adecuadas a nivel mundial. La seguridad de las vacunas está demostrada con miles de estudios y práctica de años. Sabemos que cualquier medicamento tiene sus efectos secundarios, y que hay que ponerlos en la balanza del riesgo-beneficio. Tomar un paracetamol puede ser mortal en algún caso, y por eso no dejaremos de tomarlo para el dolor de muelas o de cabeza. Estadísticamente es más fácil que te toque la primitiva dos semanas seguidas a que te dé una reacción grave por una vacuna, pero hay gente a la que le toca muchas veces la lotería.
Las vacunas sistémicas (sarampión, polio, difteria, etc.) son y deberían ser universalmente proporcionadas a la población por la salud pública o por ONGs de ayuda. Deberían llegar a todos los rincones del mundo, aceptadas por todos, incluso por modernos y pijo-naturalistas.
¿Natural?... Lo natural es morirse a los treinta y cinco o cuarenta años, como ocurría a finales del siglo diecinueve o principios del veinte. O tener una tasa de mortalidad infantil superior al cincuenta por ciento. Eso es lo que la naturaleza nos depara, pero gracias a las medidas de higiene y preventivas hemos conseguido superar los ochenta años de esperanza de vida y llevarla con dignidad y salud.
¿Por qué entonces tanto debate y por qué la creciente ola de negación de lo evidente? ¿Qué imagen estamos dando? ¿Por qué la población desconfía?
Debemos asumir, los que estamos a favor, que algo mal estamos haciendo cuando al menos no sabemos transmitir de una forma clara y tajante lo que los estudios científicos dicen. No es buena política, aunque esté de moda en este Gobierno, tapar los problemas (según ellos, no hay corrupción, no hay deterioro de las instituciones, no hay un afán por corromper lo público para ofrecérselo a la empresa privada de amiguetes y familiares). De igual manera, no podemos obviar que hay vacunas con escasa eficacia y obsolescencia programada, como la de la gripe, que según se ha publicado recientemente, llega, como mucho, al cincuenta y siete por ciento de efectividad. Además, sólo funciona tres o cuatro meses, teniendo los pacientes que revacunarse en todas las campañas anuales.
Luego está la de la tosferina, en la que hay que multiplicar las dosis y aun así no llega a la edad adulta, por lo que hay que revacunar a las embarazadas para que algo le llegue al bebé. Pero como no está disponible sola, en el tercer trimestre de embarazo se pone combinada con tétanos y difteria. Se puede poner, no hay problema. Pero si no hace falta realmente, ¿para qué se hace?
Es cierto que la imagen de las sociedades científicas pediátricas no es la más adecuada, siempre entrelazadas con marcas comerciales y con poca o nula claridad y transparencia. Si no hay investigación pública en vacunas, bien, aceptémoslo, deberá ser la empresa farmacéutica la que investigue, y lo hará por intereses económicos acordes a sus accionistas, es evidente, pero es necesaria la claridad. Exija al Ministerio y a Salud Pública una relación más pareja y no servil con la industria. Que la industria saca una vacuna para el cáncer de cuello de útero con una prevalencia baja o muy baja en la población..., bien, es interesante, pero de ahí a caer en sus brazos y financiar con miles de millones el estudio poblacional para ver si dentro de veinte años es útil o no, me parece abrumador. Que la industria saca la vacuna de la meningitis B -que es la nacional, la nuestra, más que la C, que es de la que se vacunaba hasta ahora y era más sajona-, bien, muy bien..., pero negociemos y consigamos precios más bajos, como hicieron Inglaterra y otros países, no actuar como en épocas de la ley seca, confinando el medicamento en hospitales para contados casos y abocando a las madres preocupadas al contrabando en países cercanos como Portugal o Andorra, que tiene precios más bajos y disponible en sus farmacias.
También están los casos de vacunas como la de la varicela o el neumococo, que ahora la pongo, ahora la quito, según el Gobierno, la Comunidad Autónoma o la crisis predominante, creando inseguridad y dudas entre madres; y lo peor, entre profesionales también. Por cierto, a ver qué pasa ahora que hay campaña electoral a la vuelta de la esquina. En Madrid, por ejemplo, ahora se han decidido a poner la varicela. En otros lugares tendrán que esperar tiempos mejores.
Algo estamos haciendo mal. Quizás escribir este artículo también esté mal, pero creo que no me puedo situar junto a los necios antivacunas, aunque tampoco al lado de los que se tapan los ojos y, envueltos en la bandera del laboratorio fabricante, pregonan las bondades a ciegas y exigen la horca para quien no se vacune.
Soy científico y amante de lo público. O como tal me considero, curioso y crítico. Creo que puedo hablar de ciencia con cualquiera. Hablemos, negociemos, mejoremos lo que tenemos, no nos cerremos a mejorar, hagamos crítica de lo que podamos estar haciendo mal, exijamos como población que para nuestros hijos siempre haya de lo mejor, calendario único universal y gratuito de la mejor calidad. Exijamos a nuestras autoridades transparencia y criterios de salud pública, no económicos o electorales.