Constitución, igualdad real y buen gobierno

Hace exactamente un mes, el 6 de noviembre de 2012, celebrábamos con alegría una sentencia que desde hacía muchos años esperábamos. El Tribunal Constitucional, por amplia mayoría, despejó las pocas dudas que quedaban: El matrimonio entre personas del mismo sexo es perfectamente constitucional, al igual que lo es la adopción que se pueda llevar a cabo en el seno de esa relación conyugal por ambos cónyuges del mismo sexo.

En este sentido, la sociedad española mayoritariamente no tenía ninguna duda de la constitucionalidad de extender el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo ya solo faltaba la sentencia del Alto Tribunal.

El matrimonio igualitario es constitucional -según el TC- porque su reconocimiento por el legislador no distorsiona el régimen jurídico del mismo y, en consecuencia, la imagen jurídica que la sociedad se va forjando de él. Es decir, que la sociedad española, a día de hoy, tal y como demuestran los sondeos de opinión, de manera muy amplia, reconoce que la institución matrimonial se puede abrir a las parejas del mismo sexo sin que eso suponga poner en cuestión la idea que socialmente se tiene del matrimonio. Y precisamente por esa razón es posible que el legislador democrático haya reconocido la posibilidad de ejercer conjuntamente este derecho a las personas del mismo sexo.

Por lo que se refiere a la adopción de menores por parejas del mismo sexo, el TC sostiene con convicción que el mandato de protección a la familia, en general, y de los hijos, en particular (art. 39.1 y 2 CE) no queda incumplido por la opción que realiza el legislador, pues los mecanismos legalmente previstos para garantizar la efectividad de ese mandato quedan incólumes, a fin de garantizar la idoneidad de las o los adoptantes.

La importancia de este pronunciamiento del TC adquiere de nuevo plena relevancia y actualidad en un día como el de hoy, 6 de diciembre de 2012, en el que celebramos el trigésimo cuarto aniversario de nuestra Constitución. Una Constitución que, hoy más que nunca, podemos decir que es, efectivamente, nuestra, en tanto que, por fin, se ha reconocido por su máximo intérprete, el Tribunal Constitucional, que la misma también reconoce y ampara la plena validez y vigencia de nuestros derechos, los derechos de las lesbianas, gais, transexuales y bisexuales.

La dignidad humana, a la que con tanta perseverancia apelamos siempre que tenemos ocasión, no es más que una mera declaración de buenas intenciones si no viene acompañada del reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales que constituyen el contenido de la misma. Dicho de manera más clara: Si hablamos de orientación sexual o identidad de género, una persona homosexual, bisexual o transexual no puede llevar una vida digna si no tiene reconocidos todos los derechos que se reconocen a una persona heterosexual o cisexual (persona no transexual). Cuando la diferencia es solo esta, y una vez que está admitido que la orientación sexual o identidad de género no puede ser motivo de discriminación alguna, carece de sentido utilizar esa diferenciación para otorgar o denegar ciertos derechos.

Si la homosexualidad, la bisexualidad o la transexualidad son manifestaciones de la diversidad sexual tan válidas como lo son la heterosexualidad o la cisexualidad no debería establecerse ninguna diferenciación entre las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en relación con las personas heterosexuales y cisexuales. Y menos aún en materia de derechos fundamentales. Es una cuestión de dignidad. De dignidad humana.

Por otra parte, hoy tenemos que alertar de la oportunidad perdida en el reconocimiento de la dignidad de las personas transexuales. Así, si bien las personas transexuales ya no son consideradas enfermas mentales en la nueva edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, comúnmente conocido como la "biblia" de la psiquiatría, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, sí se incluye el diagnóstico de "disforia de género", ignorándose las mayoritarias demandas de despatologización de la transexualidad.

En estos tiempos aciagos, de crisis económica brutal, recortes acusados de derechos sociales e individuales, desmantelamiento creciente del estado del bienestar, cotas muy dolorosas de desempleo, conflictividad territorial agravada, etc., etc., tendremos que seguir peleando por la dignidad de las personas transexuales.

Como miembros de un colectivo que ha conocido, como pocos, lo que significa el sufrimiento que provoca la marginación, la exclusión social, la discriminación en sus muy diferentes rostros, e, incluso, la agresión, física o verbal, y la muerte en su peor versión (el suicidio a que lleva la desesperanza y el asesinato provocado por el odio), primero, queremos, como siempre hemos hecho, lanzar un mensaje de solidaridad con todas y todos aquellos conciudadanos que en estos momentos lo están pasando mal como consecuencia de los males denunciados más arriba; y, en segundo término, queremos también proclamar nuestra alegría en un día como este, porque hoy más que nunca sentimos como propia esta Constitución que es de todas y todos, y no patrimonio de nadie.

Para nuestro colectivo comienza ahora una nueva etapa, que ineludiblemente ha de estar orientada hacia la consecución de un objetivo final: la igualdad real. En el último congreso de COGAM (Colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de Madrid), celebrado hace escasas tres semanas, nuestro lema no dejaba lugar a dudas: "IGUALDAD REAL YA". Porque todavía queda mucho por hacer hasta conseguir que ser lesbiana, gay, transexual o bisexual no signifique nada sustancialmente diferente que ser heterosexual o cisexual. En ese camino nos seguiremos encontrando. Y para ello estamos convencidos de que podremos seguir contando con el apoyo de todas y todos aquellos que creen y practican la igualdad.

También nos gustaría que el Gobierno de turno, máximo responsable de la dirección política de un país, asumiera como propia esta lucha a favor de la igualdad. Desde luego, el Gobierno actual del Presidente Rajoy tiene una buena ocasión para demostrarnos que, por fin, apuesta por ella. Sin embargo, esta esperanza, lamentablemente, se ha vuelto a ver frustrada estos días, con el anuncio hecho por el Ministro de Educación, el Sr. Wert, acerca de la supresión de la asignatura Educación para la ciudadanía.

Un buen Gobierno es aquel que, entre otras cosas, no se empecina en el error. Y el peor error que puede cometer un Gobierno es ir en contra de la igualdad real y efectiva, y de los medios que ayudan a su consecución, porque de hacerlo estaría incumpliendo el mandato que a todos los poderes públicos dirige el art. 9.2 de la Constitución: "Remover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas". Constitución, igualdad real y buen gobierno deberían ir siempre de la mano. No conviene empecinarse en el error.

Agustín López Lozano y Antonio Arroyo Gil son, respectivamente, presidente y coordinador del Grupo de Derechos Humanos de COGAM