Pacto nacional en la corrupción

Parece que PP y PSOE están diseñando un pacto para luchar contra la corrupción política. Después de lo que ha caído, suena, en todo caso, a algo que llega con mucho retraso y que se realiza obligadamente por la ya insoportable presión de las circunstancias. No es de extrañar la extensa sospecha y aún más amplio escepticismo con que pudiera nacer este pacto, si es que finalmente se da, ya que se trata de los dos partidos que acumulan más casos de corrupción. No porque estos partidos sean esencialmente corruptos o porque sus militantes sean particularmente malvados, sino por la mecánica razón de que son las organizaciones políticas que han dispuesto de más poder y, por lo tanto, de mayores y más diversas tentaciones. ¿Unos partidos sobre los que existe la fundada creencia de que viven financieramente sobre la corrupción pueden combatir contra lo que los sostiene? Hay que tener en cuenta que buena parte de la corrupción vinculada a la actuación de ciertas personas deriva de los agujeros negros contables que se construyen para financiar el funcionamiento diario de los partidos políticos y de sus campañas electorales. Una vez que se abre un agujero negro en la financiación, los fluidos opacos tienden a imponerse a los transparentes, como si se tratara de una ley de la física (social) más. Es por ello que, más que un pacto contra la corrupción, parece un pacto en la corrupción.

No obstante, seamos optimistas y pensemos que se ha tomado nota y que se van a tomar en serio la lucha contra la corrupción, lo que conllevaría la necesidad de enfrentarse también a la Ley de Partidos para revisar la financiación de éstos y la determinación de tipos de infracción sobre los que caerían las correspondientes sanciones institucionales, incluyendo las sanciones sobre los propios partidos; además de las sanciones penales, sobre lo que ya hay normas de sobra, pues el problema no es de falta de normas sino de capacidad para aplicarlas cuando los propios partidos políticos se convierten en encubridores. Seamos muy optimistas, pero la imagen del zorro que se "compromete" a no volver a entrar en el gallinero se cuela fácilmente en nuestras representaciones. Además, no hacer nada sería aún peor.

En nuestro país, el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid ha puesto de manifiesto una especie de pacto en la corrupción por el que todos los que tienen representación política se callan y todos se benefician. A costa de la sociedad que paga sus impuestos. Pero esta propia sociedad que ahora se muestra enormemente airada con casi absoluta razón haría mal en no mirarse a sí misma y, por el contrario y valga la paradoja, en ensimismarse con sus muestras de indignación representadas en pequeñas o grandes protestas en la calle o incluso en la representación que hacen los medios de comunicación de tal indignación: en sus portadas, en sus titulares, en los programas de debate, en esas entrevistas recogidas en la calle, etc. Es esta misma sociedad que, tras conocer los casos de corrupción en su pueblo o ciudad, su comunidad autónoma o incluso el Gobierno o la Administración Central, ha seguido votando a los mismos partidos políticos, incluso a los mismos líderes políticos que, como mínimo, se encontraban bajo sospecha. Las justificaciones de un comportamiento electoral que termina apoyando a los corruptos las conocemos todos: "Mejor seguir con los mismos, por lo menos se lo han llevado ya, y no que vengan otros, que empiecen de cero a llevárselo todo", "todos roban, pero al menos éste ha hecho algo", etc. Diversos estudios han mostrado cómo se ha seguido votando al mismo partido que gobernaba bajo la acusación, incluso judicializada, de corrupción. ¿No puede interpretarse esto como una complicidad de la propia sociedad?

En la película Relatos Salvajes, uno de los episodios condensa una especie de gran pacto entre agentes y clases sociales en la corrupción. Un pacto cuya descripción concreta se ubica en la actual Argentina pero que tiene su proyección en muchos otros países. El hijo-niñato de una familia de clase media-alta atropella mortalmente a una mujer embarazada. Se da a la fuga buscando protección en su propia familia y ésta, a su vez, en el abogado de la empresa de la que se supone que es propietaria. El abogado plantea como estrategia un primer pacto: el jardinero de la casa se confiesa culpable, a cambio de una alta compensación para él y su familia. El representante de las clases populares, el jardinero, acepta, aunque irá pidiendo mayores compensaciones según ve que el pastel de los otros es mucho mayor que el suyo, que es quien sufre directamente las peores consecuencias del pacto. Este primer pacto resulta una chapuza porque no incluye a las instituciones, personalizadas en la figura del fiscal. Por ello, se alcanza un segundo pacto en el que están las instituciones (fiscal), clases medias (culpables reales del acontecimiento desencadenante y pagadoras-financiadoras), sistema experto (abogado) y clases populares (jardinero). Un pacto que está a punto de saltar por desacuerdos en las cantidades, quedando a un lado toda referencia a la ética. No cuento más, que acaban de estrenar la película. Pero se condensa el gran pacto nacional en la corrupción, en el que hay ganadores y perdedores. Si no han visto la película: adivinen quiénes son unos y otros.