De la 'alarma social' a la 'presión social'

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La justificación de determinadas decisiones políticas, judiciales o en cualquier ámbito de la esfera pública puede agarrarse a extraños muñecos conceptuales. Durante mucho tiempo fue la alarma social. De hecho, sigue siendo una habitual válvula de escape justificatorio para determinadas decisiones.

Que sepa, nadie ha tocado la alarma social, ni ha escuchado su zumbido. Ni siquiera se ha definido. Ahora bien, ha servido para acciones legisladoras destinadas a reprimir con mayor fuerza institucional ciertas acciones. Asimismo, hay cientos de actos judiciales con amplia repercusión que se han tomado alegando la alarma social. Por ejemplo, negar la libertad condicional a un famoso personaje en España por la alarma social que crearía su evasión. Por cierto, no quiero recordar esos mafiosos extranjeros que se han ido de rositas, a pesar de que sobre ellos pesaban importantes imputaciones. Eso sí que produjo alarma social. O no, porque al fin y al cabo, no se sabe lo que es. Significa, como diría el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, lo que yo quiero que signifique. Bueno, es lo que decía el conejo sobre el poder en una maravillosa construcción en la que lo definido escapa, en un juego de espejos, al acto de definir. Un fragmento que es uno de los monumentos de la literatura.

Ahora, con la denominada crisis de los refugiados en Europa, el concepto es el de presión social. Se dice que los gobernantes europeos, desde Cameron a Rajoy, han cambiado sus políticas en este tema por la presión social. ¿Cómo se ha llegado a tal conclusión? ¿Dónde ha estado esa presión social? No ha habido manifestaciones llenando las avenidas de las grandes ciudades. La referencia más cercana, tal vez sustitutiva de esos recorridos callejeros, ha sido el movimiento en Twitter. No digo que sea un error, pero la justificación de las redes sociales puede servir para esto o para otras decisiones. De hecho, se tiene la sensación de que el movimiento en las redes sociales ha sustituido a los movimientos sociales en sentido estricto. El movimiento se demuestra en las redes sociales. Pero también puede justificar decisiones de todo tipo.

Lo que más me ha llamado la atención en este tira y afloja de los gobernantes europeos es que el argumento principal ha sido la presión ciudadana, una especie de la sociedad lo quiere, con, además, escasos registros objetivos de tal deseo de la sociedad. Sin embargo, casi han brillado por su ausencia principios tan fundamentales -cuya concreción uno diría que nos constituye en sociedad desarrollada- como el Derecho o la Justicia. A lo sumo, se ha apelado a la tradicional solidaridad europea, de manera que, así, encima, nos premiamos con una buena imagen de nosotros mismos, como si no fuese una obligación como seres humanos, algo que nuestro proceso civilizatorio había convertido en ley. Sin embargo, pocas voces desde la política se han erigido de manera determinante diciendo que una política generosa de acogida es su política, por estar enraizada en valores irrenunciables.

Puede admitirse que poner oídos a tal presión social, sea lo que sea, tiene un halo democrático, de sensibilidad democrática, frente a la imposición doctrinaria o autista. De acuerdo. El problema es que, como de hecho se hace, se pueden justificar decisiones contrarias de la misma manera. Se pueden justificar políticas xenófobas y otras políticas limitadoras de derechos confiando la democracia a lo que también podría considerarse demagogía populista.

De todo esto sabe mucho el Derecho Penal en general y el nuestro en particular. España es uno de los países en los que más ha aumentado la firmeza y la extensión de los castigos contra el delito, asistiendo asimismo a una continua expansión del propio Derecho Penal.

Comportamientos que antes estaban penados son ahora castigados con mayor fuerza por la sociedad, con penas más largas, bajo la justificación de la alarma social que producen. De la misma manera, comportamientos que antes no estaban contemplados por el Derecho Penal, ahora lo están. Y se ha hecho bajo la justificación de democracia, atendiendo al supuesto deseo y sensibilidad de la ciudadanía. Todo ello, cuando los registros de denuncias y victimización no han mostrado aumento significativo durante estos últimos años.

¿Dónde cobran vida estos guiñapos conceptuales? La cosa tiene bastante de paradoja, ya que tanto la alarma social como la presión social se toman como sustitutos de la opinión pública. Pero es la opinión pública producida por los medios de comunicación. Por lo tanto, y de ahí lo paradójico, es la opinión pública publicada. Y así se va preparando el camino hacia las decisiones. Se construye e impone como opinión pública lo que es opinión publicada, utilizando las más diversas tácticas.

Ahora bien, ¿por qué han de presentarse las decisiones como deseos de los ciudadanos, de manera que la mejor decisión es directamente la decisión que más les gusta a los votantes? ¿Se puede hacer siempre y de forma automática la identificación entre lo más justo y lo más apoyado? ¿No es eso más una lógica del mercado que de la justicia o del orden social? Claro que para quienes defienden que la lógica del mercado es lo que ha de imperar y que ha de mandar lo más demandado, no hay vuelta de hoja. Pero puede ser una lógica perversa trasladada, sin más, a la política. De hecho, todos somos conscientes de cómo opciones autoriatarias y profundamente antidemocráticas llegaron al poder a través de los votos de los ciudadanos.

Cuando los ciudadanos tienden a comportarse como clientes y los gobernantes como satisfactores de demanda, sin tener en cuenta la sostenibilidad de tal demanda ni sus consecuencias, o sin abrir espacios de debate y ventanas para la razón, los políticos parecen guiarse con el solo fin de sostenerse en el poder. Esto se hace peligroso. Tal vez tan peligroso como su opuesto, decisiones sin ningún tipo de democracia o escucha de la ciudadanos. Así, nuevos fenómenos vuelven a poner sobre la mesa viejos debates sobre qué es la democracia. Desde mi modesta opinión, creo que los políticos están para convencer, para proponer líneas de actuación política diferenciadas a sus ciudadanos. Reduciéndose a hacerse eco de los resultados de los estudios de marketing político que les dicen los que quieren las mayorías, terminan confeccionando programas que son iguales a los de otros. Son esos políticos que dicen sí a todo lo que les plantean directamente los ciudadanos o a través de los medios de comunicación. Eso, aunque recojan propuestas contradictorias, porque de lo que se trata es de tener contentos a todos. Algo que, por definición, es imposible en política, aunque se crea posible en el mercado de bienes de consumo.