La libertad de prensa según la entiende el monopolio mediático argentino

Un artículo reciente de la revista New Yorker describe la sorprendente campaña para gobernador de Upton Sinclair en California y cómo fue derrotado en gran medida por la "fábrica de mentiras" llevada adelante por el consultor político de su opositor. Notablemente, el diario Los Angeles Times publicaba todos los días citas negativas de Sinclair -muchas veces tomadas de personajes de sus novelas, vituperando el hecho de que el candidato creyera en el matrimonio y otros baluartes sociales.

El artículo de marras, escrito por Jill Lepore, describe más adelante cómo los lobbistas de la asociación American Medical Association convencieron al pueblo estadounidense de que la propuesta de Truman de un plan de seguro de salud financiado con fondos federales representaba una "medicina socializada", un temor que resuena hasta el día de hoy.

Más recientemente, en el 2010, el veinte por ciento de los ciudadanos estadounidenses seguía pensando que Barack Obama había nacido fuera del país. Sólo el 48 por ciento pensaba que había nacido en Hawaii, como surge de su partida de nacimiento. Mientras tanto, Jon Stewart hizo toda una carrera basada en parodiar la tergiversación de los hechos por parte de los medios, mostrando a su público que la "objetividad de los medios" suele ser una mera ficción. Lamentablemente, las variadas agendas de las corporaciones mediáticas suelen responder a intereses que se apartan de mantener al público informado sobre cuestiones serias. Ser un ciudadano informado en el siglo XXI implica realizar un análisis de los medios así como de la política. O, más bien, comprender la política de la cobertura de los medios.

En la Argentina, hay varios intereses en juego. Todos los días de la semana, los titulares de los diarios esgrimen el argumento de que la democracia argentina se ha convertido en un Gobierno autocrático menopáusico -a pesar de todas las pruebas que existen en contrario-. En un país en donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue reelegida hace un año con el 54 por ciento de los votos, en donde el Congreso debate las propuestas presidenciales con vehemencia y en donde los manifestantes se reúnen libremente para exigir controles menos exhaustivos de sus declaraciones impositivas, se nos advierte a diario que nuestra libertad está menguando. A nivel más general, los medios de la corriente principal le agregan un matiz constantemente negativo a todos los aspectos del Gobierno, lo cual incluye un menosprecio sin fin por la capacidad de liderazgo de una mujer. Los comentaristas se erigen en psicoanalistas populares de la presidenta Kirchner, vinculando su vida personal a decisiones políticas. Recientemente se mostró en la tapa de una revista semanal una caricatura de la presidenta en pleno orgasmo (compárese esto con la polémica que se desató en torno a la tapa satírica de la revista New Yorker en la cual se lo vio a Obama posando con un atuendo musulmán y chocando puños con su esposa, que aparece con un peinado afro y portando armas).

Lo que suele faltar en el discurso de los medios de la corriente principal es la visión opuesta: ¿quién se beneficia con esta visión del Gobierno de Kirchner? Aquellos cuyos intereses económicos se ven negativamente afectados por sus políticas. No hace falta ahondar demasiado para dilucidar el quid de la cuestión: una ley debatida a nivel nacional y aprobada por el Congreso en el 2009 creó un nuevo marco para los medios de difusión. Incorpora las mejores prácticas internacionales, asegurando frecuencias para los medios de las comunidades y locales, y garantiza asimismo una pluralidad de voces. Las organizaciones sociales y los grupos indígenas reciben apoyo para garantizar que se escuchen sus voces conforme a la nueva ley, mientras que se promueve el contenido de producción nacional, como en Francia y Brasil. En los tres años transcurridos desde la sanción de la ley, las pequeñas empresas de cable han producido más de 2.800 horas de contenido, lo cual generó 6.000 puestos de trabajo en distintas partes del país.

Desde la vuelta a la democracia, como hijo de un periodista perseguido y personalmente como miembro de esa profesión, me sumé al clamor por una ley de medios democrática que reemplace la norma de la dictadura diseñada por un Gobierno sin ningún afecto por el derecho a la información. Noventa periodistas, entre 30.000 argentinos, desaparecieron durante el período más sangriento de nuestra historia.

Los criterios de la nueva ley sobre la distribución del espectro radioeléctrico se encuentran en línea con los principios internacionales más actuales y contaron con el reconocimiento público de Frank La Rue, Relator Especial sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas, durante su visita a la Argentina en julio de 2009. Los defensores más destacados de la libertad de prensa apoyaron el proceso de dos años que culminó con la elaboración del proyecto de ley, así como muchos de los partidos de izquierda de la oposición que, después de participar del debate en el recinto, propusieron la inclusión de varias enmiendas que llevaron a contar con su apoyo al proyecto de ley presentado por el Gobierno.

No obstante, la ley también actúa de forma incisiva para limitar los monopolios mediáticos, los cuales tienen el efecto de homogeneizar las opiniones que aparecen en los principales medios. La lógica es muy similar en los Estados Unidos, donde la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) limita la participación en el mercado de toda empresa de medios (incluida la restricción de la propiedad cruzada de medios gráficos, radio y televisión). En términos prácticos, en la Argentina el nuevo proyecto de ley choca directamente con un conglomerado de medios existente -el Grupo Clarín- que domina claramente el espectro de la comunicación. Transcurridos ya tres años desde la aprobación de la ley, que aún no ha sido plenamente implementada, su sanción ha dado lugar a la confrontación más punzante que haya existido entre un Gobierno y una parte de los medios en un país acostumbrado a polarizar los debates.

La historia del ascenso del Grupo Clarín explica por sí sola la necesidad de normas antimonopolio en el sector de los medios como regla general para combatir la amenaza representada por las empresas con capacidad de manipular el proceso de toma de decisiones del Gobierno. En 1977, con la ayuda de la Junta Militar, el diario Clarín adquirió la empresa Papel Prensa en un caso que aún debe ser resuelto por los tribunales argentinos debido a presturas torturas practicadas contra el dueño anterior en relación con el acuerdo de venta. Desde entonces, Papel Prensa ha sido el único productor nacional de papel de diario.

Esta superpotencia de las comunicaciones, incluso en su ponzoñosa etapa inicial, tuvo entre sus victimas al padre de la democracia argentina moderna. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989), inmediatamente después de la dictadura, Clarín dio comienzo a su esfuerzo por expandirse hacia la radio y la televisión. Como era de esperar, Alfonsín criticó duramente a Clarín en un discurso famoso de 1987, pero fue incapaz de detener el proceso de adquisición de su primera estación de radio, Radio Mitre. Después de la derogación de una ley que prohibía a los diarios controlar otros medios de comunicación masiva, en 1990 Clarín compró uno de los tres principales canales de televisión, Canal 13, y también agregó una estación de radio FM. Ya en 1997, Radio Mitre era la estación más grande de la Argentina. Al año siguiente, adquirió una empresa de televisión por cable recién constituida, Multicanal S.A., y en 1993 creó el primer canal de noticias de la Argentina. Junto con otro diario, La Nación, adquirió dos grandes diarios provinciales, Los Andes de Mendoza y La Voz del Interior de Córdoba. En 1998, el Grupo Clarín llegaba a tres de cada cuatro hogares argentinos. Su diario epónimo tenía la mayor tirada del mundo hispano y el Grupo contaba con el sistema de cable más grande de América Latina.

La reacción ante la ley antimonopolio llegó en muchas ocasiones a los Estados Unidos, mediante la representación corporativa como un caso de "libertad de prensa" o bien mediante lobby directo en el congreso estadounidense pagado por Clarín. Lo sorprendente es que tal conglomerado de medios de comunicación, que incluye el diario principal, la segunda estación de radio y televisión más importante, cientos de canales de cable y la única productora de papel de diario, nunca sería posible en los Estado Unidos.

Por lo tanto, el corolario silencioso de la campaña de deslegitimación contra Cristina Kirchner nos dice que si la presidenta electa argentina no es una presidenta democrática, entonces, quizás, sus opositores tendrían razón en recurrir a medidas ajenas a los procedimientos democráticos. Dado que no es vencida en las urnas, es vilipendiada a diario en el noticiero de la mañana, del mediodía y de la noche. Pero las acciones de los medios hablan más que sus palabras: es difícil imaginar cualquier otro país en el que supuestas restricciones a la libertad de prensa provoquen años de tapas de diarios virulentas, programas de televisión críticos y programas de radio mordaces con una falta total de represalias oficiales significativas. Ojalá todos los autócratas permitieran tal plétora de opiniones negativas.

Héctor Timerman es el Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina y ex Embajador argentino en los Estados Unidos. Se graduó de la Universidad de Columbia y es el cofundador de Americas Watch.

Artículo originalmente publicado en Voces, de The Huffington Post.

TRADUCCIÓN DEL INGLÉS. Buenos Aires, 10 de octubre de 2012.