La UE decide impulsar el retorno de migrantes y dar más dinero para proteger sus fronteras

La Unión Europea acordó esta pasada noche tomar medidas para acelerar las devoluciones de migrantes irregulares -hoy sólo el 21 % de las órdenes de expulsión son ejecutadas- y destinar más fondos para proteger las fronteras exteriores.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó en rueda de prensa al término de la reunión la necesidad de que los países se mantengan "unidos" para lograr resultados.

Explicó además las dos líneas que va a trabajar la UE: por un lado avanzando hacia el Pacto europeo de Migración y Asilo, que se negocia desde hace dos años y medio, y por otro con medidas operativas "que se pueden adoptar ahora".

"Identificamos un paquete de medidas sobre las que trabajar de manera que podamos encontrar una forma de control y gestión del flujo migratorio", señaló por su parte el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

La migración se puso en la agenda de la cumbre coincidiendo con el aumento de los flujos migratorios a través de la ruta de los Balcanes Occidentales y del Mediterráneo Central.

A ese aumento de las llegadas se suma la situación límite en la que se encuentran los sistemas de acogida de muchos Estados miembros, como Bélgica o Países Bajos, tras haber recibido la UE a más de cuatro millones de refugiados de Ucrania en solo un año.

Otro factor que preocupa, sobre todo a los países del Este, es que se vuelva a producir una instrumentalización de migrantes como la ocurrida en 2021, cuando Bielorrusia facilitó el traslado de miles de ciudadanos sirios, afganos e iraquíes hasta las fronteras europeas para tratar de desestabilizar a la UE.

Por ahora, lo urgente

Por esos motivos, los líderes de la UE aprobaron unas conclusiones que animan a adoptar medidas operativas para avanzar en los asuntos más urgentes, mientras se sigue negociando el Pacto europeo de Migración y Asilo, que se quiere cerrar para 2024.

Las conclusiones inciden en la llamada "dimensión externa" de la migración, el aspecto donde hay más consenso a nivel europeo, que pasa por la protección de las fronteras exteriores, la devolución de quienes no tienen derecho a pedir protección internacional y la cooperación con los países de origen.

Entre otros elementos, piden a la Comisión que "financie medidas de los Estados miembros que contribuyan directamente al control de las fronteras exteriores de la Unión, como los proyectos piloto de gestión de fronteras, así como a la mejora del control fronterizo en países clave en las rutas de tránsito hacia la UE". También instan a Bruselas a movilizar "inmediatamente" fondos y medios para "ayudar a los Estados miembros a reforzar las capacidades de protección de fronteras y infraestructura, medios de vigilancia, incluida la vigilancia aérea, y equipamiento".

Dos proyectos piloto

Von der Leyen dijo que se pondrán en marcha en las fronteras exteriores dos proyectos piloto para acelerar los retornos.

"Proporcionaremos un paquete integrado de infraestructuras móviles y fijas, desde coches a cámaras, pasando por torres de vigilancia y vigilancia electrónica. Esto requiere financiación de la UE", señaló.

Y puntualizó que Bruselas ve con buenos ojos "la financiación bilateral y las contribuciones bilaterales" en ese ámbito y que "por supuesto, también se requiere financiación nacional".

Austria, Grecia y algunos países del Este llegaron hoy pidiendo a la UE que financie la construcción de vallas y alambradas.

El canciller austríaco, Karl Nehammer, valoró al término de la cumbre que la UE haya "dicho claramente que las fronteras exteriores se protegerán".

"Tenemos la promesa de la Comisión de que se apoyarán proyectos piloto en Bulgaria y Rumanía", añadió Nehammer.

La UE considera necesario actuar con rapidez para garantizar retornos efectivos desde la Unión Europea y desde terceros países a lo largo de las rutas a los países de origen.

Para ello plantea utilizar "como palanca" todas las políticas, instrumentos y herramientas, incluida "la diplomacia, el desarrollo, el comercio y los visados, así como migración legal.

Los líderes invitan a hacer "pleno uso" del mecanismo del Código de Visados que permite restringir esos documentos a los ciudadanos de los países que no cooperan en la readmisión de sus nacionales.

También se invita a los países, para acelerar los procedimientos de retorno, a reconocer las decisiones de devolución de los otros Estados miembros.

Otro de los objetivos mencionados es avanzar hacia una lista común de terceros países seguros, con la ayuda de la Agencia europea de Asilo.

"Todos los Estados miembros deberían hacer uso de esta guía, con vistas a lograr un enfoque más coordinado, allanando así el camino hacia una lista común", dice el texto acordado.

No olvidan la situación de los países afectados por las entradas por mar y subrayan la necesidad de una cooperación reforzada en relación con las actividades de búsqueda y salvamento.

Además, piden a la Comisión que presente "con carácter prioritario" planes de acción para el Atlántico y el Mediterráneo Oriental y Occidental.

La UE quiere involucrar más a Frontex en la protección de las fronteras exteriores y combatir el tráfico de personas.

Por ello, llamó hoy a concluir nuevos acuerdos para desplegar a agentes de Frontex también en terceros países.

Por último, para combatir los intentos de instrumentalizar la migración, los Veintisiete piden avanzar en una serie de herramientas, incluidas posibles medidas contra los operadores de transporte que participen o faciliten la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes. 

La apuesta de desarrollo verde 

Los jefes de Estado y de Gobierno también urgieron a poner en marcha un plan para potenciar las industrias limpias europeas, facilitando las ayudas públicas y acelerando los permisos para nuevos proyectos, con el fin de hacer frente a los masivos subsidios que Estados Unidos o China ofrecen al sector.

Los Veintisiete discrepan sobre hasta qué punto flexibilizar las normas de ayudas de Estado, algo que se concretará cuando haya una propuesta definitiva de Bruselas, y dejan para más adelante el debate sobre si será necesario crear un fondo común para financiar este esfuerzo.

"Tenemos que mantener nuestra ventaja en el desarrollo, fabricación y despliegue de las tecnologías limpias, especialmente en el contexto de la ley de reducción de inflación (de Estados Unidos)", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa al término una reunión marcada por la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Los líderes debatieron el Plan Industrial del Pacto Verde propuesto la semana pasada por la Comisión en respuesta a la ley de Washington y sus 370.000 millones de dólares en subsidios para tecnologías verdes de producción estadounidense, que amagan con empujar a algunas empresas europeas a marcharse al otro lado del Atlántico.

Aunque continúan las negociaciones con EEUU para que las firmas europeas reciban un trato favorable, la UE ha optado por adoptar su propia estrategia para recuperar competitividad también frente a China, Japón o India, que prevén inversiones masivas en la industria "verde".

"La UE actuará decisivamente para garantizar su competitividad, prosperidad y papel en la escena global a largo plazo", afirman las conclusiones aprobadas por los líderes, que piden a la Comisión trabajar con "urgencia" para agilizar las ayudas de Estado y movilizar los fondos europeos disponibles.

Respaldan la propuesta de flexibilizar las normas sobre ayudas públicas para facilitar que los Gobiernos den subsidios, incluidas desgravaciones fiscales, pero insisten en que el apoyo debe ser "específico, temporal y proporcionado" y dirigirse a sectores estratégicos afectados por los subsidios extranjeros o los altos precios de la energía.

Varios Estados temen que la medida desemboque en una carrera de subsidios, no solo con terceros sino dentro del propio mercado europeo, y dé una ventaja desproporcionada a los países con más margen fiscal, sobre todo tras haber constatado que Alemania y Francia coparon más de dos tercios de las ayudas públicas avaladas por Bruselas en la pandemia.

París y Berlín son los principales defensores de la flexibilización, mientras que Holanda y los nórdicos son los más reacios a una medida que España apoya siempre que sea temporal y limitada a algunos sectores, según explican fuentes del Gobierno.

España cree que existe riesgo de fragmentación del mercado único, pero también de que las empresas "se vayan a Estados Unidos", por lo que está abierta incluso a permitir que los Estados igualen los subsidios de países extracomunitarios cuando haya peligro de que una compañía abandone el continente, algo sobre lo que de momento no hay consenso.

Para compensar esta flexibilización y equilibrar las condiciones en los Veintisiete, los líderes llaman a utilizar también financiación europea procedente de instrumentos que ya en marcha, como el Banco Europeo de Inversiones.

"Si tenemos en cuenta lo que pueden hacer los Estados con la adaptación del régimen de ayudas de Estado, además de la financiación europea existente, es mucho el dinero que puede dirigirse a ciertos sectores", dijo el presidente del Consejo Europeo, Michel, quien aseguró que se ha adoptado un enfoque "pragmático".

A más largo plazo, la Comisión propone crear un "fondo de soberanía" con financiación europea, pero la propuesta llegará en verano y entre los Veintisiete predomina la idea de que antes de crear nuevos instrumentos, deberían explotarse los existentes y analizar las necesidades del sector.

Más allá de facilitar financiación, los líderes piden al Ejecutivo comunitario acelerar trámites administrativos y permisos para la producción, garantizar el acceso a materias primas críticas, modificar las normas sobre licitaciones públicas para fomentar las industrias limpias; y mejorar la formación.

Abogan además por cerrar acuerdos comerciales con otros países para diversificar fuentes de suministros, así como por usar los instrumentos de defensa comercial ante prácticas desleales.

Tras el debate, la Comisión plasmará estas iniciativas en propuestas legislativas concretas de cara a la cumbre de marzo. 

España no quiere vallas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no comparte como la mejor solución frente al problema de la inmigración ilegal la idea planteada por varios países europeos de instalar vallas en las fronteras exteriores de la UE, financiadas con fondos comunitarios.

Sánchez se mostró contrario a esta posibilidad en la rueda de prensa que ofreció al término del Consejo. El jefe del Ejecutivo aseguró que el debate migratorio se abordó con una actitud constructiva por parte de todos los socios y España defendió tres ejes.

El primero de ellos el equilibrio entre responsabilidad y solidaridad, y el segundo reforzar el compromiso político y financiero de la dimensión exterior de la migración, es decir, hacer un trabajo de prevención en los países de origen y tránsito. A ello sumó responder a la realidad migratoria que hay en cada país.

Son tres prioridades que defiende en la negociación del Pacto sobre Migración, que dijo que España aspira a culminar durante su presidencia rotatoria comunitaria en el segundo semestre de este año.

Pero recalcó que no comparte la visión meramente de seguridad que algunos están defendiendo porque considera que el desafío de la migración se debe resolver en colaboración con los países de origen y tránsito.

"No se resuelve con vallas o con muros más altos", subrayó Sánchez, quien no obstante remitió a la Comisión Europea y se mostró abierto a negociar "en aras del compromiso y el acuerdo".

Sánchez se refirió también al debate existente en la UE para aumentar su competitividad y dijo que la Comisión Europea ha presentado una propuesta al respecto que va muy en línea con lo que ha venido defendiendo España y que implica "un pacto verde para la industria".

Respaldó la revisión de las ayudas de Estado, agilizar su aprobación e introducir nuevos instrumentos como los créditos fiscales, todo ello con el fin de hacer una flexibilización limitada en el tiempo y acotada a sectores vinculados con la transición verde y digital.

"Lo importante es salvaguardar la integridad del mercado único, las condiciones justas de competencia y mejorar el entorno regulatorio y la reforma del mercado eléctrico", añadió.