Sanciones y resoluciones contra Israel, la vía para presionar a Netanyahu que no acaba de cuajar

La voz de dos mujeres europeas, una española y una belga, con funciones de Gobierno ambas, son las que más fuertemente están clamando estos días por la imposición de sanciones a Israel por su guerra sobre Gaza, respuesta al ataque de Hamás sobre su territorio el pasado 7 de octubre. Son Ione Belarra, líder de Podemos y hasta ahora ministra de Derechos Sociales, y Petra De Sutter, viceprimera ministra de Bégica, responsable de Función Pública, Empresas Públicas, Telecomunicaciones y Correos, de Los Verdes. 

Ambas han tenido un formidable eco en las redes sociales propalestinas, especialmente en el mundo árabe, por ir bastante más allá de lo que plantean sus propios Ejecutivos y las entidades supramacionales en las que se enmarcan, de Europa a Naciones Unidas. Dice Belarra que Israel "desprecia" el derecho internacional, por lo que pedirle que lo cumpla, como se hace desde Bruselas o Nueva York, "no sirve de nada". Para "pararle los pies" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su gabinete de ultraderecha, hay que imponer "sanciones económicas ejemplares" y un "embargo de armas", defiende, "mientras dure el genocidio planificado" en Palestina. 

No hay que esperar a resoluciones de la ONU, las instituciones europeas "tienen la posibilidad de tener una posición autónoma", ahonda la política morada, convencida de que si habláramos de Rusia y no de Israel las cosas serían diferentes. 

También quiere que se rompan relaciones diplomáticas con Tel Aviv y se lleve ante la Corte Penal Internacional (CPI) a Netanyahu y a los responsables de la Operación Espadas de Hierro, aunque asume que en el seno del Gobierno PSOE-Unidas Podemos "existe una diferencia de fondo sobre cómo abordar el conflicto", con pasos como estos dos. 

"Necesitamos más voces así", dijo Belarra cuando leyó en X a De Sutter. La flamenca escribió: "Es hora de imponer sanciones contra Israel", "el bombardeo es inhumano", "mientras se cometen crímenes de guerra en Gaza, Israel ignora la exigencia internacional de alto el fuego". La belga reclama la suspensión inmediata del acuerdo de asociación UE-Israel y que su país asigne fondos adicionales para que la CPI investigue a Tel Aviv y, también, a Hamás. 

Quiere vetos en la entrada a Bélgica de posibles responsables de estos crímenes, sanciones a los colonos violentos que atacan en Cisjordania y el reconocimiento del estado palestino, petición que comparte con su colega española.

En el Parlamento de Irlanda, los socialdemócratas presentaron una moción para expulsar al embajador de Israel, imponer sanciones económicas a Tel Aviv y elevar una denuncia a la CPI. No prosperó. Se sustituyó por un texto que apuesta por el derecho internacional y la salida negociada. No ha habido más voces levantadas buscando consecuencias para Israel por sus actos, no ya en lo político, sino en ámbitos como el deportivo, con el país y sus equipos inmersos en todas las ligas en las que estaban antes del inicio de la contienda. 

Imponer sanciones de un consenso amplio y hoy, en Occidente, no lo hay. O sí, hay consenso para mantener la postura actual sobre Israel, la petición de prudencia, de proporcionalidad y de respeto al derecho internacional humanitario, sin más, aunque haya líderes como el propio primer ministro belga, el liberal Alexander De Croo, que entiendan que los actos de Netanyahu "ya no son proporcionados".

¿Pero qué es una sanción, para empezar? Pues un elemento esencial en las relaciones internacionales de hoy, una herramienta coercitiva que se aplica contra Gobierno, entidades no estatales como empresas o bancos e individuos particulares. Si un país supone una amenaza y la diplomacia no ha conseguido aminorar el riesgo, se puede acudir a esta vía para modificar su comportamiento, reducir su capacidad de maniobra o debilitar su posición y exponer ante el mundo los males de determinados mandatarios. 

Son una alternativa a la fuerza armada y, por tanto, aplaudidas por su carácter preventivo y forzosamente proporcional. Por algo se idearon en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, de los que se extrajeron lecciones imborrables. Siempre tienen que contemplarse exenciones, para que no sea el grueso de la población el que sufra en sus espaldas por el mal de quien les gobierna, con revisiones constantes por si las cosas han cambiado y un final, un calendario. No es una sanción sine die.

Normalmente, suelen ser económicas o financieras, como los embargos de armas o de cuentas bancarias, vetos al acceso a determinados países, congelación de activos... Pero también pueden ser deportivas o ambientales. Pueden imponerse en bloque, como los 11 paquetes que lleva ya la UE contra Rusia por invadir Ucrania, o individuales, aunque en este caso se pierde fuerza de acción y las razones pueden ser más domésticas, menos sustentadas, más interesadas. Estudios universitarios que analizan prácticamente todo el pasado siglo hablan de un éxito del 40% de las sanciones impuestas y en la memoria hay casos que las avalan, como en la Sudáfrica del apartheid.

En el caso de Israel, estamos ante un aliado esencial de Occidente, en lo político, lo defensivo, lo militar, lo cultural... Sancionar a un socio no es sencillo y más cuando se defiende que tiene "derecho a defenderse" por la agresión brutal de Hamás, que le ha costado 1.400 muertos y más de 240 rehenes en Gaza. Por ahora, la postura general, individual y en conjunto, es la de esperar a que los llamamientos a la apertura de pasillos humanitarios surta efecto y a ver cómo avanza la ofensiva terrestre, con la que Bibi quiere acabar con la milicia palestina. 

Fuera de las aisladas voces europeas, Irán, benefactor de Hamás, también ha reclamado estas sanciones, entendidble cuando es el mayor enemigo del país y su desaparición en su objetivo declarado. En una reunión en Riad (Arabia Saudí) entre la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y la Liga Árabe, su presidente, Ebrahim Raisi, reclamó a sus compañeros que se sumaran a su petición, pero nadie pasó de la condena por la "guerra bárbara" y la "catástrofe humanitaria". Sí hay países como Argelia que abogaron por romper lazos diplomáticos, pero la mayoría, en pleno proceso de acercamiento a Israel, sostienen que es mejor tener canales abiertos para hablar. 

El jueves, ante el jefe de la diplomacia comunitaria, el español Josep Borrell, el Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina -legítimo interlocutor, que reconoce a Israel y aboga por la vía pacífica- rogó a la comunidad internacional que impogna "sanciones disuasorias" para que su Ejército ponga fin a las incursiones en los hospitales de la Franja de Gaza, al menos. Una violación "flagrante y atroz" del Derecho Internacional, destacan.

Por el momento, el propio Borrell ha confirmado esta semana que hay peticiones de algunos de los Veintisiete para que se sancione no a Israel, sino a Hamás, reconcido por Europa como un grupo terrorista, con el fin de "cortar la financiación" que necesita para sobrevivir. Estados Unidos y Reino Unido han impuesto ya tres rondas de sanciones sobre el partido-milicia justo en esa línea, mirando sobre todo a sus conexiones en Irán y Líbano. "Buscamos proteger el sistema financiero internacional del abuso de Hamás y sus facilitadores", defiende la Administración Biden. 

Primer paso firme de la ONU

Donde ha habido unión esta semana ha sido en la ONU. El Consejo de Seguridad, en la noche del miércoles al jueves, aprobó su primera resolución sobre esta crisis, en la que reclama ventanas humanitarias para asistir a los gazatíes "por un número suficiente de días". Un texto presentado por Malta, que no habla de "alto el fuego" -que Netanyahu se niega a aceptar porque dice que ayudaría a los grupos armados de la franja a rehacerse-, y que no cita a Israel pero sí a Hamás. 

Salió adelante con 12 votos a favor y tres abstenciones, de Estados Unidos, China y Rusia, que con su postura evitaron vetarla como en las ocasiones pasadas en que presentaron resoluciones Brasil o las propia Rusia -en dos ocasiones- y EEUU. "Ni Hamás leerá la resolución ni mucho menos la acatará", dijo como reacción el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, quien tachó el documento de "lamentable". Esta vez no se protegió a Israel, como suele hacer sobre todo EEUU, que en toda la historia de Naciones Unidas ha vetado 34 proyectos de resolución relacionados con el conflicto palestino-israelí.

Este texto se suma al aprobado el 27 de octubre en la Asamblea de las Naciones Unidas, que también solicitaba una tregua humanitaria. En aquel caso, la resolución no era vinculante, aunque con sus 120 votos a favor sobre 193 países el peso moral era alto, la conciencia del mundo mayoritariamente expresada. 

Ahora las cosas cambian porque cuando la decisión es del Consejo la resolución sí es vinculante, es derecho internacional, por eso puede acarrear medidas punitivas si no se cumple con ella. El problema es que Israel ha roto con 62 resoluciones de la ONU hasta ahora, sin consecuencias, y se teme que este caso sea otro fracaso de la presión internacional. 

Para ver si se cumple con una decisión se recurre a resoluciones de seguimiento; si se ve que no hay avances, se pueden imponer sanciones, sobre todo económicas. En la Carta de la ONU se explicita que también se puede decidir el envío de una fuerza internacional para garantizar que lo aprobado se aplica, como ocurrió en 1991 con la invasión de Kuwait acometida por Irak. En la zona, hay precedentes con la desplegada en 1956 en la frontera entre Israel y Egipto y a finales de los 70 en los Altos del Golán con Siria y, al norte, con Líbano, esta última aún en activo y con presencia española. 

Casi con seguridad, Joe Biden no va a dejar que nada de eso suceda. No va a imponer sanciones, al que da su apoyo "incondicional e inquebrantable". Tampoco ba a ponerle uniformados sobre el terreno, aunque comande la misión. Menos aún cuando en 2024 hay elecciones a la presidencia de EEUU, en noviembre, con el enorme peso que Israel tiene en política exterior y con la influencia de la comunidad judía del propio país. 

Ya la última gran resolución del Consejo avalada por Washington contra Israel, la 2334 de 2016, aprobada por Barack Obama a punto de irse, es papel mojado. Entonces se decía que los asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén Este no tienen "validez legal", constituían una "violación flagrante del derecho internacional" y eran un "obstáculo para la paz". Hoy rozan los judíos en esas colonias rondan los 600.000 y subiendo. Israel no ha sido sancionado por ello, sino que Netanyahu, el mayor impulsor de las colonias, se ha aliado cob partidos religiosos y nacionalistas extremos que los defienden por estar en la tierra prometida para los judíos. 

Tampoco temen las consecuencias de la CPI porque ni EEUU ni Israel son firmantes del Estatuto de Roma, que fijó su trabajo y competencias. Lo reconocen esa vía de la justicia internacional, pues. La CPI y una Comisión de Investigación Internacional Independiente, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021, están reuniendo pruebas sobre el conflicto actual. Y los crímenes de guerra no prescriben. 

El balance 

Israel declaró la guerra a Hamás el 7 de octubre tras un ataque masivo del grupo islamista que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes y la infiltración en territorio israelí de unos 3.000 milicianos que masacraron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 240.

Desde entonces, las fuerzas aéreas, navales y terrestres de Israel atacan sin tregua la Franja de Gaza, dejando más de 11.500 muertos y casi 30.000 heridos, además de 3.600 desaparecidos bajo los escombros y unos 1,7 millones de gazatíes desplazados, más de dos tercios de la población total.

Sin embargo, la cifras de víctimas, que en reportes anteriores correspondían en un 70 % a mujeres, niños y ancianos, podrían ser mayores, ya que el conteo preciso se ha dificultado por el colapso de las comunicaciones a lo largo de toda la Franja, según un portavoz del Ministerio de Sanidad gazatí.