La reforma policial de EEUU, un problema enquistado que facilita que la violencia se perpetúe
La muerte del afroamericano Tyre Nichols a manos de agentes negros evidencia que falla el sistema, viole quien viole los derechos, y siempre pagan los mismos.
.Tyre Nichols, un civil negro, ha muerto a manos de otros cinco negros, policías. La suya fue una detención arbitraria, sin motivo justificado, ni drogas para consumo propio se encontraron en su coche. Fue muerto por la violencia excesiva que ejercieron profesionales formados justo para proteger a ciudadanos como él. Estados Unidos tiene un enorme problema por resolver, porque no es que agentes blancos maten a mansalva a personas negras, sino que hay un fallo de sistema, una corrupción general, que lleva al abuso sobre la comunidad afroamericana hasta por parte de la propia comunidad afroamericana. Y las leyes no llegan.
En el funeral de Nichols, el pasado miércoles, en Memphis, se elevaron las voces, una a una, reclamando un nuevo marco, una legislación que evite los abusos y desmanes. La madre del joven, Rowvaughn Wells, no lo pudo decir más claro: "Necesitamos que esta ley sea aprobada". Porque la norma, estar, está, pero en debate. Se impulsó tras el asesinato, icónico, de George Floyd, un antes y un después en la lucha contra esta violencia, desde su "no puedo respirar", de 2020. Sin embargo, no ha salido adelante, embarrada por disputas partidistas de los demócratas y los republicanos.
Como indicó el abogado de la familia Nichols, Ben Crump, "hay un problema de cultura" que permite a los agentes, "sea cual sea su raza", que "agredan y violen los derechos de los negros". A quien diga que las víctimas son todos... no. Amnistía Internacional aporta datos aplastantes: la violencia policial es la causa principal de muerte de los varones jóvenes en EEUU, donde alrededor de uno de cada 1.000 hombres negros puede contar con que va a morir a manos de la policía. Son casi un tercio de todos los asesinados por la Policía entre 2013 y 2022, cuando los afroamericanos no superan el 13% de la población nacional, según la asociación Mapping Police Violence. Entre 2015 y 2020, hay constancia de que el 30% de las personas que murieron por disparos de agentes en el país mostraban signos de enfermedad mental, pero eso no detuvo a nadie.
"La mayoría de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no rinde cuentas por homicidios ilegítimos y puede hacer uso excesivo y a veces letal de la fuerza con impunidad, sobre todo contra personas negras. Entre 2005 y 2019, sólo tres funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estatales o locales fueron declarados culpables de asesinato en casos de fuerza letal", indicaba la organización, una cifra que ha crecido por el procesamiento de los asesinos de Floyd y de otras víctimas señaladas en los últimos tiempos, como Michael Brown. Frente a eso, la impunidad de casos como el de Breonna Taylor.
En mayo pasado, al cumplirse los dos años del fallecimiento de Floyd, la Casa Blanca ordenó a la Policía revisar sus protocolos de uso de la fuerza. Fue a través de una orden ejecutiva, pero eso no es una ley, no llega a todo. La normativa establecía un nuevo estándar mínimo para el uso de la fuerza, y prohíbe a los agentes utilizar llaves de estrangulamiento para arrestar a sospechosos a no ser que esté autorizado el uso de fuerza letal. Ordenaba igualmente la creación de una base de datos de agentes que hayan recibido denuncias creíbles de mala conducta, gestionada por el Departamento de Justicia. Problema: sólo se aplica a las agencias federales como el FBI o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ya que Biden no tiene autoridad directa sobre las fuerzas de seguridad locales o estatales.
Para eso hace falta un cambio mayor, y pendiente de la Cámara de Representantes (en manos republicanas) y del Senado (en manos demócratas) está. El año pasado, comenzó a negociarse el borrador, pero los dos grupos han fracasado. Triunfó el sectarismo, el partidismo, más aún en un año en el que se esperaban elecciones legislativas de mitad de mandato. También de esto se hizo sangre. La "Ley de Justicia en la Policía George Floyd", como se la llamó, debe ser "impulsada", dijo este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, justo antes de que el presidente Joe Biden se viera con legisladores negros para ver por dónde avanzar. "Hace falta un cambio real y duradero", insistía. Por ahora, sólo hay reproches cruzados.
Las propuestas
La norma es un ambicioso plan de reforma propuesto por el Partido Demócrata, tras las manifestaciones por la muerte salvaje de Floyd. El proyecto de ley se presentó en junio de 2020, después de que los legisladores de Minneapolis -la ciudad donde se produjo la muerte de Floyd a manos de un agente blanco- prometieran desmantelar el Departamento de Policía. También ahora, en el caso Nichols, se ha desmantelado la unidad a la que pertenecían los agentes que lo mataron, de nombre Escorpión. Sin más. Entonces, el presidente de EEUU aún era Donald Trump, quien amenazó con vetarla de inmediato. Sus compañeros republicanos en el Senado forjaron en pocas semanas una propuesta propia, menos ambiciosa.
¿Qué planteaban los demócratas, esos que hincaron en tierra la rodilla para recordar a Floyd y callaron durante ocho minutos y 46 segundos, el tiempo que tardó en morir el hombre? Buscaban responder a la abrumadora indignación popular con medidas como forzar a la policía federal a usar cámaras corporales y en el vehículo; vetar las técnicas de estrangulamiento (como las que llevaron a la muerte de Floyd); eliminar las órdenes de allanamiento de vivienda sin llamar a la puerta, una táctica que usaron los agentes que mataron a tiros Breonna Taylor en Louisville; facilitar la asunción de responsabilidades de los agentes de policía por violaciones de derechos civiles; pedir que se retengan fondos federales para aquellas fuerzas policiales que no lleven a cabo reformas similares; y establecer la creación de una base de datos nacional de mala conducta policial.
Se añaden cambios sensibles en lo procesal: la idea es convertir el linchamiento en un delito federal, limitar la venta de armas militares a la policía y otorgar al Departamento de Justicia la autoridad para investigar a policía local y estatal ante evidencias de prejuicios o mala praxis general en un Departamento de Policía. No se añade, eso sí, una de las peticiones más polémicas del movimiento Black Lives Matter ("Las vidas negras importan"): la de "quitar fondos a la policía", reducir su presupuesto e invertirlo en las comunidades de base.
En estos meses se ha visto que hay coincidencia entre republicanos y demócratas en detener las técnicas de estrangulamiento, incluir nuevos procedimientos de formación, buscar ampliar el uso de cámaras corporales y crear un registro nacional para casos de mala praxis. Pero hay un punto de choque que por ahora es imposible de solventar: la idea de "inmunidad legal", que hace más difícil que las víctimas interpongan demandas contra agentes acusados de haber usado la fuerza de manera desproporcionada. Los demócratas quieren acabar con esa inmunidad de la que gozan los policías, pero los republicanos quieren conservarla.
Dick Durbin, el senador demócrata por Illinois que preside el Comité de Justicia del Senado, responde a través de su gabinete que es "urgente iniciar otra vez una conversación nacional" para que los agentes de policía puedan "ejercer su labor de forma responsable, constitucional y humana". "Fue horrible. Inhumano. Mi corazón está con la familia de Tire Nichols al pensar que su hijo pasó por esto", se duele. Incide en que la norma no sólo será buena para las víctimas, sino para los propios agentes, que dice conocer bien, y que se ven desprotegidos. "No hay defensa para las personas buenas y capaces que nos defienden todos los días y arriesgan sus vidas por nosotros. Pero también vemos en estos vídeos una conducta horrible de otros mismos oficiales en situaciones inaceptables. Tenemos que cambiar esto para mejor".
A su entender, la ley propuesta por su formación "tiene muchos elementos que son importantes", entre los que cita la prohibición de estrangulamientos, el manejo de registros sin orden judicial, el manejo de la acreditación de los departamentos de policía", y por eso se necesita "una conversación nacional" para que no se pierdan los avances. " Es el punto de partida correcto (...). No necesitamos la negación o la indiferencia deliberada", zanja. El senador habla de la norma como una "prioridad personal". "Tenemos que hablar sobre cómo mantener a EEUU a salvo, pero haciéndolo de una manera humana, sensata y racional", remarca.
Desde los republicanos están llegado quejas contra él, senadores como Tim Scott -representante de Carolina del Sur y único senador negro en sy partido- que no les está dejando proponer sus ideas, sobre todo a propósito de la inmunidad, por eso le acusan de "obstruir el proceso". Los demócratas niegan la mayor. "Estoy comprometido a trabajar con nuestros colegas en ambos lados del pasillo para finalmente lograr reformas críticas”, dice.
Durbin señala que la ley es clave, pero reclama también un cambio cultural general que incluya "la detección, la capacitación y la acreditación para mejorar el papel para que las personas que tienen la responsabilidad de mantenernos a salvo, para que sean realmente estables y aborden su tarea de manera profesional", frente al "horrible e inhumano" comportamiento visto en Memphis.
El veterano y carismático activista negro Al Sharpton, tanto en el funeral de Nichols como en las protestas y entrevistas posteriores, ha defendido que, con una ley aprobada, "los que mataron a Tyre se lo habrían pensado dos veces antes de actuar así", por lo que llama a la calle a pelear "como nunca antes por esta norma". Crump, el abogado familiar, añade que sería una "vergüenza" que su muerte fuese para nada. Como tantas otras.
En declaraciones a la CNN, dio un dato que pone las cosas en contexto: no ha habido ninguna legislación nueva sobre policía federal en EEUU desde los años 60 del pasado siglo, bajo el mandato del demócrata Lyndon B. Johnson. Hay pocas esperanzas de que en este primer mandato de Biden vayan a mejorar las cosas. La norma no cuajó en los dos primeros años de legislatura, cuando el actual presidente tenía las dos Cámaras a su favor. Después de los comicios de noviembre, y ahora sólo tiene la mayoría del Senado. Y cada día que pasa están más cerca las elecciones presidenciales de 2024 y se hacen más urgentes y sensibles otras apuestas legislativas.
Así, hasta el siguiente negro muerto, la próxima manifestación y el último lamento.