Qué opciones hay de arrestar a Putin tras la orden de la Corte Penal Internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.

El tribunal observa “motivos razonables” para creer que Putin “tiene responsabilidad penal individual” por estos delitos, bien por su comisión “directa” o por haber sido incapaz de “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.

Tras esta decisión judicial, la gran pregunta es: ¿Qué opciones hay de arrestar a Putin? La realidad es que no demasiadas. Tal y como precisa The Conversation, la orden de detención se haría efectiva si el presidente ruso viaja a alguno de los 123 países que forman parte de la Corte Penal Internacional.

Y se da el caso de que ni Rusia ni Ucrania se encuentran entre esos estados. Por lo tanto, la realidad es que lo más probable es que la consecuencia de esta orden de arresto sea que Putin no pueda pisar los países miembros de la CPI, entre los que se encuentran “33 estados de África, 19 de Asia y el Pacífico, 18 de Europa del Este, 28 de América Latina y el Caribe y 25 de Europa Occidental y otras regiones”, según detalla la propia Corte Penal Internacional.

La corte no puede atender casos en ausencia del acusado

Otra de las razones que hace que la corte no pueda detener a Putin es que la misma no puede atender casos in absentia (en ausencia) del acusado y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya ha reiterado en numerosas ocasiones.

Sin embargo, la CPI sí que está capacitada, como mínimo, para imputar a Putin, dado que no reconoce la inmunidad para los jefes de Estado en casos de crímenes de guerra, crimen contra la Humanidad o genocidio.

Además de a Putin, la Corte Penal Internacional también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova.

Cabe resaltar que la CPI ha hecho una excepción al identificar con nombre y apellidos a Putin y a Lvova-Belova, algo que es contrario a la doctrina habitual que favorece el anonimato. 

La razón de haber alterado el procedimiento habitual se debe a que “el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos”, particularmente el de la deportación infantil forzada, “que todavía continúa”, tal y como ha señalado la Corte Penal Internacional.