Las tarjetas de Orbán: ¿residencia en la UE de rusos y bielorrusos?

En el Pleno de septiembre del Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo, tuvo lugar un debate sobre el Plan de 'Tarjetas de Residencia' del Gobierno húngaro (ultraderechista) de Victor Orbán para favorecer el acceso al espacio Schengen de libre circulación en la UE de personas provenientes de Rusia y Bielorrusia.

Su discusión era oportuna -además de necesaria- por un concurso de razones. Primero, por su coincidencia con la (inevitable, aunque muy protestada) Presidencia rotatoria de Hungría en esta segunda mitad de 2024, en la que se ha constituido el PE surgido de las elecciones del 9J y en que se emplaza el proceso de examen individualizado a los/as candidatos/as al Colegio de Comisarios/as que preside la ya investida Presidenta Von der Leyen para esta Legislatura 2024/2029 (Comisión VDL II), y en que por cierto la socialista española Teresa Ribera está llamada a ejercer una Vicepresidencia ejecutiva de indiscutible peso político.

En segundo lugar, porque ese 'Plan' húngaro de residencia de "trabajadores" procedentes de Rusia y Bielorrusia colisiona frontalmente con las sanciones impuestas por la UE contra los intereses y activos financieros de ambos países, aprobadas por el PE tras la guerra de agresión de Putin contra Ucrania, y cuyo estricto complimiento elude el Gobierno de Orbán no solo en contraposición con la estrategia común sino en violación, una vez más, del Derecho europeo. 

Lo que confiere un carácter netamente geopolítico al desafío planteado frontalmente por Orbán al esfuerzo con que la UE ha adquirido un compromiso por su "autonomía estratégica" ante la amenaza impuesta, desde su vecindad directa, por el gigante ruso, desvinculado por completo de la legalidad internacional y del Derecho que rige incluso en los conflictos bélicos ("Convenciones de Ginebra"). 

Que el primer ministro húngaro haya tenido el descaro de reunirse en el Kremlin con el autócrata ruso y extender beneficios al no menos despótico Lukaschenko, dictador en Bielorrusia desde hace más de 30 años, es en sí una elocuente muestra de su contumaz desprecio por lo común cuando su país ha asumido la Presidencia semestral del Consejo de la UE.

Pero, en tercer lugar, el 'Plan' de Orbán cuestiona la integridad de Schengen, incrustando una amenaza contra la seguridad de la UE y su ciudadanía al abrir el cauce a la residencia -y, con el transcurrir del tiempo, a la ciudadanía europea- a rusos y bielorrusos, sin explicar qué garantías de ajuste a las exigencias que la libre circulación de personas impone a sus Estados miembros (EEMM).

De hecho, en esta dimensión concurre este examen del PE a las "tarjetas de residencia" de Orbán con sus Resoluciones (aprobadas en la pasada Legislatura) exigiendo de la Comisión Europea VDL una iniciativa orientada a acabar, en los EEMM, con las legislaciones nacionales que han autorizado las llamadas Golden Visas (Visas de acceso a Schengen a cambio de "inversiones", normalmente materializadas en la compra de inmuebles prohibitivos y bienes de lujo) y los llamados Golden Passports (nacionalidad de un EM a golpe de talonario), en la medida en que ambos instrumentos impactan disruptivamente en la estrategia UE contra la corrupción y contra el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos.

Es sabido que el contexto en que estas iniciativas se abrieron paso en los EEMM fue el de la "Gran Recesión": con el alegado pretexto de estimular la inversión extranjera se abrió cauce a la penetración de cuantiosos caudales de origen no reconocido (potencialmente delictivo, corrupción y crimen organizado) cuyo primer nicho de blanqueo fue el mercado inmobiliario. 

Durante el Gobierno del PP del presidente Rajoy (2013) España se sumó a este nefasto cuadro de residencias privilegiadas y sucesivo acceso a la nacionalidad y ciudadanía UE. La mayoría del PE objetó, a todo lo largo de su recorrido, esta abyecta distorsión del espacio Schengen, sin duda el activo más preciado del acervo de la UE, en que se realiza esa libre circulación que es en sí el derecho fundamental más valorado por la ciudadanía europea (art.45 Carta de Derechos Fundamentales de la UE/CDFUE).

La Comisión VDL II debe, en primer lugar, asegurar la defensa de Schengen frente a la inmisión de personas procedentes de Rusia y de Bielorrusia, no sólo por la violación de las sanciones impuestas en sucesivos "paquetes", sino por la contradicción en la que Orbán incurre al alegar "cobertura de puestos de trabajo en su mercado nacional" cuando su Gobierno se ha distinguido, notoriamente, por conflictuar con el Pacto UE de Migraciones y Asilo, tan larga y trabajosamente negociado y aprobado por el PE, impugnando toda sujeción de Hungría a los principios de responsabilidad compartida y solidaridad vinculante.

Pero también deberá, acto seguido, velar por el cumplimiento del mandato de acabar con las Golden Visas y Golden Passports, como por cierto ha hecho el Gobierno progresista que preside en España Pedro Sánchez, marcando la diferencia con el Gobierno de derecha que las puso en vigor hace ya más de 10 años.