La UE aprueba la 'Ley Rider' pese a Alemania y Francia: las claves del texto

La UE ha conseguido aprobar, a última hora, la conocida como 'Ley Rider'. Este lunes y gracias a un cambio de postura de Estonia y Grecia, los Veintisiete han logrado el respaldo mayoritario a un texto ante el que se ha abstenido Alemania y ha votado en contra Francia.

El acuerdo alcanzado de forma mayoritaria por los ministros de Empleo y Asuntos Sociales confirma el provisional alcanzado hace un mes, el pasado 8 de febrero. Como recoge Europa Press, entonces fueron los negociadores del Parlamento Europeo los que dieron el primer paso sobre la directiva sobre el trabajo en plataformas tras dos intentos fallidos previos.

Esta ley busca aclarar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio, como Uber Eats, Just Eat, Glovo o Deliveroo, a fin de corregir el falso trabajo por cuenta propia para garantizar unas mejores condiciones laborales.

La presidencia belga del Consejo ha optado por lanzar una nueva propuesta de compromiso que rebajaba la ambición del acuerdo inicial para atender a las preocupaciones de los Estados miembro, un documento que el ministro belga responsable del ámbito empresarial, David Clarinval, describió como "el texto de la última oportunidad".

Su objetivo, ha añadido, era realizar "concesiones importantes" para salvar las reticencias de los 14 Estados miembro que expresaron reparos. Su estrategia ha surtido efecto y todos han votado a favor salvo París y Berlín.

Unas "sorpresas de última hora", en referencia al cambio de posición de Estonia y Grecia, que ha agradecido la presidencia de turno, tras reconocerles su "esfuerzo" por el "mejor interés de los trabajadores" al apoyar la norma en aras del "espíritu de compromiso".

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, Hubertus Heil, ha explicado durante la sesión pública en la que se ha debatido la ley que debía abstenerse en la votación porque uno de los socios de coalición de su gobierno (el Partido Democrático Liberal) no podía dar su aprobación al texto, algo que ha lamentado "profundamente" antes de asegurar que le desea "lo mejor" a este expediente.

Por su lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiterado que el de 8 febrero "no es un acuerdo perfecto" y "no entusiasma", como pero lo ha apoyado, no obstante, porque prefiere situarse del lado de "la Europa que avanza" frente a "la que bloquea", como cita Europa Press.

 En un tuit este lunes ha añadido que "hoy ganan las personas trabajadoras y pierden las multinacionales". "Tras tres años de debate, la UE aprueba una Directiva pionera para que quienes trabajan en plataformas digitales tengan protección y transparencia en sus condiciones laborales. ¡La Europa social avanza!", añade Díaz.

Y ahora qué: la ruta legislativa y los derechos en juego

Una vez completados los pasos formales de la adopción, los Estados miembro tendrán dos años para incorporar las disposiciones de la directiva a su legislación nacional. Los principales elementos del compromiso giran en torno a una presunción legal que ayudará a determinar la correcta situación laboral de las personas que trabajan en plataformas digitales.

Según el acuerdo, los Estados miembro establecerán una presunción legal de empleo en sus sistemas legales, que se activará cuando se encuentren hechos que indiquen control y dirección y que se determinarán de conformidad con la legislación nacional y los convenios colectivos, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la UE.

Además, los trabajadores de plataformas digitales, sus representantes o las autoridades nacionales podrán invocar esta presunción legal y alegar que están mal clasificados, mientras que corresponderá a la plataforma digital acreditar que no existe relación laboral.

El acuerdo alcanzado con el Parlamento garantiza que los trabajadores estén debidamente informados sobre el uso de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones sobre su contratación, sus condiciones de trabajo y sus ingresos, entre otras cosas.

También prohíbe el uso de sistemas automatizados de seguimiento o toma de decisiones para el tratamiento de determinado tipo de datos personales de las personas que realizan trabajos en plataformas, como datos biométricos o su estado emocional o psicológico.

Asimismo, se garantiza la supervisión y evaluación humana de las decisiones automatizadas, incluido el derecho a que dichas decisiones sean explicadas y revisadas.