La reforma judicial del Gobierno populista eslovaco choca con la calle y la duda de la UE

La oposición liberal y europeísta de Eslovaquia convocó ayer una protesta para los próximos días contra los planes del primer ministro, el populista Robert Fico, de eliminar la Fiscalía Anticorrupción que investiga a varios políticos de su partido, una medida que ha sido criticada también por la UE.

"El Parlamento afronta un torbellino legislativo del Gobierno que, por trámite de urgencia, pretende cambiar el estado de derecho en Eslovaquia", denunció hoy el líder de la oposición, Michal Simecka, al convocar una protesta para este jueves como las que desde hace semanas reúnen a decenas de miles de personas contra esta reforma.

Simecka, ex vicepresidente del Parlamento Europeo y líder de la formación liberal Eslovaquia Progresista, aseguró que la reforma de la Justicia propuesta en diciembre por la coalición formada por populistas de izquierdas y nacionalistas, sólo busca "conceder la amnistía a los amigos de Fico".

La reforma, impulsada por el partido socialdemócrata Smer del primer ministro, plantea un cambio por vía de urgencia del Código Penal que eliminaría la Fiscalía Anticorrupción y rebajaría las penas por corrupción. El Ejecutivo afirma que estos cambios ayudarán a modernizar el sistema judicial del país centroeuropeo.

Varios investigados del partido en el poder

La Fiscalía investiga actualmente a varios políticos de Smer, como el exjefe de la Policía Tibor Gaspar; el vicepresidente del Parlamento, Peter Ziga; así como al gobernador del Banco Central Peter Kazimir y el ex responsable de los Servicios de Inteligencia Peter Pcolinsky.

Este organismo supervisa, además, investigaciones contra oligarcas sospechosos de prácticas corruptas con subvenciones agrícolas y contratas públicas, de delitos fiscales y de acosar a periodistas.

Tibor Gaspar, que se perfila como serio candidato a dirigir los servicios secretos (SIS), tiene abierta una causa por la supuesta creación de una organización mafiosa dentro de la Policía para proteger a oligarcas.

En 2018, cuando aún era jefe de la Policía, dimitió del cargo tras el asesinato del periodista de investigación Jan Kuciak, tras una oleada de manifestaciones que denunciaban que la connivencia policial con el crimen organizado ralentizó la investigación del crimen.

El Gobierno quiere, además, disminuir la protección a informantes y confidentes.

Pese a las protestas contra la reforma judicial, que han reunido a decenas de miles de personas, Fico ha insistido en que seguirá adelante con ella y ha calificado de "sabotaje" los intentos de la oposición de bloquear su propuesta.

De momento, la oposición progresista, liberal y democristiana ha logrado detener el proyecto de ley por la vía de dificultar la actividad parlamentaria mediante la solicitud de innumerables turnos de palabra.

Para hoy, por ejemplo, hay registrados 58 oradores para intervenir en el debate sobre si la reforma del Código Penal debe hacerse aplicando un trámite parlamentario de urgencia.

Choque con Bruselas

Los planes de reforma son criticados por la presidenta eslovaca, Zuzana Caputová, que ha advertido que los cambios podrían chocar con la legislación de la Unión Europea (UE) hasta el punto de que al país se le congele la entrega de fondos comunitarios, como le ha pasado a Hungría, por violar el Estado de derecho.

De hecho, la Comisión Europa exige un "análisis a fondo y profundo" ya que considera que dicha reforma "es de gran alcance y toca mucho derecho comunitario".

Por ello, Bruselas ha pedido que cualquier cambio se haga bajo la fórmula del consenso y no mediante un trámite de urgencia.

Otro punto de tensión es que, tras ganar los comicios legislativos de septiembre pasado, el gobierno de Fizo depuró la cúpula policial y puso fuera de servicio a media decena de policías del cuerpo de élite NAKA.

De momento, el ministerio del Interior ha tenido que readmitir a la mitad de los agentes cesados, tras ganar éstos sus litigios ante la Justicia.