Italia aprueba una ley que castiga la gestación subrogada como "delito universal"
El país transalpino castigará con hasta dos años de prisión a quienes viajen al extranjero a realizar esta práctica, gracias a una norma impulsada por Meloni.
Italia considerará la gestación subrogada como un "delito universal" después de que el Parlamento haya aprobado ley Varchi, impulsada por Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia (ultraderecha) y respaldada por La Liga de Matteo Salvini (ultras igualmente), y Forza Italia (la formación de derecha clásica que lideraba Silvio Berlusconi). Tras el apoyo de 166 diputados, 109 en contra y 4 abstenciones sólo queda el sí del Senado.
Carolina Varchi, la diputada que ha impulsado la norma, ha defendido que "la maternidad es única, insustituible y no subrogable" además de que "no puede darse a cambio de una tarifa, un hijo no es comercializable".
La votación ha sido ajustada y la izquierda se posicionó a favor de "la gestación subrogada solidaria", en la que la madre gestante no recibe una remuneración económica por quedarse embarazada. No la admite como negocio, sí como gesto.
De convertirse en ley, las personas que viajen al extranjero y se aprovechen de los vientres de alquiler, se enfrentarán a penas de entre tres meses y dos años de cárcel y multas que podrían llegar al millón de euros. En Italia, la gestación subrogada es considerada delito desde el año 2004; sin embargo, esta nueva decisión, endurece el castigo de aquellas personas que viajan a países en los que sí es legal la compra de bebés.
La medida llega tras una serie de declaraciones por parte de los miembros del Gobierno en las que criticaban con dureza esta práctica; por ejemplo, Federico Mollicone, presidente de la Comisión Cultura de la Cámara dijo en marzo: "Es más grave que la pederastia".
En realidad, más que una ley, la propuesta prevé añadir apenas un artículo que modificaría la ley 40 del 2004, que hace referencia a la fecundación asistida, en el que se extenderían las sanciones previstas para la gestación subrogada cuando "el hecho ha sido cometido en el extranjero".
Las penas de las que se habla prevén la reclusión desde 3 meses a 2 años de cárcel y una multa de 600.000 mil euros a un millón para “cualquier persona, en cualquier forma, que realice, organice o publicite la maternidad subrogada”.
La decisión del Gobierno de Meloni ha sido también una amenaza al colectivo LGTBI. A pesar de que la mayoría de las personas que proceden de esta manera para tener hijos son parejas heterosexuales, Italia ha pedido a los consistorios que dejen de registrar a los hijos de parejas homosexuales, eliminar a las madres del registro y modificando el acta de nacimiento de los hijos.
