Israel en pie: las claves de las protestas pro democracia frente al Gobierno 'ultra'

Este martes, trabajadores de cerca de 500 empresas, especialmente del mundo de las nuevas tecnologías, se han echado a la calle en Israel para oponerse al Gobierno que ha cuajado el primer ministro, el conservador Benjamin Netanyahu, con la ultraderecha hipernacionalista y con los judíos ultraortodoxos. No sólo es cosa de indios, porque 130 firmas punteras han emitido un comunicado que quieren que sirva de "advertencia" al Ejecutivo, un aviso de que no van a transigir con el paquete de medidas firmadas para conformar la coalición a seis y que, a juicio de la oposición, los grupos de derechos humanos y al menos la mitad de Israel pone en peligro la democracia nacional. 

Más que ascuas, son llamas que siguen encendidas desde hace tres semanas, cuando comenzaron a encadenarse manifestaciones en el país, de Tel Aviv a Jerusalén, de Haifa a Beersheba, en las que los ciudadanos se revuelven ante una mayoría que, sí, tiene 64 escaños en la Knesset, pero que no representa a gran parte del país y, de hecho, quiere legislar contra ella, perseguirla. Una reforma judicial que socavaría la independencia de la Justicia es la norma más urgente y grave a la que se enfrenta Israel. 

El pasado sábado, más de 120.000 ciudadanos participaron en las protestas, personas de distinto signo político y sin líderes claros. Había personal del nuevo Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, de las Banderas Negras que llevan ya años pidiendo la marcha de Netanyahu por sus investigaciones por corrupción, de colectivos LGTBI -una "abominación" para los haredíes- y de formaciones de izquierda o centro. Tomó la palabra ante los medios el exprimer ministro, Yair Lapid, pero era una voz más en la marea. Los gritos eran comunes: "Democracia sí", "No somos una dictadura", "Libres e iguales", "Israel es plural", "La democracia no se roba", "Los corruptos no nombran a los jueces", "Bibi a casa"... 

"Aquellos que quieren a nuestro Estado han venido a defender la democracia, sus tribunales y la idea de una vida en común y de un bien común (...). No abandonaremos hasta que no hayamos ganado", resumió el exmandatario en Twitter. 

El porqué de las protestas hay que buscarlo en la raíz de este, el 37º Gobierno de la historia de Israel, el más retrógrado, religioso y extremo que se ha conocido. Israel cerró el año, in extremis, con un nuevo gabinete, tras dos años y medio de inestabilidad política y cinco elecciones para intentar acabar con ella. Ahora mismo, mandan con Netanyahu su partido, el Likud, más los religiosos Shas y Judaísmo Unido de la Torá y la alianza tripartita de Sionismo Religioso, ultraderechista, ultranacionalista, supremacista judía y antiárabe. 

Esta alianza, absolutamente escorada, se ha cerrado gracias a que el primer ministro ha cedido a una serie de acuerdos previos que pueden modificar de raíz el sistema político nacional. Todo por el poder, por el cargo que puede evitar a Netanyahu rendir cuentas ante la justicia si es condenado por soborno, abuso de confianza y fraude. Tener más de la mitad de los escaños de la Knesset no da el poder de todo el país, no implica contentar a todos, sino a esa parte radical, muy movilizada, cada vez más numerosa por demografía y por desencanto, pero la calle le está demostrando a Netanyahu que no es suficiente. Que el mando no se ejerce si no hay paz social. 

Lo que indigna a los israelíes que han salido a la calle es, especialmente, la reforma judicial que propuso el pasado miércoles el ministro de Justicia, Yariv Levin, miembro del partido oficialista Likud. En ella, el Gobierno apuesta a otorgar más poder a las decisiones de la Knesset o parlamento, en detrimento de la revisión judicial de la Corte Suprema. Si la reforma se aprueba, los legisladores podrían aprobar leyes que el Supremo haya anulado previamente, apenas con una mayoría simple de 61 de los 120 votos del parlamento. Esto será así gracias a una cláusula de revisión que se añade en los pactos de gobernabilidad, capaz de desdecir a la justicia incluso si se violan las leyes básicas del país, la esencia en un estado que carece de constitución como tal. 

Además, la propuesta pretende que los políticos tengan más influencia en la selección de los jueces del tribunal y que los ministros designen a sus propios asesores legales, en vez de acudir a profesionales independientes, y se eliminaría el cargo de fiscal general. Esto habilitaría a Netanyahu a nombrar su propio fiscal del Estado, ayudándole a eludir su procesamiento por cargos de corrupción. Lo que es más importante, facilitaría los planes de acelerar la construcción de asentamientos en preparación para anexar gran parte de Cisjordania o el este de Jerusalén, donde ya viven 600.000 colonos. La separación entre poderes quedará, finalmente, pisoteada si eso ocurre. 

No lo ve así el ministro Levin, que defiende la reforma como una "restauración del equilibrio" entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. “Estas reformas fortalecerán el sistema judicial y restaurarán la confianza del público en él”, aseguró en una entrevista televisiva. También recordó que los miembros de la Corte Suprema, a diferencia de los parlamentarios, no son elegidos por voto popular, en un intento por desacreditar el rol del tribunal en la toma de decisiones clave del país. “Las personas por las que no votamos deciden por nosotros, eso no es democracia”, señaló. Una vuelta de tuerca populista que, no obstante cala en su público, sobre todo cuando ponen como ejemplo los límites judiciales a la ocupación de suelo palestino, que los pactos que han aupado a Netanyahu promete aumentar porque es, dicen, el derecho de Israel a tener su tierra "histórica". 

Un primer ejemplo

En mitad de las protestas, ha estallado una polémica que justo ejemplifica lo que puede pasar si la ley  se aprueba. Y es que Netanyahu ha tenido que destituir "con gran pesar en el corazón" a Aryeh Deri, su ministro de Interior y Salud (del partido religioso Shas), que ha durado 26 días. La razón: el Supremo lo ha ordenado así por sus condenas por corrupción, de sobornos a fraude. Fue condenado el año pasado, pero la sentencia se había dejado en suspenso y ahora es firme. Deri debía estar dos años en esa cartera dble y luego acabaría la legislatura servirá como ministro de Finanzas y viceprimer ministro.

Anteriormente, si una persona era condenada en libertad condicional, no podría ocupar cargo en ningún ministerio. Sin embargo, el Parlamento israelí cambió dicha ley el mes pasado y, por eso, Deri pudo ser nombrado. Ahora, si entra en juego la reforma, Netanyahu lo podrá repescar sólo con volver a pasar su nombramiento al voto de su gente y sus socios. 

Suzie Navot, profesora de Derecho Constitucional en el Instituto de Democracia de Israel, denuncia por eso en su institución que "la reforma simplemente da cuenta de la idea del poder absoluto" del actual Ejecutivo y advierte de que, frente a ella, los "controles y equilibrios" de Israel son relativamente frágiles. Pone el foco, además de en la independencia, en el riesgo de que se propague la corrupción porque, al limitar el contrapeso judicial frente al Poder Legislativo y el Ejecutivo, es más fácil que se favorezcan contratos del círculo amigo y que no haya trabas a la aprobación de proyectos de ley importantes, en lo político y en lo económico. 

El impacto sería elevado en el tejido democrático de Israel pero también en su riqueza, como han advertido dos antiguos gobernadores del Banco Central de Israel. Karnit Flug y Jacob Frenkel han escrito una columna a cuatro manos en el diario Yedioth Aharonoth en la que afirman: "La radical revisión del poder judicial asestará un duro golpe a la economía de Israel y a sus ciudadanos". Creen que con la norma llegará el declive del país internacionalmente y empeoraría la percepción de Israel como un Estado con derecho a existir. Si se infringen los derechos de las minorías y no se respeta la división de poderes, Israel podría perder una de sus principales defensas en cuestiones legales internacionales. Y con menos seguridad jurídica, llegarán menos inversiones extranjeras y será más complicado recaudar fondos. 

El séquel, la moneda oficial de Israel, también se ha debilitado recientemente en parte debido a lo que los economistas consideran como "un cambio de visión sobre Israel, que se ha vuelto más globalmente negativo". 

El presidente del país, Isaac Herzog, está tratando de mediar entre el Gobierno, la oposición y los miembros de la Justicia para calmar las aguas, "evitar una crisis constitucional histórica" y "frenar una mayor división de la nación". Por ahora, sin resultados. 

Mucho más que la justicia

No es sólo la justicia. Los partidos que ahora están con Netanyahu defienden la supremacía judía y el régimen de apartheid; la toma permanente de los territorios palestinos; rezos judíos en la mezquita de Al-Aqsa; el retroceso de las medidas contra la discriminación mediante cambios radicales en el sistema jurídico de Israel, y el aumento de la represión policial y militar contra los palestinos y los trabajadores, judíos y palestinos, dentro del propio Israel, con distinciones por origen y credo. 

Para los palestinos, es una nueva catástrofe, denuncia la Asociación por los Derechos Civiles de Israel (ACRI). En un documento con las amenazas del nuevo gabinete, resalta como "evidente" que es una suma que "avanza hacia la anexión de Cisjordania, en violación del derecho internacional". "El pueblo judío tiene un derecho exclusivo e indiscutible sobre todas las partes de la Tierra de Israel", dicen sus acuerdos. "El Gobierno promoverá y desarrollará los asentamientos en todas partes de la Tierra de Israel", se lee. 

ACRI denuncia que los planes de trabajo de Netanyahu y su equipo son detallados, con una "especificidad inusual" en un acuerdo-marco, por lo que teme que la ultraderecha tenga proyectos muy claros en mente, de pronta ejecución, para cambiar el funcionamiento del gobierno militar de las zonas ocupadas, expandir las colonias, legalizar los asentamientos y puestos de avanzada irregulares a ojos de la ley israelí -de la comunidad internacional lo han sido desde siempre-, multiplicar los derribos de propiedades palestinas o promover la expropiación de tierras. "Con una reducción notable de reducción de cuentas", añade. 

Más allá de las medidas concretas, avisa la asociación, hay una "visión política" completa, profunda, que puede "despojar" de derechos a los palestinos y a los propios ciudadanos israelíes que no son como quieren los ultras y religiosos que sean. Los que se están levantando y prometen no parar. Como escribe Yaakov Katz en el conservador diario The Jerusalem Post, “hablar de una guerra civil es peligroso. Israel está en vísperas de su 75 aniversario y la idea de que este último experimento de soberanía judía en miles de años esté en peligro a causa de una discordia interna debería sacudirnos a todos hasta lo más profundo”. “Sí, las cuestiones que se están planteando son importantes, y las consecuencias son potencialmente nefastas. Pero no debemos dar por sentado este Estado. Debemos protegerlo, y sí, también debemos luchar por él”.