Israel ante el abismo: así afectará a su democracia la ultraderecha aliada con Netanyahu

Israel mira el abismo desde el precipicio. Esta vez, el mayor riesgo existencial para su democracia no hay que buscarlo ni en Palestina ni en Irán, sus habituales archienemigos, sino en el seno mismo de su Gobierno: Benjamin Netanyahu, el primer ministro, ha conformado la coalición más ultraderechista, fundamentalista y radical de su historia, apoyándose en nacionalistas radicales y judíos ultraortodoxos, que puede salvarle de las investigaciones judiciales por corrupción pero que, también, puede llevar a la destrucción del sistema tal y como hoy se conoce.

Cinco elecciones, más de dos años y medio, le ha costado al líder del Likud, Netanyahu, volver a liderar el consejo de ministros. Tiene apenas 32 diputados de los 120 que componen la Knesset, así que ha tenido que aliarse con cinco formaciones más para reconquistar el trono que sus opositores -otra suma a ocho en un país atomizado- no supieron mantener. El poder tiene un precio. La libertad, también, y Netanyahu lo ha pagado. La justicia lo tiene arrinconado con tres casos supuesto fraude, soborno y abuso de confianza y puede acabar en la cárcel, pero pretende cancelar su juicio a través del Parlamento y para eso necesitaba gente dispuesta a apoyarlo, a bloquear cada acción de la justicia. A cambio, ha tenido que poner ministerios clave en manos de radicales condenados incluso por terrorismo.

¿Podrá amansar a sus aliados con promesas y aplazamientos? ¿Se conformarán los demás con tocar poder? No lo parece, esta vez. Porque la necesidad es vital, porque sin muleta, Netanyahu se cae. Por eso ha guardado en el cajón lo que, en otros momentos, fueron líneas rojas. Los fanáticos están al mando y lo saben.

Cómo están las cosas

Israel cerró el año, in extremis, con un nuevo gabinete. Lo forman el Likud del primer ministro (hasta hace pocos años, derecha clásica, ahora radicalizada), más los religiosos Shas y Judaísmo Unido de la Torá -aliados habituales de Bibi- y la alianza tripartita de Sionismo Religioso, ultraderechista, ultranacionalista, supremacista judía y antiárabe -que ha tenido un crecimiento meteórico, de 6 a 14 escaños en un año largo-. Suman 64 diputados, en total.

El último bloque es el que más preocupa. Lo forman fuerzas hasta ahora marginales, de las que ahora todo pende. No es que sean influyentes, sino que son determinantes. Han ganado espacio a través de lo que el periodista francoisraelí Charles Enderlin denomina “zapa ideológica”, que ha acabado cuajando en un arraigo de la ideología ultranacionalista en una parte de la sociedad, desencantada por la falta de liderazgos y de respuestas. Siempre el río revuelto como granero de votos para los radicales.

El país ha vivido un giro ideológico, especialmente acelerado en los cinco últimos años. El arco político se ha escorado a la derecha y la división de izquierda y derecha no responde a nada. Antes, los posicionamientos se marcaban en función del conflicto con Palestina y en algunos aspectos sociales. Ahora se impone la religión, el racismo y la mano dura. Pero, eso sí, Netanyahu ha necesitado de muchas manos para subir la escala del poder y, aún así, apenas ha pasado el límite por tres parlamentarios. Eso quiere decir que no tiene una mayoría social grande para hacer cambios hondos. Y es justamente eso lo que procede a hacer, empujado -a veces parece que gustosamente- por sus socios.

Ha cerrado un gabinete con una treintena de ministros para contentar a todos, en los que sólo hay cinco mujeres. Se ha desprendido por ejemplo de Finanzas, para dárselo a Bezalel Smotrich, que ha avisado de que su estrategia económica estará impregnada de las creencias religiosas establecidas en la Torá -los cinco primeros libros de la Biblia hebrea-, porque ayudarán al país a prosperar. “Probaron muchas teorías económicas, ¿verdad? Probaron el capitalismo, probaron el socialismo. Hay una cosa que no probaron: ‘si obedeces’”, apuntó Smotrich, refiriéndose a las Escrituras que llaman a los fieles a seguir la voluntad de Dios. También ha sugerido ya un cambio en las prioridades de gasto del Gobierno entrante, incluyendo un aumento significativo del presupuesto para estudios religiosos.

En 2006, este radical participó en la organización de un acto llamado El desfile de las bestias, una marcha contra el colectivo LGTBI en que que se calificó a los homosexuales como “un grupo de desviados que llevan a cabo un acto que repugna al público israelí”.

También ha cedido Netanyahu el valiosísimo Ministerio de Seguridad Nacional, ahora comandado por Itamar Ben Gvir. Su currículum habla por sí solo: en 1995, atacó el coche del entonces primer ministro, Isaac Rabin, asesinado semanas después por un radical judío. Se ha convertido en el abogado de referencia para todos los fanáticos y activistas de extrema derecha, como aquellos colonos a los que defendió en 2016 por quemar a una familia palestina en su casa. Mataron a un bebé y a sus padres.

Proclama su adoración por Meir Kahane, un rabino extremista que quería establecer un estado teocrático y expulsar a todos los árabes de Israel, y jalea los atentados de su grupo. Ha sido condenado por incitación al racismo y apoyo a un grupo terrorista. Y es el señor que ahora se hace cargo de la Policía de Fronteras que vigila los Territorios Palestinos y las colonias en suelo ocupado, donde viven unas 600.000 personas, según datos de la ONU. El riesgo de más anexiones, más demoliciones y más represión es real.

Y completa la terna más peligrosa Isaac Wasserlauf, ministro para el Desarrollo de Néguev y Galilea, que defiende que los palestinos -a los que llama “desleales”- deberían ser deportados y que “un terrorista que tira una piedra debe ser fusilado”. Israel, gracias a sus correligionarios, se está planteando recuperar la pena de muerte para casos de “terrorismo”.

Lo que va a cambiar

Dice Netanyahu que no entiende el revuelo que está generando su Gobierno. Que no es “el fin del estado” ni “el fin de la democracia”, porque “no es el fin de la democracia perder unas elecciones, sino su esencia”. Sin embargo, democracia es mucho más que votar cada cierto tiempo y los acuerdos alcanzados por las seis formaciones incluyen propuestas que sí que pueden poner en riesgo las libertades de Israel, al que sus dirigentes gustan de llamar “la mayor democracia de Oriente Medio”.

El primer ministro sostiene que garantizará la “diversidad” en el país y que sólo pide “unidad” para combatir sus dos mayores malos: la amenaza iraní -se estaba renegociando un acuerdo nuclear entre Teherán y Occidente pero Tel Aviv lo frenó, incluso con el anterior Ejecutivo de Yair Lapid- y el conflicto con los palestinos, que promete acabar “definitivamente”, entre otras cosas, ampliando sus acuerdos con el resto del mundo árabe. Por asfixia, se entiende. Habla de desarrollar regiones periféricas, de mejora de infraestructuras, medidas contra la inflación y soluciones para la vivienda, cita EFE,  pero lo grave es que hay medio Gobierno que quiere anular la distinción entre lo religioso y lo lego, entre la ley y las escrituras, entre lo administrativo y lo militar, que trata de menos a las mujeres y repudia a los homosexuales o a los no judíos.

Uno de los puntos más polémicos es justo el de la amenaza de la igualdad de derechos. Por ejemplo, se han añadido en el acuerdo de Gobierno unas cláusulas llamadas “de discriminación” que permitirían que cualquier negocio, servicio o profesional pueda negarse a atender a alguien por motivos religiosos, porque “contradiga” su fe. Puerta abierta a que un médico no trate a un paciente gay o a que se aplique un apartheid de hecho contra el 20% de la población, de origen palestino, musulmanes y cristianos en su mayoría. Es una cláusula no vinculante de inicio, pero que la ultraderecha ha avisado que exigirá como si lo fuera.

Los haredíes habían reclamado hasta una ley de segregación, para que hombres y mujeres ocupen espacios públicos diferentes. Netanyahu no la ha rechazado de plano. Desde hace años, la presión de los ultraortodoxos en determinadas poblaciones como Jerusalén estaban llevando a choques por estos motivos.

También inquieta lo que puede pasar con los palestinos. Tras años de statu quo, con las negociaciones de paz paradas desde 2014, quedan la ocupación, los controles, las limitaciones... A eso ahora se puede sumar una política activa de anexiones, porque los ultranacionalistas defienden que Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental son tan suyas como Tel Aviv. La anexión de la Cisjordania ocupada, que Israel tiene bajo control militar y administrativo en un 62% gracias a la llamada Zona C, sí está en los acuerdos rubricados por este gabinete, además de la pena capital para delitos de terrorismo -que es lo que se usa para muchos de los detenidos en protestas palestinas- y el veto de la bandera palestina, que ya se ha ordenado.

Netanyahu ha defendido el derecho “exclusivo e incuestionable sobre todas las áreas de la Tierra de Israel”, aludiendo a la visión bíblica de los mapas y los títulos de propiedad. Eso tira por tierra los acuerdos de paz sucesivos, de Oslo a Camp David, y la solución de dos estados en vecindad soberana y pacífica. Los palestinos se han mostrado “indignados” y están a la espera de los primeros pasos, cada vez más vulnerables y expuestos al ocupante, donde los radicales ganan energía. Las medidas por venir se encuentran con una población donde el cansancio ya desborda, transformado en rabia, y donde se están creando nuevas milicias, sin líderes conocidos ni anclaje en las viejas formaciones, que atacan porque no se conforman con lo que hay. Pueden saltar más si más se les pincha.

En el plano institucional, numerosos jueces, fiscales, profesores universitarios y hasta embajadores jubilados han enviado cartas reclamando que se frene la pretendida reforma del Poder Judicial, que amenaza con borrar las fronteras con el político y el legislativo, ahora en manos de los mismos. Israel no tiene una constitución como tal, sino un conjunto de Leyes Básicas que hay que respetar. Ahora, el titular de Justicia, Yariv Levin, ha anunciado un plan para hacer una “reforma radical” que incluye otra cláusula, la de “anulación”, por la que se permitiría que una minoría simple de la Kneset volviera a promulgar cualquier ley que la Corte Suprema -que hace las veces de Tribunal Constitucional- rechace por no respetar esas normas.

“Eliminaría todas las barreras puestas al poder de la mayoría política, da igual que las normas sean contrarias a las bases del país o violen los derechos humanos”, alerta en un comunicado ACRI, la Asociación por los Derechos Civiles de Israel, que llama a Levin “ministro de Destrucción Democrática”. Entienden que la separación de poderes quedará disuelta, que el Gobierno no tendrá necesidad de justificar sus acciones ni pasar filtros. A ello se suma que el Ejecutivo quiere controlar la nominación de los jueces, que pasarían a ser “políticos” y, por tanto, manejables. “No es una exageración ni una amenaza, es un Gobierno antidemocrático que promueve descaradamente ideas racistas en su legislación, intentando cambiar la estructura misma del sistema”, remacha la ACRI.

La organización denuncia que también está en riesgo la libertad de expresión. La disidencia, avisa, se va a pagar cara. A las leyes restrictivas sobre ONG sospechosas de apoyar a la causa palestina, ahora la pelea es seguir ampliando la definición de “terrorismo” para que todo quepa, con una potente campaña de “deslegitimación” del contrario, empezando por la oposición, y una aceleración en el control de los medios de comunicación, para evitar discrepancias.

Grandes, grandísimos cambios, para un país moderno, levantado en menos de 75 años con enorme brío, que está por ver cómo sientan en el “mejor socio”, el “aliado eterno”, el “amigo americano”. En Washington hay preocupación por el rumbo de la política israelí y se están detectando algunas críticas en el seno del lobby judío norteamericano pero pese a ello y a que la relación de Netanyahu con Joe Biden no es especialmente buena, se espera que siga habiendo práctica carta blanca para Tel Aviv.

Lo que dicen los expertos

Daniel Kupervaser, analista israelí, define el cambio como una “revolución histórica del régimen institucional” del país. Le preocupa especialmente la “anulación de la autoridad” judicial. “Quieren tener el derecho de no acatar las leyes, de tener el poder absoluto. Es trágico”, resume. Recuerda que él mismo es un judío de origen argentino y sabe lo que es “vivir en un estado dictatorial y, ahora, en Israel”. “Es una situación sin precedentes. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Israel ha acusado al Gobierno de un proyecto de destrucción de la justicia israelí”, indica.

Alerta también de que “amplios sectores de la extrema derecha reclamen el derecho a la excepcionalidad judía”, cuando “discriminar es inaceptable”, y avisa de la composición desvelada por la prensa de “listas negras” de opositores o críticos. “Está sucediendo”, lamenta, “muy preocupado”.

Defiende que Israel no tiene ningún “peligro existencial” que lo persiga, sino que el “verdadero peligro es la colonización”, que define como “la gran tragedia de Israel”. “La grandeza de Rabin es que se dio cuenta de que por la fuerza esto no se va a resolver, pero otros no lo ven. No quieren escuchar”, concluye. Puede haber un “serio problema” si la Autoridad Nacional Palestina, cansada de agresiones, plantea el escenario de que Israel se haga cargo de todo, de tres millones de palestinos. “No va a saber qué hacer”, adelanta. De momento, en el día a día, lo que espera “es que se incrementen los discursos y los gestos violentos”, lo que puede prender la mecha de nuevo. Gvir, dándole la razón, ya ha visitado como ministro la Explanada de las Mezquitas.

Matiza que Netanyahu “no es una persona que tenga en su agenda este tipo de proyecto”, pero se ha visto abocado a ello “para librarse del juicio”, si es posible. Recuerda que se le dice “mago” por algo y que intentará tener una base lo más estable posible. “Puede ser que llegado el momento apriete el freno”, confía, que “se ponga de pie y se oponga”. Será clave para ello ver lo que hace la Casa Blanca, una “gran incógnita”, una “posición crítica” de la que depende incluso el comportamiento por venir del Ejército de Israel.

En cualquier caso, más allá de actores externos, a Kupervaser le duele la involución en su país, donde “muy rápidamente se le dio crédito a las posiciones de los extremistas”, que por ejemplo eran “invitados de honor” en todos los programas de televisión. El debate de ser o no altavoz de la ultraderecha.

Moussa Bourekba, investigador del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), explica que el cambio de Gobierno puede traer “serias consecuencias” para el proceso de paz con los palestinos, toda vez que va a estar “muy marcado por las políticas de derechas”. Aguarda una “continuación sin reservas de la colonización” y una “línea muy represiva hacia los palestinos”, ese pueblo que tiene bloqueada su soberanía y que está a expensas de lo que haga la potencia ocupante.

“Me preocupa mucho, muchísimo, lo que pueda pasar porque el pueblo palestino también está caliente, con un líder (el presidente Mahmud Abbas) desfasado, muy mayor, sin sucesor claro, y en un contexto en el que están emergiendo nuevos grupos, incluso armados”, indica. Cita el caso de la ciudad cisjordana de Nablus y la Guarida de los Leones, que llevaron incluso a convocar una huelga general de notable seguimiento. Ante nuevas amenazas, dice, puede haber nuevas respuestas.

Queda una legislatura para verlas venir.