Europarlamento y Comisión chocan por los fondos liberados a la díscola Hungría
La Eurocámara denunciará a Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la UE por entender que no se puede "ceder al chantaje" que impone Orbán, investigado por violar en Estado de Derecho, sobre todo cuando hay que decidir sobre Ucrania.
La Comisión Europea ha defendido la legalidad de su decisión de liberar 10.200 millones de euros en fondos de cohesión a Hungría el pasado diciembre después de que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, confirmara este mismo jueves que la Eurocámara denunciará a Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por ello antes de que acabe el mes.
El Ejecutivo comunitario actuó "en pleno cumplimiento de la legislación europea y así lo defenderá en los tribunales", ha dicho su portavoz de Justicia, Christian Wigand, en una rueda de prensa en Bruselas en la que ha remarcado que las reglas de la Unión Europea establecen "calendarios y condiciones estrictas" de las que los servicios comunitarios no pueden alejarse.
Wigand ha afirmado que el Gobierno húngaro ha presentado "todas las pruebas requeridas" por la Comisión Europea respecto a que ha tomado las medidas para "demostrar la independencia de su judicatura", por lo que su "obligación legal" es liberar los fondos.
La controversia se remonta al pasado diciembre, cuando la Comisión de Ursula von der Leyen anunció el desbloqueo de 10.200 millones de euros en fondos de cohesión para Hungría tras considerar que Budapest había avanzado suficientemente en las reformas para fortalecer la independencia judicial que se le exigían desde la UE.
Sin embargo, este gesto fue interpretado por voces críticas como un acercamiento de Bruselas a Orbán para intentar convencerle de que levantara su veto a la ayuda a Ucrania que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE negociaban para el próximo marco financiero y que, finalmente, pudo ser aprobada en una cumbre extraordinaria en febrero.
Entretanto, la Eurocámara denunció en una resolución de enero la amenaza sistémica que a su juicio representa el Gobierno húngaro para los derechos fundamentales en la Unión Europea y en una resolución llamó a "no ceder al chantaje" y elevar presión, así como estudiar posibles acciones legales contra Bruselas por liberar esos fondos.
Los pasos formales
En este contexto, la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo (LIBE) pidió esta misma semana a Metsola acudir a la Justicia europea para denunciar la decisión de la Comisión Europea, que permite a Budapest reclamar hasta 10.200 millones de euros pero, con todo, mantiene congelados otros 21.000 millones.
El paso de elevar el caso ante el Alto Tribunal europeo es prerrogativa de la presidenta de la Eurocámara, razón por la cual no se ha formalizado hasta este jueves, cuando la conservadora maltesa ha informado en la Conferencia de Presidentes de que dará orden a los servicios jurídicos de presentar la demanda antes de que concluya el plazo, esto es, el próximo 25 de marzo, han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.
