Biden se irá, pero su legado queda: la labor del presidente que su decadencia final ha dejado en segundo plano

A Joe Biden no le ha ido nada bien en eso del relato. El presidente de Estados Unidos, que ayer anunció que desiste de intentar la reelección en noviembre, ha estado trabajando con un nivel verdaderamente alto durante todo su mandato, logrando récords en la producción de leyes y decretos, en un intento de cambiar el país que le dejó el republicano Donald Trump. Sin embargo, sus hechos han copado muchos menos titulares que los escándalos de su oponente y, en la última fase, que sus problemas para ejercer decentemente el cargo. Los que le han hecho dar el paso al lado. 

Ante todo el circo, le ha costado hacer entrar por los ojos sus buenos datos, sus apuestas, la estadística que demuestra lo hecho, hasta el punto de que, por ejemplo, el norteamericano medio dice en las encuestas que siente que la economía está fatal cuando vive uno de sus mejores momentos. Lanza barro, que algo queda. 

Heredó un país en plena pandemia de coronavirus, dividido hasta las raíces, y ha sumado las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania -sobre todo, la inflación- y la de Israel en Gaza, pero aún así está logrando impulsar algunas leyes históricas, cosiendo mayorías que parecían imposibles y poniendo el foco en emergencias nacionales. Eso quedará. 

El presidente de EEUU ha sido criticado por su edad, por sus aparentes despistes o desbarres, pero ahí ha ido, cumpliendo su programa y transformando el país. Lo ha logrado, sobre todo, en la primera mitad de su mandato, que es cuando contaba con la mayoría de las dos Cámaras, el Senado y la de Representantes. En las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre de 2022 logró frenar la esperada ola republicana, manteniendo el Senado en manos demócratas, pero el bloqueo de los de Trump ha sido inclemente. Ahora aún le quedan por delante tres meses largos de mandato, antes de pasar a estar en funciones. 

De lo importante a lo simbólico

El primer día en el Despacho Oval ya se quitó 17 medidas que no le gustaban, revirtiendo lo hecho por su antecesor, Trump, y luego abordó los nuevos requisitos de vacunación contra el covid-19, la mejora de procesos burocráticos obsoletos y el control de armas, con la primera legislación en el país desde Bill Clinton. 

Y sólo en su primer año, Biden ya abordó los tres retos fundamentales de su Gobierno: el coronavirus, la situación económica y la estabilidad democrática. Los números hablan: aprobó tres leyes de peso -actualmente se han elevado a ocho-, cuando Trump aprobó una (para que las grandes corporaciones pagasen menos impuestos), Barack Obama dos (un plan de rescate y el Obamacare, su propuesta de atención sanitaria), y George W. Bush hizo cuatro (la Ley Patriótica tras el 11-S, una de impuestos, otra de ayudas al estudio para niños, la del aborto y la reforma del Medicare).

También gana con los decretos firmados ejerciendo su potestad ejecutiva: con 77, en un año ya había superado con creces los 58 de Trump en el mismo periodo o los 41 de Obama, o los 56 de Bush.

Números importantes que van de la mano de contenido. A los dos meses de llegar a la Casa Blanca, Biden promulgó el Plan de Rescate Estadounidense, un amplio paquete de 1,9 billones de dólares, una de las leyes más importantes en décadas destinada a impulsar la recuperación económica provocada por el covid-19. Incluyó ayudas de estímulo de 1.400 dólares por persona para aproximadamente el 90% de los hogares estadounidenses, porque esta crisis tenía un impacto universal, también en las clases medias, y contempló una mejora federal de 300 dólares en los subsidios semanales por desempleo y una expansión del crédito tributario por hijos de hasta 3.600 dólares por niño, entre otras medidas.

Ese mismo mes, Biden también firmó dos leyes que extendían el alivio económico durante la pandemia, articulados que hay quien suma aparte y quien incluye en este paquete coronavirus. Así, amplió el Programa de Protección de Pago de Cheques, un esfuerzo “clave” del Gobierno para proporcionar ayuda a las pequeñas empresas a las que la pandemia afectó, y la Ley de Extensión de Alivio de Bancarrota, que amplió igualmente las disposiciones temporales de la norma previa de 2020.

Tardó meses, pero en noviembre pasado sacó adelante la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleos, que inyectó 1,2 billones de dólares para levantar infraestructura “dura” tradicional, como la llamó el presidente. Dispone de 550.000 millones en nuevas inversiones federales para carreteras, puentes, redes de transporte público, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y vías fluviales por todo el país. El paquete también incluye 65.000 millones de dólares para mejorar la infraestructura de banda ancha y al menos 25.000 a la red eléctrica y los sistemas de agua. Otros 7.500 millones se destinarán a establecer una red nacional de cargadores de vehículos eléctricos.

Hoy, el Fondo Monetario Internacional (FMI) eleva sus previsiones de crecimiento del producto interior bruto de la primera economía del mundo en 0,6 puntos, hasta el 2,7%. Y su tasa de paro está en el 4,1%.

Ha tenido que abordar dos posibles cierres de Gobierno. Fue in extremis, tras sudar la gota gorda, pero acabó con un callejón sin salida sobre las objeciones de algunos senadores republicanos a los requisitos de Biden sobre la vacuna contra el covid-19 que amenazaban con llevarse por delante la Administración y, luego, por ayudas a Ucrania. Biden acabó firmando un proyecto de ley que aumentó el techo de la deuda nacional en 2,5 billones, dando más tranquilidad y estabilidad. Y firmó, de forma complementaria, dos disposiciones de emergencia para financiación extra: la Ley de Ampliación de la Financiación del Gobierno y de la Entrega de Asistencia de Emergencia, así como la Ley de Asignación Suplementaria de Seguridad de Emergencia.

Hay dos normas más que Biden sacó adelante en su primer año, de menor calado social o económico pero muy simbólicas: la Ley del Día de la Independencia Nacional Juneteenth, que establece el 19 de junio como festivo nacional para conmemorar el fin de la esclavitud en el país, y la Ley de Prevención del Trabajo Forzado de los Uigures, que prohibió las importaciones de la región china de Xinjiang, donde se persigue indiscriminadamente a esta minoría musulmana.

La revolución

Fue en el verano de 2022 cuando presidente demócrata ha dio el mayor impulso a su legislación. Lo más importante fue la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación, un “hito”, como la llaman sus compañeros de partido, “una de las leyes más significativas de nuestra historia”, en palabras del presidente. En 15 días se desbloqueó con una negociación digna de House of cards. Contemplaba más de 400.000 millones de dólares en nuevas inversiones, casi todas centradas en dar un impulso a la industria de la energía verde y reducir las emisiones y supondrá la mayor inversión pública contra la crisis climática en la historia del país. Sus partidarios estimaron que servirá para reducir en un 40 % las emisiones contaminantes del país de aquí a 2030 respecto a los niveles de 2005.

Metió mano también a los más poderosos, con un impuesto mínimo del 15% a las compañías con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares -que ha indignado a los republicanos y con el que se espera recaudar 700.000 millones de dólares-, mientras que se reforzará la agencia de recaudación de impuestos para hacer más difícil evadir el pago de impuestos. Hoy se dejan de cobrar unos 160.000 millones, según cálculos del Ejecutivo. Y no se olvida de la sanidad: prevé reducir el gasto en sanidad de los ciudadanos, que pagan entre dos y tres veces más que los ciudadanos de otros países por los medicamentos recetados.

Todo esto le valió, incluso, el calificativo de “socialista” y hasta de “comunista” por parte de sus detractores. La bandera del demonio rojo rescatada en tiempos de elecciones.

Más: en agosto de 2022 aprobó la ley para impulsar el desarrollo y la producción de semiconductores o Ley Chip, que contemplan una inversión total de 280.000 millones de dólares para recuperar la competitividad internacional en el sector. 52.700 de esos millones están dirigidos a fomentar la construcción y ampliación de fábricas nacionales de semiconductores con subsidios y créditos adicionales. Se calcula que sólo fabricando nuevas factorías y oficinas para el sector se pueden crear un millón de puestos de trabajo en seis años. La diana es China, de la que depende el mundo por la enorme producción de estos chips, más aún en tiempos de choque con Pekín por Taiwán, uno de los mayores productores del mundo, que podría verse bloqueado.

Completó Biden su podio legislativo con una norma de enorme importancia para él, la que mejora la cobertura sanitaria de los veteranos de guerra de EEUU. Culmina con este texto una batalla de años para garantizar el tratamiento de enfermedades crónicas que los veteranos han atribuido a los pozos de combustión, que se utilizaron para eliminar productos químicos, neumáticos, plásticos, equipos médicos y desechos humanos en bases militares estadounidenses. Las estimaciones de las tropas afectadas ascienden a 3,5 millones.

Es especial para Biden porque su hijo mayor, Beau, murió en 2015 de cáncer, años después de servir en Irak. El coste de su tratamiento fue muy elevado y ni siquiera su poderosa familia hubiera podido hacerle frente sin hipotecarse. Para evitar que vendieran su casa, fue Obama -con quien Biden fue vicepresidente- el que ayudó económicamente a los Biden. “Te lo debemos”, dijo el ahora presidente. “Eres la columna vertebral. Eres el acero. Eres el tendón. Eres la fibra misma que hace de este país lo que es”, enfatizó, hablando de Beau y, por extensión, de todos los uniformados veteranos.

En materia migratoria, ha sido este junio cuando Biden emitió una orden ejecutiva para impedir a los inmigrantes solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, todo ello cuando haya un registro alto de cruces. Con ello pretendía disminuir la presión y abordar uno de los puntos principales de la legislatura. Pero esto viene de lejos, pues Trump suspendió en 2018 la migración, que fue bloqueada en un tribunal federal. 

Todo entraría en vigor cuando el promedio medio de siete días de cruces ilegales alcance los 2.500 en tan solo 24 horas. La frontera tan solo se abrirá cuando esta media disminuya, aunque habrá excepciones cuando se trate de menores que vengan solos, víctimas de tratas y de aquellos que utilizan esta excusa para conseguir una cita con un oficial para así conseguir asilo. Quienes incumplan esta medida tendrán prohibido entrar en el país durante cinco años. Parece que esta política ha tenido resultados, al menos en el mes pasado: poco más de 83.000 migrantes han cruzado la frontera frente a, por ejemplo, los casi 117.000 que lo hicieron en mayo.

También ha anunciado un nuevo plan para regularizar la situación de, al menos, más de medio millón de personas casadas con ciudadanos estadounidenses que no tienen la nacionalidad. El plan de la Casa Blanca es "mantener juntas a las familias estadounidenses y reforzar la economía" para que estas personas puedan obtener el estatus de residencia permanente sin necesidad de salir del país.

El mundo en llamas

A Biden le ha tocado una legislatura muy complicada en política exterior. Una guerra en el corazón de Europa y el mayor conflicto en décadas entre israelíes y palestinos. Lidiar con las dos no ha sido sencillo. El conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó hace dos años largos, ha traído consigo una grave crisis humanitaria, política y de seguridad en Europa. Ante ello, el país liderado por Biden ha sido el principal aliado de Kiev y su presidente, Volodimir Zelenski, por el volumen y el peso de las ayudas (aunque proporcionalmente, los países vecinos a Ucrania han hecho un esfuerzo mayor, dice la OTAN). 

Y es que entre febrero de 2022 y diciembre de 2023, su Gobierno envió más de 76.000 milllones de dólares en concepto de asistencia. Parte de este dinero ha servido para financiar las acciones militares, mantener una cierta seguridad y cubrir las necesidades humanitarias. Hace tan sólo un mes, ambos firmaron un acuerdo por el que Estados Unidos se compromete durante 10 años a continuar entrenando a sus fuerzas armadas, además de reiterar su apoyo. Y costó seis meses de bloqueo en las cámaras, pero esta primavera se desbloquearon 60.000 millones de dólares más. 

Por otro lado, Oriente Medio cambió de golpe el 7 de octubre pasado, cuando Hamás lanzó su serie de ataques sobre Israel y Tel Aviv inició su ofensiva sobre la franja, que aún dura. Esa crisis ha marcado en este tiempo la relación entre EEUU e Israel, en el que e han producido las mayores críticas conocidas de una Administración de Washington a una de Tel Aviv. Sin embargo, pese a las palabras altisonantes de Biden, las dos partes han mantenido el pacto de los envíos de armas. Sólo ha habido un leve retraso, ante la amenaza de Israel de invadir Rafah. 

Y están las relaciones entre Estados Unidos y China, cruciales. Para los estadounidenses, China es una potencia clave económica, política y militarmente. Biden ha acercado posturas, tras la guerra comercial de Trump, pero sin bajar las espadas. En noviembre de 2023, descongeló las relaciones en una cita con el mandatario chino, Xi Jinping, y desde entonces se han mejorado apuestas conjuntas en materia de cambio climático, por ejemplo, y se han reabierto cauces de comunicaciones de defensa que estaban tapiados. Aún así, Biden sigue llamando a su homólogo "dictador". 

Todo eso ha estado eclipsado en estos años por los juicios a Trump o las confusiones presidenciales. Pero está. A quien venga le tocará mantener el legado o dinamitarlo.