Alfredo Cospito, el anarquista en huelga de hambre que causa tremendos dolores de cabeza a Meloni

El caso del preso anarquista Alfredo Cospito, en huelga de hambre desde hace más de 100 días, protagoniza la política italiana de estos días. Un caso que está causando movilizaciones en las calles y tremendos dolores de cabeza a la primera ministra, Giorgia Meloni, ultraderechista para más señas. 

Ha habido protestas por el estado de salud del activista en al menos una decena de ciudades del país, al grito de "Cospito fuera", reclamando su liberación. Han acabado con la detención de unas 50 personas, según datos policiales. Lo que no se ha recontado aún son los daños: los manifestantes intentaron forzar varias veces los cordones policiales, dañaron vehículos y lanzaron cócteles molotov a una comisaría de policía, dejando, al menos, a un agente herido en Roma. Antes, en diciembre y en un ataque similar, se provocó el incendio de un coche que pertenecía a la primera consejera de la Embajada italiana en Atenas.

¿Pero quién es Alfredo Cospito? Es un anarquista que que cumple una condena de 20 años por un atentado sin víctimas cometido en 2006. Las explosiones, con una diferencia de media hora y efectuadas con bombas de fabricación artesanal, no causaron muertos ni heridos y Cospito siempre ha afirmado que se trató de un atentado reivindicativo y que no tenía intención de herir o matar a nadie.

La semana pasada, el garante nacional de las personas privadas de libertad, Mauro Palma, afirmaba que su situación era "grave" y debía ser trasladado con "urgencia" a un centro médico desde la cárcel de Sassari (Cerdeña), donde lleva 102 días de protesta por el régimen de aislamiento al que se encuentra sometido.

Su principal reclamación, por la que lleva a cabo su protesta, no es su propia libertad, sino la desaparición del estricto régimen de aislamiento, sin posibilidad de visitas y con un trato muy limitado con el resto de los reclusos, llamado "41 bis", creado para casos excepcionales vinculados a la mafia, pero que se le aplica a él desde mayo pasado, después de la condena por varios delitos, incluido el atentado calificado de "masacre" y "con carácter terrorista" frente a una escuela de carabineros sin heridos en Turín (norte).

La cárcel "dura" a la que han sido sometidos los más sanguinarios capos mafiosos, como el recientemente detenido jefe de Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, impone unas condiciones sumamante estrictas que dividen a quienes son partidarios de "aislar" a los capos mafiosos y quienes lo califican de violación de los derechos humanos.

Catedráticos de Derecho Constitucional, profesores universitarios, filósofos, exfiscales y antiguos magistrados, entre otras muchas personalidades, lanzaron el pasado miércoles una petición al Ministerio de Justicia, el Gobierno y la Administración Penitenciaria para "salvar la vida de Alfredo Cospito".

Los límites del 41 b

El 41 bis, que se empezó a aplicar tras los mortales atentados en 1992 contra los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en Sicilia, impone fuertes restricciones.

El reo vive en una celda individual sin contacto con el resto de presos y sin acceso a las zonas comunes; solo en algunos casos se le concede un par de horas al aire libre, siempre solos, y está sometido a una vigilancia continuada por agentes que no pueden mantener contacto con otros funcionarios.

El preso podrá recibir -solo en algunos casos- una visita al mes de una hora de sus familiares, separados por una mampara blindada, sin posibilidad de contacto físico, y además se controlará toda su correspondencia y no tendrá acceso a libros o revistas.

La dureza del 41 bis ha recibido fuertes críticas: el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura lo ha considera "inhumano" y ha sido cuestionado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mientras que en 2007 EEUU negó la extradición a Italia del mafioso Rosario Gambino alegando que ese sistema "equivale a la tortura".

En la actualidad, hay 728 reos sometidos al 41 bis, incluidas 12 mujeres. La gran mayoría son mafiosos, pero también hay 4 condenados por terrorismo, incluido Cospito, que lo considera "una violación de los derechos humanos".

La respuesta del Gobierno

La primera ministra italiana, Meloni, aseguró al calor de las protestas que "el Estado no debe dejarse intimidar por quienes piensan en amenazar a sus funcionarios". La líder de los ultraderechistas Hermanos de Italia (FdI) remató: "Y menos aún si el objetivo es flexibilizar el régimen de detención más severo para los responsables de actos terroristas", añadió en un comunicado. 

Sin embargo, sus palabras no han frenado el choque con la oposición. La polémica llevó el martes a suspender la sesión de la Cámara de Diputados italiana en la que se debatía la creación de una comisión antimafia, tras un enfrentamiento por el 41-bis. "El 41-bis no se toca", dijo tajante el ministro de Justicia, Carlo Nordio, en una rueda de prensa con los titulares de Exteriores, Antonio Tajani, y de Interior, Matteo Piantedosi, en la que explicaron que el traslado de Cóspito desde Cerdeña (oeste) a una prisión de Milán (norte), justo un día antes, no significa que se acepten sus peticiones. Es porque cuenta con una estructura médica más adecuada, dijo. 

El Gobierno prestará "máxima atención al estado de salud" de Cóspito, pero es "impensable" que se "cambien las condiciones de detención" porque "si lo hacemos, mañana podremos encontrarnos con cientos de mafiosos actuando de la misma manera", aseguró Nordio.

Tajani advirtió de que "se ha orquestado una campaña internacional anarquista contra instituciones y propiedad privada y pública en Italia y el extranjero" y que el Estado "no se doblega ante las amenazas y los chantajes de violencia, de ningún grupo", en relación a los incidentes protagonizados por los seguidores de Cóspito tanto en varias ciudades italianas como en otros países, donde han sido atacadas o vandalizadas sedes diplomáticas italianas. Ha ocurrido, por ejemplo, en Barcelona. 

Choque con la oposición

El diputado de los ultras Hermanos de Italia, Giovanni Donzelli, dijo que la mafia "está utilizando" al "terrorista Cóspito para que el Estado ceda en el 41-bis", antes de recordar la reciente visita a la cárcel de algunos diputados del progresista Partido Demócrata (PD) para comprobar el estado de salud del líder anarquista.

Tras asegurar que Cóspito también se había reunido con jefes de la 'Ndrangheta, la potente mafia calabresa, se preguntó en la Cámara de Diputados si "la izquierda está del lado del Estado o de los terroristas y la mafia". Son informaciones supuestamente facilitadas por Andrea Delmastro, subsecretario de Justicia.

El PD, inmerso en un proceso de renovación, se mostró indignado por esas palabras y su todavía líder, el ex primer ministro Enrico Letta, ha pedido a Donzelli que se disculpe y a Meloni, la líder de FdI, que se pronuncie sobre tales acusaciones. Un lío monumental que paralizó hasta el debate. 

Pero aún hay más: este miércoles, la oposición italiana ha pedido la dimisión de Donzelli, que es el vicepresidente del comité parlamentario que controla los servicios de Inteligencia, a quienes acusa de haber revelado informaciones confidenciales sobre el caso del líder anarquista, para usarlas con fines políticos.

Las revelaciones de Donzelli, a raíz de la información facilitada por Delmastro, han desencadenado una tormenta política y a las peticiones del PD se han sumado en las últimas horas el centrista Tercer Polo, del exprimer ministro Matteo Renzi, y los Verdes, mientras que el populista Movimiento 5 Estrellas no se ha pronunciado sobre la cuestión. Más allá de la política, la Fiscalía de Roma ha abierto una investigación por revelación y utilización de secretos oficiales después de que Donzelli "hiciese públicas las interceptaciones entre representantes de la 'Ndrangheta y la Camorra con Alfredo Cospito", revelan los medios locales.

"Hemos recibido la confirmación de que Donzelli no tuvo acceso a los documentos en el Ministerio, como torpemente intentó justificarse. La revelación procede, según confesión propia, de Delmastro, quien, como subsecretario de Justicia, con autoridad en el Departamento de Administraciones Penitenciarias (DAP) tiene acceso a información amparada por el secreto", dijo la portavoz del PD en la Cámara de los Diputados, Debora Serracchiani.

Está por ver en qué queda la doble pelea, la del prisionero y la política.