Hablemos de la eutanasia pero con seriedad

Por bien empleado daríamos nuestro anterior artículo si pudiera atribuírsele el efecto de haber mesurado un punto el tono argumentativo que el doctor Gómez Sancho emplea en su contrarréplica. Sea bienvenida en cualquier caso como muy de agradecer, en pro de la racionalidad, la retirada del término "barbarie" para describir un proceso que no dudamos en calificar nuevamente como un modelo de comportamiento democrático, que ha implicado e implica a los órganos competentes en materia de leyes -legislativo y judicial- y, también a los agentes directamente implicados, tanto médicos como ciudadanos potencialmente pacientes. Un proceso nada improvisado que se inició en los años 70 y continúa desarrollándose hoy mediante el procedimiento racional de ponderar los derechos individuales cuando entran en conflicto, entre sí o con el interés colectivo legítimamente representado por el estado.

Con respecto a si el doctor Gómez cree o no en la sacralidad de la vida (cosa por cierto que no nos aclara, ni tendría por qué hacerlo, ni -con toda sinceridad- nos preocupa) hemos de replicar que en nuestro artículo no afirmábamos tal cosa de él. Decíamos simplemente que no estábamos dispuestos a debatir con quienes -cito textualmente- "ocultando la verdadera razón de su rechazo, su creencia en la sacralidad de la vida, sigan empeñados en la argumentación falaz que pretende hacer pasar por hechos las opiniones, creencias y prejuicios, propios o de otros cuya autoridad sólo ellos reconocen". Dada la evidencia, entonces y ahora, de que debatimos, no parece haber motivo para sentirse aludido. En todo caso, reiterando nuestra posición sobre el asunto de la sacralidad de la vida, diremos una vez más que esa creencia es absolutamente legítima, tan legítima por cierto como su contraria; lo que rechazaremos siempre es su imposición a quienes no la compartimos y, mucho más, su ocultación bajo constructos ideológicos como el de la pendiente resbaladiza.

Por cierto, sí incurre el doctor Gómez en lo que rechazábamos en el recién mencionado párrafo de nuestro anterior artículo, en el sentido de tener por hechos lo que, en el mejor de los casos, son opiniones basadas en una autoridad discutible. Y lo hace cuando, para respaldar su afirmación de que "la eutanasia en Holanda hacía décadas que estaba ya despenalizada, pero desde hace más de diez años, está perfectamente legalizada", esgrima la autoridad del diario ABC. Él está en su derecho de atribuirle el valor de prueba que parece concederle; lo que no puede pretender es que compartamos esa valoración. Pero es que, incluso ese artículo que cita contiene afirmaciones como "la ley no significa, por lo tanto, una legalización en general de la eutanasia y la ayuda al suicidio" o "la eutanasia sin control seguirá estando penalizada con una condena máxima de doce años de cárcel" que más parecen estar en conformidad con nuestra tesis al respecto: que la eutanasia no está legalizada ni en Holanda ni en el resto de países que nombramos sino que sólo algunos supuestos de eutanasia -los que la ley y la jurisprudencia determinan- han sido despenalizados.

En todo caso, dado que no compartimos en absoluto con el doctor Gómez que la cuestión de si la eutanasia está sólo despenalizada o perfectamente legalizada sea "tan absolutamente importante para analizar el asunto que nos ocupa" no pensamos dedicarle ni un segundo más a ese debate marginal y accesorio. Cada cual que saque sus propias conclusiones.

A nuestro juicio, el debate verdaderamente crucial es si, desde esa comprensión y profundo respeto que manifiesta sentir el doctor Gómez para aquellos enfermos "que se encuentran en tal situación que prefieren morir a seguir viviendo" resulta éticamente admisible negarles una muerte tranquila, indolora, segura y acompañada, dentro de la legalidad, con el pretexto de evitar un presunto deslizamiento hacia la liquidación de personas que no querían la muerte. Para nosotros, hasta desde un discurso exclusivamente emocional y compasivo, mayoritario incluso en nuestro país, es éticamente admisible y deseable considerar plenamente justificada la ayuda altruista, incluso ejecutiva, prestada para morir a quien no tiene otra forma de poner fin a su sufrimiento. No digamos, desde un discurso ciudadano progresista que considere la libertad personal como un derecho inalienable y al estado democrático como garante de las libertades individuales, concretamente la de ejercer la propiedad de su vida.

A la despenalización de ciertas conductas eutanásicas se ha llegado mediante la ponderación y armonización de dos tipos de derechos: de parte del que pide la eutanasia, de su derecho al alivio del sufrimiento y del respeto a su dignidad; del otro lado, la obligación del estado a velar no sólo por el bien vida sino, también, por la preservación de la dignidad individual. Nos gustaría que quien preside la Comisión Central de Deontología de la OMC mostrase su argumentación sobre el valor relativo y la ponderación de los derechos y obligaciones en juego, en lugar de enrocarse en el argumento de "la pendiente resbaladiza".

La cuestión no es que nosotros respondamos a la pregunta -que se acerca demasiado a la ofensa personal- de si incluimos en nuestra defensa de la autonomía de las personas que válidamente renuncien a su derecho a seguir viviendo "la autonomía de todos esos desdichados a los que se ha aplicado la eutanasia sin su consentimiento y cuya autonomía ha sido, por lo tanto, cercenada y vulnerada de forma radical, definitiva e irreversible". En primer lugar porque la existencia de "esos desdichados" dista mucho de ser tan incontrovertible como pretende el doctor Gómez y resulta muy difícil admitir que unos países con un grado de desarrollo democrático envidiable -al menos para quienes consideramos la democracia como un bien- puedan estar los médicos cometiendo tales desmanes ante la pasividad de los jueces y a pesar de la atenta vigilancia de los grupos autodenominados pro vida. Algo no encaja en ese sombrío escenario que se nos quiere presentar.

En segundo lugar porque, aun admitiendo el peligro de abusos en la práctica de la eutanasia (abusos posibles en todo caso con y sin ley despenalizadora, como algunos informes y declaraciones afirman), no es sostenible el razonamiento de que para conjurar ese peligro haya ineludiblemente que negar el derecho. Ese torcido curso de razonamiento nos llevaría por ejemplo, mutatis mutandis, a tener que renunciar a la protección armada de las fuerzas de seguridad para evitar que, como ha ocurrido y es previsible que siga ocurriendo, algunos de sus agentes puedan emplear su arma reglamentaria para matar conciudadanos inocentes. El estado, que tiene encomendada nuestra protección, deberá tomar las medidas necesarias para minimizar esa posibilidad pero no parece muy admisible para la mayoría de la población que para ello se prohibieran las armas ni, mucho menos, se renunciara a la protección por los cuerpos de seguridad.

Pero es que hay una razón de mucho más peso para rechazar el argumento de la famosa pendiente: cuando se esgrime y magnifica ese presunto peligro ante la ciudadanía, se está buscando el efecto de movilizar a la mayoría de la población, la que no está en la situación de tener que pedir la eutanasia, en contra de dar solución al enorme problema de la minoría -la que está en situación tal que prefiere morir a seguir viviendo- porque según la teoría de la pendiente resbaladiza, la solución al problema de la minoría les pondría a ellos en riesgo de convertirse en esos desdichados a los que, de aprobarse la eutanasia, les sería arrebatada su vida sin su consentimiento. Para nosotros, ese modelo de sociedad "neoliberal" que se desentiende de los más débiles no es democrática ni deseable.

Se suman a la firma de este escrito:

Frutos del Nogal (médico). Fernando Pérez Iglesias (médico). Francisco Tovar Jara (médico). Elia Sevilla García (médico). Elia Sevilla García (médico). Manuel Eciolaza Carballo (médico). Mª Isabel Teigell García (enfermera). Miguel Ángel López Varas (médico). Sonsoles Rodríguez de la Parra (enfermera). Mª Soledad Cuervas-Mons Finat (enfermera). Alejandro Montoro De Antonio (enfermero). Luis Miguel Tre García (enfermero). Antonio Gómez Arbona (médico). Jose María Martin Gutiérrez (médico). Fernando Marín (médico). Jose Luis Menéndez Gómez (médico). Pilar Álvarez Ortega (médico). José Manuel Tamames Gómez (médico). Eduardo Foulkes Harosteguy (médico). Sara Cerezo Jiménez (enfermera). Antonio Heras Tebar (enfermero). Antonio Cuesta Gómez (médico). Jesús Ramos González (enfermero). María José Alemany Anchel (enfermera). Carlos Barra (médico). Carmen Iglesias Villabrille (enfermera). Francisco Grimalt i Sancho (médico). Jacinto Navlet Armenta (médico). Begoña Menéndez Martinez (médico).