Las claves de la semana: Llarena al rescate

El fenómeno no es nuevo. El politólogo Ran Hirschl lo llamó "judicialización de la mega-política" y tiene que ver con el peso de los agentes judiciales en la resolución de asuntos que, hasta ahora, estaban reservados a la "alta política". ¿Les suena? El "procés", un Gobierno incapaz, la Fiscalía, la Guardia Civil, el CNI... y un único magistrado al rescate del Estado de Derecho. Lo que el PP no fue capaz de conseguir ante la mayor crisis institucional que ha vivido España en democracia, está a punto de lograrlo un juez del Supremo: liquidar al independentismo. Y no precisamente en las urnas, sino a golpe de autos de prisión.

Lo advertía esta misma semana el expresidente Felipe González, que si de algo no es sospechoso es de contemporizar con los independentistas: "Hemos judicializado la política porque, como políticos, somos unos inútiles". No hay más grave sentencia para alguien que lo ha sido todo en la escena pública dentro y fuera de nuestras fronteras.

¡Ojalá no se les ocurra meter en la cárcel a ninguno de ellos!, pedía 24 horas antes de que el juez Pablo Llarena dictara auto de procesamiento contra Puigdemont, Junqueras, Turull y otros 10 líderes del proces por rebelión, penado hasta con 30 años de cárcel. "Ya sé que nado a contracorriente, pero ojalá no lo haga porque al independentismo no hay que destruirlo, sino ganarlo", añadía el otrora jefe de Gobierno.

La ONU saca los colores a España

Contracorriente o no, lo cierto es que mientras Llarena dictaba el auto de prisión contra los procesados, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, recordaba a España la obligación de respetar los derechos políticos de Jordi Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana y segundo candidato fallido del independentismo a la presidencia de la Generalitat, después de que el Supremo le negara la salida de prisión para asistir a la sesión de investidura.

Felipe González no daba puntada sin hilo porque sabe que lo que está en juego ante Europa y ante el mundo no es ya la ineficacia de los de Rajoy para impedir el referéndum o frenar el desafío secesionista, sino el Estado de Derecho, que no es precisamente ni el Gobierno, ni la Fiscalía, ni un único juez..., sino la democracia misma.

El magistrado del Tribunal Supremo se ha erigido en una especie de vengador del Estado, en su combate contra el independentismo con la expedición de autos llenos de razones jurídicas, sí, pero también con una carga política indiscutible que tendrá contestación en Europa más pronto que tarde. De momento, cuando dicte orden de detención internacional contra Marta Rovira -la última fugada- y el resto de dirigentes del independentismo que han encontrado refugio en Bruselas o Suiza está por ver que los tribunales de sendos países no enmienden la plana al magistrado del Supremo y añadan argumentos al victimismo de los independentistas, dispuestos a dibujar en Europa a una España en la que no se respetan los derechos políticos y se persiguen las ideologías. Y de nada servirá entonces explicar que la cúpula del independentismo no está en prisión o en un falso exilio por defender la independencia, sino por subvertir el orden constitucional, existir riesgo de fuga y posible reiteración del delito.

El plan D, prescindir de Puigdemont

Más allá de la escena penal y de los fracasos del plan B y el C para investir a un president de la Generalitat al independentismo no le queda más que pasar al D. Y este no puede ser otro más que desprenderse de Puigdemont y Comín, convencerles de que renuncien al acta de diputados y proponer un candidato viable para recuperar el Govern y la normalidad institucional si es que esto es posible en un país con diputados en la cárcel y en el que ya damos por normal lo que no lo es. Por ejemplo, que el ministro del Interior o la vicepresidenta del Gobierno -como responsable del CNI- aún no hayan asumido ninguna responsabilidad por la fuga de la dirigente republicana Marta Rovira antes de su cita ante el Supremo, igual que hicieron cuando Puigdemont huyó a Bruselas.

Cifuentes en la cuerda floja

Todo esto en una semana que acaba con la presidenta de la Comunidad de Madrid en la cuerda floja después de que eldiario.es desvelara la más que dudosa obtención de un Máster sobre Derecho Autonómico por la Universidad pública Rey Juan Carlos. La negativa de Cristina Cifuentes a dar explicaciones sobre lo ocurrido, las más que evidentes lagunas en la documentación aportada por su equipo y la investigación abierta por el centro, horas después de precipitarse a cerrar filas con la inquilina de Sol, son señales más que delatoras de que el caso no sólo no está cerrado, sino que es ya una amenaza seria para la presidenta.

No es ningún secreto que Cifuentes no tiene muchos amigos ni dentro ni fuera de la política. En el PP, hay quien sueña con sacarle de la pista. Y en los medios más afines su partido, quien ha jurado que no tiene más objetivo en la vida que acabar con su carrera. Prueba de lo uno y lo otro es el estruendoso silencio oficial decretado en La Moncloa y en Génova al respecto y el alarde tipográfico de algún que otro medio cuando se publicó la noticia. Es lo que tiene llevar a la Fiscalía la corrupción de algunos colegas y haber desmontado el "chiringuito" de lobbistas y comisionistas que escondía el Consejo de Administración de algún diario, que hay que tener un curriculum impoluto, además de no falsificado.

Así que cada minuto que pasa sin que aparezca el polémico trabajo de fin de Máster servirá para que las dudas se conviertan en certezas y para que los madrileños concluyan que el título fue un fraude y se le otorgó por la cara o por ser ella quien era.

A la vuelta de Semana Santa, la presión ya no recaerá sobre la presidenta, sino sobre Ciudadanos, que es el partido que sustenta con sus votos al Gobierno. De nuevo, es tiempo para los de Albert Rivera.