¿Y si declaran inocente al Chapo? Prepárate para el veredicto del 'juicio del siglo'

Joaquín Guzmán Loera, el Chapo,ha sido muchos hombres en una misma vida. Fue un pobre campesino, sanguinario narcotraficante, fundador del Cártel de Sinaloa (México),líder máximo de la distribución de drogas en el mundo, millonario 701 en la lista de Forbes, el hombre más buscado en el planeta. También, dicen los que lo conocieron, fue un sanguinario homicida, amorosa pareja, corruptor del gobierno, financiador de comunidades miserables,consumado pedófilo y violador, tierno padre de familia.

Y en unos días será un delincuente condenado a pasar los últimos años de su vida en una fría celda en Nueva York o un hombre limpio de 10 cargos delictivos que pesan sobre su espalda y con la oportunidad de volver a las calles como sexagenario.

Siete mujeres y cinco hombres tienen en sus manos la definición de quién será el Chapo Guzmán: culpable o inocente. Solo hay un camino para el veredicto del llamado "juicio del siglo", un entramado judicial que ha durado menos de lo pensado, apenas tres meses, pero que en ese corto tiempo ha ofrecido todo lo que un guión de Hollywood puede pedir: traiciones, mentiras, amores clandestinos, millonarios sobornos a un presidente y dos países al borde de su asiento esperando el final del capo que los puso a temblar.

En HuffPost México han preparado esta guía para que estés preparado, con toda la información esencial que necesitas saber, para cuando llegue el momento en el que el juez Brian Cogan haga esa pregunta decisiva: "¿El jurado tiene listo su veredicto?".

La segunda vez que el Chapo Guzmán se fugó de una prisión en México —el 11 de julio de 2015— quedó claro a la sociedad mexicana y al mundo que el capo era más grande que el sistema penitenciario del país. No solo escapó dos veces de una prisión de máxima seguridad, sino que lo hizo sin un solo disparo y apelando a la corrupción que carcome a las instituciones.

Tras su recaptura —el 8 de enero de 2016— el gobierno mexicano aceptó entregarlo a las autoridades de Estados Unidos en un reconocimiento tácito de que el sistema mexicano es muy débil para mantener a raya al líder del Cártel de Sinaloa. El gobierno del ahora expresidente Enrique Peña Nieto aceptó trasladarlo hasta Nueva York, porque ahí el sinaloense tenía pendiente un proceso legal que lo responsabilizaba de conductas delictivas como el tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración para asesinar, entre otras.

El gobierno entregó al Chapo Guzmán a sus otros perseguidores para que el capo perdiera el poder que le permitiría fugarse por tercera vez: ya no podría liderar al Cártel de Sinaloa desde una celda de prisión como lo hacía en México, ya no tendría los contactos de alto nivel que necesitaba para corromper a jueces y autoridades federales y, especialmente, se enfrentaría a un sistema judicial, como el de Estados Unidos, entrenado para llevar ante la justicia a pesos pesados como él con prisiones de impecable reputación, imposibles de violar, incluso para un escurridizo capo como él.

Joaquín Guzmán Loera llevaba 645 días en una prisión en Nueva York cuando el martes 13 de noviembre de 2018 empezó su juicio, tras la aprobación del jurado en la Corte Federal de Brooklyn, que fue elegida como su primera batalla contra el sistema judicial de Estados Unidos.

Originalmente, el Chapo fue acusado de 17 delitos, principalmente relacionados con el tráfico de drogas y una serie de homicidios. Pero a los dos meses de iniciado el juicio, el juez Brian Cogan creyó que 17 cargos alargarían demasiado el proceso, así que pidió a los fiscales del caso que condesaran todas sus sospechas en la menor cantidad de acusaciones posibles. Al final, quedaron solo 10 cargos:

Participación continua en una empresa criminal (un cargo), conspiración internacional para producir y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana (un cargo), conspiración para importar cocaína (un cargo), conspiración para distribuir cocaína (un cargo), distribución de cocaína a nivel internacional (cuatro cargos), uso de armas de fuego (un cargo) y conspiración para blanqueo de ganancias producto del narcotráfico (un cargo).

Los fiscales del caso, en representación del gobierno estadounidense, han usado principalmente tres herramientas para convencer al jurado de que el Chapo es culpable: 56 testigos, miles de horas de grabaciones telefónicas intervenidas al capo y kilos y kilos de papel con los testimonios impresos de los amigos y socios que hoy lo traicionan.

Entre los "testigos estrella" que el gobierno de Estados Unidos ha usado como cartas fuertes están los hermanos Jorge y Alex Cifuentes, narcos colombianos que fueron los suministradores de las drogas al Chapo; los capos Jesús y Vicente Zambada, viejos aliados del sinaloense; Dámaso López, quien fue mano derecha del Chapo; Juan Carlos Ramírez, Chupeta, antiguo socio y líder del Cártel del Norte del Valle en Colombia, entre otros.

Ellos han narrado los episodios más explosivos del caso: desde el presunto soborno de 100 millones de dólares que dio el Chapo al expresidente Enrique Peña Nieto para dejarle operar en México hasta los detalles más gráficos de cómo el capo de las drogas asesinaba a sus víctimas "por no saludarlo con respeto" y violaba a niñas de 13 años.

También varias grabaciones donde se escucha la voz del Chapo, por ejemplo, ordenar la distribución de metanfetaminas en Estados Unidos y el tráfico de cocaína.

Todos los testigos con los que cuenta el gobierno de Estados Unidos están detenidos y se enfrentan a largos y duros procesos judiciales. A cambio de su cooperación para poner al Chapo entre rejas, las autoridades estadounidenses ofrecen beneficios a los criminales: desde una reducción de las penas hasta el traslado a prisiones de mediana seguridad, donde la calidad de vida es mejor. Hay un abanico de ayudas para ellos si traicionan a su viejo amigo, socio y jefe.

El jurado está conformado por siete mujeres y cinco hombres que salieron de una selección de 75 residentes de Nueva York. Por seguridad, su identidad permanece oculta para los medios y el público. Lo que sí se sabe es que, al menos, hay tres inmigrantes, tres hispanos y, al menos, tres personas con familiares que trabajan en instituciones encargadas del cumplimiento de la ley. Todos dicen conocer o haber escuchado del Chapo, principalmente por los periódicos y por la serie de su vida en Netflix. Todos juraron ser imparciales.

Algunas vagas identidades se han filtrado a la prensa: hay una mujer hispana de mediana edad que trabaja en una compañía de medios, una mujer afroamericana de unos 40 años con familia en la milicia, un guardia carcelario jubilado, un joven no blanco de unos 20 años con padres divorciados, entre otros.

A los 12 integrantes del jurado se les paga 40 dólares diarios como una forma de agradecer su dedicación y estudio a las horas de grabación y testimonios que deben escudriñar para llegar a un veredicto. Además, pueden tomarse un permiso laboral tan largo como dure el juicio. Y cuentan con escoltas federales cada vez que vayan al tribunal.

Todo eso por enjuiciar al narcotraficante más peligroso del mundo.

El abogado que encabeza la defensa del Chapo es un conocido estratega en el mundo de la mafia. Es Jeffrey Harris Lichtman, famoso por haber logrado lo que parecía imposible: la libertad y la etiqueta de inocente para Jhon Gotti, líder de la familia criminal Gambino, la última gran mafia italiana.

Jeffrey Harris Lichtman, y su millonario equipo, centra su defensa en un argumento que le tomó solo 30 minutos explicar al jurado en el cierre del juicio: el Chapo no es el invencible y poderoso capo que todos creen, sino apenas un mando medio en una estructura de tráfico de drogas que, en realidad, opera el prófugo Mayo Zambada. Y que la construcción del mito de la enormidad del Chapo Guzmán es una narrativa creada por el gobierno mexicano para hacer creer a la sociedad que se ha terminado la carrera de un pez gordo en la delincuencia organizada.

Por lo tanto, afirma su defensa, el Chapo debe ser juzgado como un presunto narcotraficante de mediano, casi pequeño, nivel.

Cada uno de los delitos a los que se enfrenta el Chapo pueden ponerlo en prisión de por vida, ya sea en los hechos o en la práctica. El capo de Sinaloa tiene 61 años y una salud diezmada, según los testimonios de su esposa Emma Coronel. Cualquier sentencia por encima de los 20 años es, prácticamente, una cadena perpetúa para el sexagenario capo de las drogas.

Basta con que el jurado declare culpable al Chapo del primer cargo del que se le acusa —participación continua en una empresa criminal— para que el resto de su vida se desarrolle en una fría celda en el Centro Correccional Metropolitano, al sur de Manhattan.

Además, su fortuna personal podría terminar financiando el muro fronterizo entre México y Estados Unidos que tanto quiere Donald Trump, gracias a un proyecto de ley impulsado por el Partido Republicano, conocido como Chapo Act o Ley Chapo, que busca que cualquier cantidad de dinero incautada al Chapo Guzmán, o a cualquier criminal acusado de contrabando de droga entre ambas naciones, se destine a la seguridad fronteriza.

Su inocencia solo significa que en Nueva York no ha habido elementos para condenarlo. Aún faltan las cortes de California, Texas, Arizona, Illinois y Florida, donde también le esperan juicios tan complicados y largos como el de Nueva York.

El Chapo habrá ganado una batalla, pero no la guerra.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' México.