Vuelta al cole: los retos y las claves de la LOMLOE para profesores y padres

Acaba el mes de agosto y con ello empieza la vuelta al cole. Deseada por algunos alumnos y padres y odiada por otros tantos, este año trae más novedades de las habituales en colegios e institutos de España. Principalmente, trae consigo los cambios que incorpora la nueva ley educativa apodada como ‘ley Celáa’.

La nueva Ley de Educación (LOMLOE) se aprobó en diciembre de 2020 y entró en vigor en el mes de enero del año siguiente, pero ha sido a lo largo de 2022 cuando se han ido aprobando los respectivos reales decretos que desarrollan el articulado de ley orgánica.

Sin embargo, entre padres y profesores existen ciertas dudas sobre cómo se va a modificar la formación este curso, aunque por el momento solo se hará efectiva en los cursos impares de cada ciclo, es decir, 1º, 3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato.

La principal queja por parte de los docentes es que la publicación de los currículos a partir de los cuales elaboran la programación escolar del curso se ha hecho tarde. En ellos, la principal novedad es la evaluación por competencias  —como que se sepan expresar correctamente, que sean proactivos, que sean asertivos o que sepan adaptarse a distintos problemas o situaciones— que, aunque se venía haciendo con las anteriores leyes educativas, pretende arraigarse más para ir dando paso a la nueva selectividad que se implantará en 2023.

“No hemos podido preparar el curso como normalmente se prepara, que es a finales de junio, y dejas una gran parte del trabajo hecho. Los cursos pares se han preparado con cierta normalidad, pero los impares ha habido que prepararlos viendo la LOMLOE, pero sin saber concretamente el cómo vamos a abordar los contenidos”, señala Jorge Sánchez, profesor de Lengua Castellana y Literatura en un instituto de la Comunidad de Madrid. 

Ramón Izquierdo, del sindicato de profesores ANPE, recuerda que los cambios más sustanciales se dan en secundaria y Bachillerato, donde las materias han cambiado “mínimamente”. “Pedimos que haya cierta flexibilidad, no a la hora de las clases que van a comenzar con normalidad, sino en la parte burocrática, que hay que justificar ante la administración, la programación de todos los cursos previa al inicio”, indica.

Izquierdo también solicita que las administraciones públicas orienten y formen al profesorado en la elaboración de estas programaciones, a pesar de que ve con buenos ojos que dejen más libertad a los centros escolares.

“Hay la falsa polémica, que es una polémica política, que dice que si no se va a dar la regla de tres, que se no se van a dar los números romanos... No es así”, señala Izquierdo, quien recuerda que los alumnos deben tener una competencia matemática con distintas habilidades. “Lógicamente el profesorado utilizará esos contenidos que se decían que o se ponía en cuestión que no se fueran a dar. Esta mayor autonomía lo que va a propiciar es que las enseñanzas mínimas las marca el Estado y luego las comunidades autónomas, en segundo término, y van a ser concretadas mejor y con mayor autonomía en los propios centros y en función del entorno educativo que tengan”, explica.

Sánchez no cree que todo ello sea factible ya que “en el papel está muy bien”, pero a la hora de aplicarse da lugar a dificultades. “Lo de la educación basada en competencias tiene sus más y sus menos, y cada uno tiene su opinión más a favor, más en contra. Sin embargo, parte de unos conocimientos básicos que te permiten ciertas competencias amplias para el desarrollo de tu vida, sobre todo laboral”, explica.

La selectividad, para la que van orientadas todas las fases educativas y que será menos memorística,  tendrá como finalidad, según la ministra de Educación Pilar Alegría, “valorar la capacidad del alumnado para analizar, valorar, extraer información e interrelacionar toda esa documentación”.

El profesor cree que es positivo que no sea tan “memorística”, pero se queja de la falta de tiempo. “Está muy bien que todo sea más ensayístico, con más relación de contenidos y demás. Pero eso conlleva que nosotros tengamos que dedicarle tiempo a este desarrollo de competencias. Ahora bien, si los contenidos vuelven a ser muy amplios eso implica que no haya tiempo, sobre todo en selectividad”, explica.

Sánchez añade que para una correcta preparación necesitan tiempo y recursos. “Tener de media 30 alumnos por clase, o incluso más en los bachilleratos, implica que no le puedas dedicar el correcto tiempo a cada alumno. Por tanto, desde mi opinión, creo que se ha empezado la casa por el tejado y, en vez de ir a la raíz del problema, se ha dado respuesta a una polémica de cara al público amplio, pero de cara a la comunidad educativa no se solucionan”, se queja.

Además de los profesores, los daños colaterales de que haya habido un retraso en los currículos escolares han llegado a las librerías y editoriales. “Ha habido un problema: las editoriales han hecho libros más o menos basados en la LOMLOE, pero al no ver una concretización de los contenidos, pues muchos de esos libros probablemente haya que revisarlos, lo que conllevará algún problema al no estar correctamente adecuados a los contenidos”, apunta Sánchez quien opina que “todo se ha hecho tarde y mal”.

“Al final esto afecta también a los docentes, afecta evidentemente al alumnado y afecta a las familias, que tampoco sienten seguridad sobre la educación que van a recibir sus hijos porque no se terminan de hacer las cosas correctamente, y luego al negocio editorial”, señala el profesor.

Tal y como apunta Sánchez, no solo se trata de “grandes editoriales”, sino también de las librerías de barrio, que van a tener que hacer frente a quejas de padres. “Ahora irán padres que dirán ‘es que me has vendido un libro que no vale’. Entonces ese tipo de problemas que, a lo mejor, son más cotidianos, también se generan por esa desinformación”, indica.

Otro punto especialmente polémico ha sido la asignatura de la Educación en Valores que, lejos de ser nueva, se implantó en el currículo escolar de la ESO en 2006 con el gobierno de Zapatero, aunque entonces pasó a llamarse Educación para la ciudadanía. Tras esto, con el gobierno de Rajoy y la LOMCE se conviritió en Educación Cívica y Ética.

Para Izquierdo, las quejas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecto a esta formación no tienen sentido. “Esto se define muy bien cuando hablamos de las guerras políticas que son medias verdades, que las medias verdades al final son peores que las mentiras. La enseñanza en valores es algo transversal que se lleifva haciendo más de 20 años desde la LOGSE”, explica.

“Se va a hacer una materia obligatoria más en valores cívicos y éticos queque lógicamente debe de servir para transmitir los valores constitucionales, la participaciónen la Unión Europea y en las instituciones, y valores de igualdad e igualdad de género, recogidos en la Constitución, nuestra propia normativa”, indica.”, indica.

Según la normativa, esta asignatura tendrá contenidos que fomenten “la igualdad entre hombres y mujeres, el valor del respeto a la diversidad y al valor social de los impuestos, el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia”.

Izquierdo cree que es positivo la modificación que se hace de cambiar el criterio de que esta asignatura deje de ser “alternativa a la religión” y que sea obligatoria.

“No creo que a los alumnos de religión haya que restringirlos de esta materia y viceversa. Por ejemplo la enseñanza de la religión, que el que no curse una religión confesional, sea católica, musulmana, judía o evangélica, que son las que tienen convenio con el Estado, que no se queden sin hacer nada”, señala el portavoz de ANPE, quien propone para ellos una “cultura de las religiones” sin la parte confesional. “La LOMLOE deja abierta esa puerta, aunque parece que no todas las comunidades lo van a hacer así”, apunta.

Lejos de ser algo ideológico, los profesores coinciden en que se trata de unos valores constitucionales objetivos que los profesores están capacitados para enseñar. “Es una polémica más artificial que real”, zanja Izquierdo.

Para Sánchez estas polémicas hostiles generan la sensación de que “siempre pagan el pato los mismos”. Además, apunta a que la negativa de aplicar ciertas partes de la legislación les deja a ellos en situación de desamparo. “Hasta ahora, siempre que ha habido algún problema, incluso con la ley anterior, siempre has tenido tú tu ley autonómica, que es a la que tú acudes para decir que lo que tú estás haciendo es que estás ejerciendo tu trabajo según el cumplimiento de la ley. Al hacer este tipo de cosas generas una inseguridad enorme dentro del cuerpo docente”, señala.

La LOMLOE acaba por primera vez con un criterio general con respecto a la promoción y titulación de alumnos con materias suspensas. Los criterios serán distintos en función de la comunidad autónoma donde estudie el alumno. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Asturias, Navarra, La Rioja, Cantabria y Cataluña se establece que el alumno pasará de curso siempre y cuando no tenga más de dos asignaturas suspensas, en caso contrario, serán los docentes los que establezcan si pasa o no.

En Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y el País Vasco, para que el alumno pase con más de dos asignaturas suspensas tendrá que contar con el beneplácito de dos tercios del profesorado. En las comunidades del PP, como Castilla y León, Andalucía, Galicia o Madrid, se establecen medidas más restrictivas, como que las materias no sean troncales o que tengan que votar a favor dos tercios de los profesores.

Este criterio cedido al profesorado, no acaba de convencer dentro de ANPE. “El año pasado ya se cambió lo de eliminar un número máximo de suspensas, lo que demandamos es que las decisiones del profesorado sean respetadas por la administración educativa”, señala Izquierdo. “Es decir, si una familia reclama una decisión de repetición de un alumno o de no titulación reclama a la administración, en segunda instancia, que va a tener que ratificar la decisión del profesorado”, explica y apunta que si “se estiman todas las reclamaciones”, sus decisiones “no valen para nada”.

“Lógicamente, pues eso producirá un alumnado desmotivado que verá que da igual lo que se esfuerce o no porque sabe que si reclaman van a poderle quedar una o dos. Eso es la gran clave”, apunta el portavoz del sindicato. Para dar respuesta a todas  incógnitas, habrá que analizar cómo funciona el curso. “En septiembre tendremos datos para ver si es así o si funciona perfectamente y no hay problemas con el sistema de evaluación que se respete esa autoridad académica del profesorado”, señala.