La ley de Memoria Democrática, a un paso de ser realidad tras superar la Comisión Constitucional
El sí del órgano parlamentario, con apoyo de Bildu y rechazo de toda la derecha, garantiza que la propuesta se debata y vote la próxima semana en el pleno.
La Memoria Democrática en España está a un paso de convertirse en realidad. Este lunes, la Comisión Constitucional del Congreso ha avalado el dictamen sobre el proyecto de ley impulsado por el Gobierno hace casi un año. Un resultado esperado que no ha evitado numerosos momentos tensos a cuenta de su contenido y, especialmente, del ‘sí’ anunciado por Bildu. En total, 19 votos a favor (también el del PNV), dos abstenciones (de ERC) y 15 en contra, los de toda la derecha.
El sí de la comisión reactiva el camino legislativo de una norma básica para el Ejecutivo que tuvo que paralizarse el año pasado ante la falta de apoyos. Tras el visto bueno del Consejo de Ministros en julio de 2021, el Congreso la tomó en consideración en octubre. Sin embargo, de la posible validación se pasó a su congelación al no asegurarse los votos necesarios para sumar. Este junio, la coalición retomó el texto, tras el acercamiento con diversas formaciones de cara a su potencial votación, que ahora tendrá lugar en el Pleno del 14 de julio.
Las claves de un texto con numerosas enmiendas
El acuerdo cerrado hace una semana con Bildu ha permitido al Ejecutivo salvar una norma que resignificará el Valle de los Caídos, condena el golpe de 1936 y la dictadura, así como las asociaciones vigentes que hagan apología del franquismo, y procederá a la reparación de las víctimas. No obstante, del planteamiento inicial al resultado final habrá una notable diferencia, ya que de camino al sí se han pactado numerosas enmiendas también con PNV, PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.
Del pacto con Bildu salió la ampliación hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conllevase. La fecha elegida, ya con Felipe González en la presidencia, también ha motivado la crítica de PP y Vox, que han acusado al Ejecutivo de “irresponsabilidad”.
En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983”. Ese estudio deberá recoger “posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo”.
Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición aberztale una comisión estatal independiente de carácter académico para “contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura”. Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma “objetiva e imparcial”.
UP avisa de que estará “vigilante”
“Si no aprobamos esta ley, siempre nos perseguirá la trágica oscuridad de nuestro pasado reciente”, ha apuntado Indalecio Gutiérrez, representante del PSOE en la cámara. “No estamos en tiempos para el enfrentamiento, sino para la concordia y así debemos enseñárselo a las generaciones futuras, por eso se enseñará en colegios e institutos; no es cuestión de ideología sino de humanidad”, ha apuntado el diputado socialista, satisfecho de saldar “una deuda, una obligación ética que ahora será una obligación legal”.
La otra parte de la coalición, Unidas Podemos, ha felicitado a todos por el texto, también a las asociaciones que han colaborado en mejorar “sustancialmente” su contenido, como ha reconocido Martina Velarde. No obstante, ha advertido que desde su grupo “vamos a estar vigilantes para comprobar que se cumple lo pactado”. En su intervención también ha apuntado que la ley “llega muy tarde, pero mejor tarde que nunca”, pidiendo “perdón” en numerosas ocasiones a las víctimas y sus familias por esta ‘tardanza’.
Las cuentas le salen a la coalición incluso sin necesidad de uno de los socios de investidura, ERC, que ha confirmado su abstención a un texto que, en palabras de su portavoz en la Comisión, es “ambicioso en lo simbólico pero muy pobre en lo efectivo” y que “se queda lejos de ser la sutura necesaria” a la herida de la dictadura, como ha apuntado Carolina Telechea.
Las excusas de la derecha para decir que no
Sin cambios de última hora, las derechas han votado en masa contra el dictamen y, especialmente, por la relevancia de haberlo salvado gracias al sí de Bildu, “los herederos de los asesinos de ETA”, como han defendido de forma casi idéntica PP, Vox y Cs.
El PP, con dos ponentes, ha hablado de “obscenidad”, “traición” y de “bodrio legislativo” para actuar contra la Transición. Una ley, ha apuntado el popular Jaime Miguel Mateu, “sectaria, que abre la vía a la reparación de las víctimas pero no a todas”.
Con un enfoque similar, pero más duro en sus términos, el portavoz de Cs, Guillermo Díaz, ha subido la calificación a “infamia” del Gobierno por haber pactado su aprobación con Bildu. Algo que es “legítimo, pero también lamentable, ruin y penoso”, ha apuntado al valorar una ley “mal llamada de memoria democrática, porque debería llamarse de memoria selectiva”, alegando que “a unas víctimas se les lleva al olvido según quien fuese su verdugo”.
En su turno, el representante de Vox, Francisco José Contreras, ha defendido el no (oh, sorpresa) porque “con esta Ley el Gobierno está haciendo suya la versión de la extrema izquierda”.
