Violaciones por sumisión química: un delito casi invisible que no deja de crecer

“Las agresiones sexuales por sumisión química han aumentado en los últimos años; esto es un hecho clarísimo”. Con esta rotundidad responde Ester García López, abogada especializada en violencia sexual, cuando se le pregunta por las violaciones a mujeres drogadas sin su consentimiento, un fenómeno que investiga y analiza desde hace aproximadamente una década. 

A mediados de noviembre, el concepto ‘sumisión química’ empezó a resonar en las redes y en los medios de comunicación a modo de denuncia contra este tipo de violencia machista que consiste en drogar a la mujer para después abusar sexualmente de ella, normalmente en contextos de ocio nocturno. La ola de indignación surgió en Bruselas, luego pasó a Francia y, de ahí, a España. Hace un mes, la cuenta Denuncia tu bar —traducido del lema original en francés ‘Balance ton bar’— hacía su aparición en Instagram revelando testimonios de chicas que contaban las agresiones sufridas. 

El perfil tiene ahora más de 13.000 seguidores y cierta repercusión. Lo que puede parecer un movimiento algo artificial es en realidad un problema muy serio, advierte la abogada García López. Calcula que en su despacho, del total de víctimas de agresiones sexuales que atiende, el 35% o 40% “se producen por sumisión química”, un porcentaje “muy alto, demasiado alto”.

“Mientras siga habiendo un solo asesinato machista, una sola agresión sexual, una situación de acoso en un centro de trabajo, en un bar, en una salida nocturna, ahí vamos a estar las instituciones”, dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras el Consejo de Ministros celebrado en la semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Dos semanas después, El País publicaba que el Ministerio de Justicia ya está preparando un protocolo para luchar contra las agresiones sexuales con sumisión química. Según los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) que recoge ese mismo diario, en una de cada cuatro violaciones analizadas en 2020 había de por medio alguna droga para anular la voluntad de la víctima. 

La magnitud podría ser mucho mayor teniendo en cuenta que algunas de las drogas utilizadas desaparecen a las pocas horas del organismo, que las víctimas tardan en contarlo porque no recuerdan lo sucedido, y que muchas veces ni siquiera denuncian por vergüenza o porque son disuadidas en el proceso. “Hay una cifra negra, desconocida, sobre lo que realmente pasa”, afirma Ester García López. También hay un “estigma” que acarrean las víctimas por haber “consumido, bailado o flirteado” en espacios de ocio nocturno, señala un informe de 2020 de la Fundación Salud y Comunidad, que apunta que el 0,9% de las mujeres mayores de 16 años afirman haber sido violadas cuando estaban bajo los efectos del alcohol o las drogas.

El Ministerio del Interior no ofrece —todavía— estadísticas sobre agresiones sexuales por sumisión química, pero sí sobre denuncias de violaciones cada año (en la siguiente gráfica), que muestran la escalada de las cifras en los últimos años y reflejan que en 2021 en España se denuncia una violación cada cuatro horas.

GHB y benzodiacepinas, las drogas que anulan la voluntad de la víctima

El Ministerio de Sanidad sí reconoce, aunque de forma indirecta, la problemática de las “agresiones sexuales inducidas por drogas”. En su Plan Nacional contra las Drogas, Sanidad alerta de que “se ha detectado en el mercado” la presencia de las sustancias GBL (Gamma butiro lactona) y GHB o “éxtasis líquido” en relación con este tipo de violencia sexual. El GHB es un “potente depresor del sistema nervioso central”, incoloro e inodoro, que empieza a tener efectos a los “10 o 20 minutos” de su consumo, y que comienza produciendo una “sensación de bienestar y euforia” para después pasar a “somnolencia, obnubilación, dolor de cabeza, confusión, etcétera, e incluso depresión respiratoria, ideas delirantes, alucinaciones y coma”, detalla el documento. 

También se utilizan benzodiacepinas (BZD), unos psicotrópicos que combinados con alcohol producen “una bomba” en el organismo que deja “totalmente anuladas” a las víctimas, explica Ester García López, que desde hace años da asesoramiento jurídico a mujeres que han sufrido agresión sexual. 

“La persona no recuerda lo que sucedió durante el tiempo en el que se produjo la concentración máxima de BZD en el organismo”, señala Sanidad en otra guía sobre drogas. “Este efecto amnéstico anterógrado, que ha sido utilizado por los anestesistas para que el paciente olvide los hechos desagradables relacionados con la intervención quirúrgica, ha sido usado por otras personas para facilitar el abuso sexual y conseguir una amnesia posterior”, admite el documento. “El consumo simultáneo de alcohol y BZD puede intensificar este efecto amnéstico y contribuir a episodios de amnesia lacunar o blackouts”, apunta.

Esto es: la persona drogada sufre una especie de apagón y tiene lagunas sobre lo ocurrido, de ahí que a las víctimas les cueste tanto denunciar. García López asegura que a los agresores, por su parte, les resulta “muy fácil acceder” a estas drogas. 

Las violaciones por sumisión, “uno de los ataques más graves”

“Uno de los ataques más graves que puede sufrir una mujer es que la agredan sexualmente”, explica Ester García López. Si además la víctima “no recuerda qué pasó con su cuerpo” porque la violación se produjo “bajo sumisión química”, no sólo es más difícil denunciar el caso, sino que el trauma de la víctima puede ser mayor.

El movimiento Denuncia tu bar nació precisamente para dar voz a aquellas que en su momento no se atrevieron a hablar —por amnesia, sentimiento de culpa, vergüenza, miedo o inseguridad— y para ofrecerles “un espacio donde contar lo que les ocurrió sin que nadie las apunte con el dedo”, explica Celia (nombre figurado), una de las creadoras de la iniciativa en España.

Desde que abrieron esta cuenta en redes, las organizadoras reciben “de 20 a 30 testimonios diarios”. Celia rechaza desvelar su identidad por la cantidad de amenazas que también les están llegando. Todas las víctimas que contactan con ellas son mujeres; algunas les cuentan episodios que ocurrieron hace años, que les han perseguido desde entonces a modo de flashes y recuerdos entrecortados, y que no siempre se han atrevido a contar. 

También les escriben hombres, explicándoles “que a su hermana o a su amiga les ha ocurrido, y que ellos lo han visto y han tenido que acompañarla al hospital, a su casa o al taxi”. O incluso camareros, que reconocen que han sido testigos de que este tipo de delitos tenían lugar en el establecimiento en el que trabajaban. 

Ester García López recuerda que fue en 2014 cuando consiguió la primera sentencia condenatoria que establecía que una agresión sexual se había producido por sumisión química. Desde entonces, la abogada ha perdido la cuenta de las veces que mujeres jóvenes han pasado por su despacho refiriendo una sintomatología que a ella le hace encender todas las alertas. 

Flashes, pesadillas y necesidad de terapia

La mayoría de las veces, las chicas no llegan y dicen “me drogaron y me violaron”, pero sí “presentan una sintomatología muy característica y similar en todos los casos, diferente a la que se produce en otro tipo de violaciones”, relata la abogada. “En todas las agresiones sexuales las víctimas pueden presentar después síndrome de estrés postraumático; en estos casos, además, tienen la sensación de no saber qué ha hecho el agresor con su cuerpo”, explica García López.

Las mujeres, normalmente jóvenes, llegan a su despacho (o al hospital, o a una comisaría) con una sensación de confusión, de malestar, de molestias genitales, de dudas y culpa. No saben qué les ha pasado pero sienten que “algo fue mal” la noche anterior. “Entonces empiezan a llamar a personas con las que han estado esa noche, y a veces les dan alguna pista y vamos reconstruyendo. Pero pueden tardar 72 horas en darse cuenta de que las han agredido sexualmente. Y, después, recordar toda la secuencia de hechos les puede llevar meses”, señala García López.

A través de una serie de preguntas —si alguna vez se habían sentido así, si alguien las vio, si tienen llamadas perdidas de sus amigas porque nunca se habían ido de una discoteca sin avisar—, García López va atando cabos, y las propias víctimas van comprendiendo lo que pudo haber sucedido. “Es con terapia, con ejercicios de escritura, y a través de las pesadillas, como ellas van recordando la secuencia”, explica la abogada. “Muchas veces los recuerdos les vienen por la noche”.

La pandemia no redujo los casos, los cambió de ubicación

Con más de dos décadas trabajando en el ámbito de las violencias machistas, García López ha visto de todo, pero no deja de sorprenderse por lo que pasó tras la declaración del estado de alarma por el coronavirus en marzo de 2020. “Teniendo en cuenta que la mayoría de las agresiones sexuales por sumisión química tienen lugar en espacios de ocio nocturno, pensé que con la pandemia [y el cierre de bares y discotecas] se iban a reducir”, comenta la abogada. No fue así.

“Cuando se reanudó la actividad judicial, me encontré que seguían viniendo mujeres con síntomas de haber sido drogadas y agredidas”, afirma la abogada. Sólo cambiaba la ubicación: ya no era en locales de ocio nocturno, sino en domicilios particulares y en fiestas clandestinas. “Se jugó mucho con el toque de queda: ‘No te vayas ahora, que te pueden pillar, quédate aquí a dormir’. Y entonces abusaban de ellas”, cuenta. “En ese sentido, no sólo han seguido estas agresiones, sino que han aumentado”, asegura García López. 

Impunidad y falta de formación en los funcionarios: por qué crecen estas agresiones

Los posibles motivos de este incremento son varios, según la abogada. Por un lado, “se está transmitiendo cierta sensación de impunidad” en lo que respecta a los agresores. En el tiempo en el que la víctima “denuncia, recuerda lo ocurrido e inicia el procedimiento jurídico” —proceso que “puede durar tres años”—, no se suelen tomar “medidas cautelares contundentes contra el agresor, como la prisión preventiva”. “En cambio, si pillan a alguien por tráfico de drogas, la prisión preventiva está casi asegurada”, comenta García López.

La abogada añade que “el perfil de agresores es cada vez más joven”. En este sentido, cita como “un factor a tener en cuenta” la facilidad de acceso “a una pornografía muy agresiva” que puede llevarles a normalizar la violencia sexual. “Ya tenemos agresores que son menores de edad, y la ley de responsabilidad penal del menor, del año 2000, no estaba prevista para esto”, apunta. García López defiende que esta ley “se tendría que reformar”. “Estaba pensada para menores que robaran carteras, pero han pasado 21 años, y ahora sí nos encontramos a críos de 15 años que violan”, afirma con rotundidad. 

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística que recoge Europa Press muestran cómo el número de menores condenados por delitos sexuales aumentó significativamente entre 2017 y 2018. En 2017, 74 adolescentes de 15 años y 49 de 17 fueron condenados por estos delitos, cifras que ascendieron a 85 y 84, respectivamente, al año siguiente.

La impunidad es aún mayor si las víctimas no denuncian, lo que sucede en la mayoría de los casos. O si denuncian pero son cuestionadas por parte de las autoridades competentes a lo largo del procedimiento. Se necesita “formación especializada y multidisciplinar” para que sanitarios, abogados y jueces sean capaces de detectar y atender adecuadamente estos casos tan complejos, defiende García López. Por ejemplo, según sostiene la especialista, se deberían encender las alarmas y hacer las preguntas adecuadas si una mujer acude a un centro de salud a por la píldora del día después “con cara de pánico” y sin poder explicar sus motivos; o si entra a una comisaría y sólo puede decir que “cree” que le ocurrió algo malo la noche anterior en una fiesta pero no recuerda la secuencia.

“El funcionario o la funcionaria tiene que tener la suficiente formación psicológica como para que la mujer no se sienta cuestionada”, afirma García López. Además, animarla a denunciar cuando aún no recuerda mucho puede ser contraproducente, advierte. Si, después de meses de terapia y ejercicios, la mujer es capaz de recordar la secuencia de la agresión y cambia su versión inicial, en un juicio se la puede penalizar por ello, cita la abogada. “Deberían tener asesoramiento jurídico antes de denunciar para saber a qué se enfrentan y si están preparadas para ello”, defiende.

El entorno (machista) puede ser “cómplice”

Con años de experiencia a sus espaldas, García López reconoce ya el “modus operandi” de algunos agresores, y sabe que las aplicaciones para ligar pueden funcionar como factor de riesgo en los últimos tiempos.

Con todo, los establecimientos de ocio nocturno son los lugares más propicios para que se cometan este tipo de delitos, según un informe de 2018 del Observatorio Noctámbul@s, que analiza las violencias sexuales en espacios festivos. “Los contextos de ocio nocturno facilitan la violencia”, así como las “cacerías nocturnas” en las que se firma una especie de pacto tácito masculino por el que el entorno del agresor se vuelve “cómplice” de las violencias sexuales, afirma el estudio. 

El Observatorio Noctámbul@s distingue entre dos tipos de sumisión química: “La premeditada o proactiva, en la que el agresor intoxica a la víctima de forma premeditada; y la oportunista, en la que el agresor aprovecha la disminución de la capacidad de reacción producida por consumos voluntarios”. “Ambas tipologías incorporan el componente de ausencia de resistencia por parte de la víctima, mientras que se distinguen en la existencia (o no) de premeditación por parte del agresor”, abunda el informe, que alerta también del riesgo de que el discurso público ponga el foco sobre la víctima o sobre las sustancias consumidas voluntariamente por la mujer. Como si eso fuera pretexto para que un hombre pudiera abusar de ella.

“Hay que poner la mirada en el agresor”, defiende Celia, de Denuncia tu bar. “El único factor en común que hemos detectado en las víctimas es que son mujeres que salen por la noche; es decir, que cualquiera puede ser víctima”, cuenta. “Del mismo modo, el único rasgo en común que tienen los agresores es que son hombres. Al parecer, cualquiera puede hacernos esto”, dice.

Ester García López coincide con ella. La abogada ha dado formaciones a institutos para concienciar sobre las violencias machistas y sexuales, algo que considera “muy importante”. Pero “no sólo a chicas, también a los chicos, y al profesorado”, aclara. “Hay gente que no sabe que tocar el culo a una chica sin su consentimiento es abuso sexual”, advierte la experta. “Hay que lanzar un mensaje claro”.