Villarejo se sienta en el banquillo en el primer gran juicio por sus negocios privados: estas son las claves

Cuatro años más tarde, los negocios privados del excomisario José Manuel Villarejo marcarán su futuro judicial. El expolicía volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo miércoles pero en esta ocasión para someterse al primer juicio de la macrocausa Tándem, que gira en torno a sus negocios privados.

La Audiencia Nacional juzgará a la vez las piezas separadas conocidas como Pintor, Iron y Land, por las que la Fiscalía pide que sea condenado a más de cien años de cárcel. El juicio arrancará el 13 de octubre y está previsto que se desarrolle en más de una veintena de sesiones que se prolongarán hasta principios de 2022, de acuerdo con el calendario inicial, aunque podría variar.

Según fuentes jurídicas, Villarejo no se limitará a asumir el rol de acusado, sino que intentará hacer valer su estatus de abogado codefensor, admitido durante la fase de instrucción. Esta condición le permitirá interrogar a otros imputados y a testigos junto al otro letrado de su defensa, Antonio José García Cabrera. Estas son las claves de a qué y por qué deberá responder el excomisario desde el banquillo en el marco del caso Tándem.

Este primer juicio de Tándem llega casi cuatro años después de que el comisario Villarejo fuera detenido por una causa que ha ido engordando hasta configurar un puzzle de más de una treintena de piezas separadas referidas a los numerosos y diversos encargos que recibió a través de CENYT, su grupo empresarial, radicado en la Torre Picasso de Madrid.

De acuerdo con las pesquisas dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción Número 6, el denominador común de las piezas separadas, más allá de quién le contratara ―desde grandes empresas del IBEX 35 a particulares― y para qué, es que Villarejo habría asumido estos trabajos siendo comisario en activo y se habría valido de los recursos policiales a su alcance para cumplir con sus clientes.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para Villarejo una pena de prisión de 109 años de cárcel, multas que superarían los 950.000 euros ―a las que habría que sumar las indemnizaciones de las que respondería solidariamente junto a las otras personas que resultaran condenadas―, así como inhabilitaciones para ejercer cargo y empleo público y para el sufragio pasivo.

Solo por el caso Iron, e l Ministerio Público plantea que Villarejo sea condenado a 57 años de cárcel y al pago de una multa de más de 700.000 euros por presuntos delitos de cohecho pasivo y activo, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil, todo ello con la circunstancia agravante de haberlos cometido con prevalimiento de su carácter público.

En la pieza separada 3, Land, la Fiscalía insta a condenar a Villarejo a 38 años y 10 meses de cárcel y al pago de una multa de 252.000 euros por delitos de cohecho pasivo y activo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. Asimismo, Anticorrupción interesa en Pintor, la pieza 6, una condena de casi 14 años de cárcel para Villarejo por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión en grado de conspiración.

Villarejo comparece como principal imputado, si bien este juicio congregará a más de 30 acusados entre los que destacan su socio, Rafael Redondo, y su mujer, Gema Alcalá, así como el comisario Enrique García Castaño, que se enfrentan a penas de 115, 86 y 81 años de cárcel, respectivamente. No obstante, algunos acusados han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía.

En Iron (pieza 2) se juzgará si el despacho de abogados Herrero&Asociados contrató a CENYT en junio de 2013 para que espiara a un bufete de la competencia, Balder IP Law, fundado por ex socios y ex trabajadores suyos y que se había llevado varios clientes del área internacional. Según el Ministerio Público, el encargo consistía en que Villarejo obtuviera información para nutrir una denuncia que el comisario hizo progresar en sede policial para causar un daño reputacional al nuevo despacho.

Anticorrupción acusa a Villarejo de llevar a cabo “una multitud de actuaciones ilícitas” aprovechándose de su condición policial, incluido el acceso a “datos reservados y sensibles” de las víctimas de este presunto espionaje, como información bancaria, tributaria y de la Seguridad Social, que habría conseguido de bases restringidas con la ayuda de otros agentes, funcionarios y colaboradores externos.

Aunque el proceso suscitado por la denuncia quedó archivado en julio de 2015 ―cuando CENYT habría concluido sus servicios―, los denunciados tuvieron que declarar como imputados. El coste de Iron se fijó en 325.000 euros más otros 300.000 euros en concepto de prima de éxito, si bien la Fiscalía señala que Herrero&Asociados pagó 302.500 euros entre agosto y noviembre de 2013 de “forma opaca”.

Sobre Land, Anticorrupción relata que la compañía PROCISA habría contratado a CENYT entre 2012 y 2014 para que le suministrara “información reservada” sobre terceros para utilizarla contra ellos de cara a resolver “situaciones de crisis empresarial”. El precio global acordado habría sido 275.000 euros más otros 150.000 en la medida en que PROCISA fuera rentabilizando la información obtenida. Finalmente se habrían pagado 340.252 euros.

En un primer encargo, Villarejo habría elaborado un informe sobre una juez que condenó a la mercantil a pagar más de 34 millones de euros y sobre las otras cuatro empresas implicadas en ese litigio. En una segunda etapa, Land habría derivado en trabajos de inteligencia y análisis de información, así como de “intoxicación informativa en los medios de comunicación”, contra una serie de personas cuyos intereses económicos podían perjudicar a PROCISA.

Algunos de los investigados por CENYT habrían sido Silvia Concepción Gómez-Cuétara Novoa, viuda del dueño de PROCISA Luis García-Cereceda, con el presunto objetivo de beneficiar a Susana García-Cereceda en el reparto de la herencia; Jaime Ostos Alcalá, a quien buscarían presionar para apartarlo de la gestión del elevado patrimonio de su mujer, Yolanda García-Cereceda, que poseía acciones de PROCISA; y el arquitecto Joaquín Torres Vérez, para disuadirle de los contenciosos económicos entablados contra PROCISA.

En Pintor se juzgará el encargo que habrían hecho los empresarios Fernando y Juan Muñoz a Villarejo en 2017, cuando ya se había jubilado como comisario, para supuestamente extorsionar a otro empresario, Mateo Martín Navarro, y a su abogado, el ex juez Francisco Javier de Urquía, a fin de que revocara su declaración de insolvencia y afrontara el pago de una deuda de más de 1,5 millones de euros que Hacienda les reclamaba de forma solidaria.