Valerio aboga por una acción conjunta y coordinada ante la presión migratoria
La ministra se sienta con las comunidades en la Conferencia Sectorial de Migraciones, que no se reunía desde septiembre de 2015.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha apostado hoy por una acción "conjunta y coordinada" entre el Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos para afrontar el aumento de la presión migratoria en España.
Valerio se ha expresado de esta manera ante los periodistas en la Conferencia Sectorial de Migraciones, que no se reunía desde septiembre de 2015, y en la que se ha dejado para otro encuentro, a principios del próximo mes, la cuestión de los menores extranjeros no acompañados, los denominados Menas.
En su intervención, ha reiterado que el Gobierno no contempla iniciar un proceso de regularización de inmigrantes y ha incidido en la necesidad de invertir en cooperación en los países de origen de los inmigrantes como "única manera de que no exista efecto huida".
Valerio ha indicado que la dotación del fondo de apoyo a la acogida e integración para inmigrantes no está presupuestada para este año y sí lo estará para las cuentas de 2019.
En la reunión, que según la ministra se ha desarrollado con un clima de "tranquilidad y de colaboración" con las comunidades autónomas "al margen del color político", se ha puesto de manifiesto que la situación actual "se veía venir" por las cifras que ya comenzaron a incrementarse el pasado año.
Así, ha indicado que en 2016 llegaron por la frontera sur unas 10.500 personas de forma irregular, mientras que el pasado año lo hicieron unas 24.000.
Ha valorado las políticas migratorias que ha puesto en marcha el Gobierno en estos dos meses y que, a su juicio, "están dando resultado", dentro de que "todo es manifiestamente mejorable".
Ha dejado claro que tiene que haber un control de fronteras porque España cumple la ley y ha defendido la migración legal, por contingentes de trabajadores, porque España es un país de baja natalidad.
La ministra ha destacado que "España es un país que cumple con la normativa de Derechos Humanos y queremos dar una acogida adecuada y humanitaria" cuando las medidas que favorecen la inmigración legal "no dan los resultados esperados" y así, además, han coincidido las comunidades.
Ha hecho hincapié en que durante la reunión ha defendido una acción "conjunta y coordinada" que tenga en cuenta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y ha trasladado a los consejeros la importancia que el Gobierno le da la inmigración.
En este sentido, ha destacado que debería alcanzarse un "acuerdo de Estado" en esta materia, como así se lo ofreció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PP, Pablo Casado, durante la reunión que mantuvieron la semana pasada.
Además, ha incidido en que ha habido unanimidad entre las comunidades en cuanto a que tiene que haber una implicación de toda la UE en esta materia.
La ministra ha expuesto a las comunidades las medidas a corto plazo del Gobierno, como el plan de emergencia, dotado con 30 millones de euros.
Además, se reforzarán las oficinas de asilo y refugio, con más más de 300 plazas, y con 92 para el Ministerio destinadas a la protección humanitaria.