La vacuna contra el coronavirus podría ser obligatoria, pero el debate afecta a derechos básicos
Existen los mecanismos legales para imponerla, pero algunos expertos sostienen que deben resolverse antes serias dudas éticas.
El primer objetivo era conseguir una vacuna. Ahora que las noticias en ese sentido son esperanzadoras, la pandemia de coronavirus pone a la sociedad ante otro debate: ¿debe ser la vacunación obligatoria o voluntaria?
El fin es claro: inmunizar a la población para frenar la propagación de la enfermedad. La estrategia para lograrlo cuanto antes, sin embargo, plantea dudas. Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que la primera opción en España no es la obligatoriedad, aunque no descartan nada por el momento. “Lo que se tenga que hacer para controlar la pandemia, se hará”, dicen.
Académicos de ética, filosofía y leyes de la Universidad de Oxford han debatido esta cuestión y publicado estudios al respecto en el Medical Ethics Journal. No creen que se vaya a renunciar al consentimiento, pero argumentan que su obligatoriedad estaría moralmente justificada del mismo modo que las restricciones a la movilidad, los confinamientos, cuarentenas o cierres de negocios.
“Las mismas razones valdrían para imponer la vacuna”, sostienen. Algo que, para ellos, “es incluso menos contraproducente que algunas de las políticas ya adoptadas”.
El 43,8% de los españoles no se vacunaría de inmediato
La solución, en cambio, no convence a gran parte de la sociedad. Según el barómetro especial de octubre 2020 publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 43,8% de los españoles no se vacunaría de inmediato, pese a que el 62,4% considera que habrían de tomarse medidas más exigentes para controlar la pandemia.
“La gente confunde que la vacuna sea nueva con que no sea un proceso contrastado. Los trámites en el ámbito de la investigación son los más contrastados que hay, y se tiene que transmitir el mensaje de que las vacunas son seguras”, sostiene Federico de Montalvo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas y miembro del Comité de Bioética de España.
“El mecanismo legal para imponer su obligatoriedad existe. El estado puede obligarnos aunque no se recoja una referencia expresa en la ley. Así lo han reconocido juzgados de Granada o La Rioja”, comenta el experto.
“Hay normas que permiten al Gobierno establecer ciertas acciones en casos fundamentalmente de crisis sanitarias tales como las epidemias, con la correspondiente autorización judicial. Las autoridades competentes pueden adoptarlas por razones de urgencia y necesidad si existe un riesgo colectivo, lo que supone desplazar el principio de voluntariedad”, corrobora Nuria Garrido, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.
En España, dos leyes de 1944 y 1986 podrían ofrecer cobertura a este supuesto amparándose en la adopción de medidas que limiten derechos individuales, siempre que beneficien a la mayoría de la comunidad.
Obligatoriedad: posible y legal
El propio Comité de Bioética de España asegura que es posible y legal. Al igual que el de Francia, pero su conveniencia y adecuación despiertan reticencias.
“Un juez puede autorizarlo pero en un contexto social donde hay recelos, imponer la vacunación puede conseguir el efecto contrario a lo que se persigue”, matiza Montalvo. “En el contexto actual lo mejor sería que fuera voluntaria”.
Existen precedentes. En el año 2010, un tribunal avaló la vacunación obligatoria de varios niños en Granada por un brote de sarampión tras la negativa de sus padres a ponérsela.
Además, la Declaración universal de derechos humanos, el Convenio europeo de derechos humanos, la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el propio título primero de la Constitución Española, recogen los derechos a la vida, integridad física y protección de la salud. En concreto, la CE en su artículo 43 desarrolla las competencias de los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios.
Otro de los aspectos que señala Garrido, es que, en caso de que finalmente se decidiese la vacunación obligatoria, esta debería que imponerse en todo el Estado, sin margen de decisión para las comunidades autónomas.
“Las vacunaciones contra la viruela, la difteria y contra las infecciones tíficas y paratíficas pueden ser declaradas obligatorias por el Gobierno cuando por la existencia de casos repetitivos de estas enfermedades o el estado epidémico del momento, o previsible, se juzgue conveniente”, recuerda el abogado experto en temas de salud y profesor de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC) José Enrique Pérez Palaci. Lo que “por analogía” podría suponer también la declaración de obligatoriedad de la vacuna contra la covid-19.
Colisión de derechos
A pesar de que la colisión de derechos -protección de la salud frente a intimidad y privacidad- siempre es difícil de gestionar, el jurista señala directamente hacia el poder legislativo y ejecutivo para reformular, con proporcionalidad, la normativa existente.
“Hay que centrarse en ofrecer información y educación. Se va a aprobar con los estándares requeridos”, añade Montalvo. “Pero el riesgo está en que al imponerse obligatoriamente se consiga el efecto contrario. Lo que pretende el movimiento antivacuna es que haya temor”, recalca.
A pesar del auge de esta corriente en todo el mundo, en España la opinión mayoritaria es favorable a las vacunas y el país presenta una de las tasas de vacunación más altas del mundo.
Cuenta con un calendario vacunal único, en vigor desde el 1 de enero de 2019, y que incluye la prevención de 14 enfermedades infecciosas. “Ninguna es obligatoria, aunque siempre altamente recomendadas por el Sistema Nacional de Salud”, explica Matilde Quiroga, pediatra de un centro de la capital. “Aun así, más del 95% de los menores de 2 años se han sometido a todas ellas. Existe un gran consenso en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos donde hay que imponerlas a la fuerza”, añade.
Para el inmunólogo e investigador Pedro A. Reche, sin embargo, debería haber excepciones: “Las vacunas esenciales, la de la polio, el sarampión o la DTP, sí deberían ser obligatorias. Luego hay otras que son buenas y nos dicen que son recomendables, como la del virus del papiloma humano, que yo se la he puesto a mis hijos, pero hemos vivido sin ellas hasta ahora”, comenta. “Pero insisto, las básicas deberían ser obligatorias para todos. No sé cómo alguien puede decir que las vacunas no protegen, cuando está más que demostrado. Es impepinable que existan... no sé ni qué decirles”, reconoce al ser preguntado por quienes las cuestionan.
La OMS no impone
La Organización Mundial de la Salud, por su parte, opta por dejar en manos de cada Estado la decisión. “En la organización lo que queremos es fomentar la aceptación voluntaria de la vacuna. Queremos que las personas entiendan sus beneficios y su calidad, más allá de que sea algo exigido”, expresaba el epidemiólogo de la institución, Bruce Aylward.
Australia es uno de los países que ya se ha posicionado a favor de imponerla a sus 25 millones de ciudadanos, como anunció su primer ministro Scott Morrison. Mientras que en Italia, su homólogo Giuseppe Conte, se ha pronunciado en sentido contrario y se muestra partidario de la voluntariedad. Según estimaciones recientes, un 41% de los italianos no quiere vacunarse a pesar de que se ha iniciado ya una campaña para de firmas para que sea obligatoria.
Lo importante, señalan los expertos, es recordar que, pese a que éticamente se ha considerado aceptable acelerar ciertos pasos, el día que la vacuna llegue habrá que lanzar un mensaje de esperanza, tranquilidad y confianza en la ciencia.
