Una ley de salud mental para pasar de las palabras a los hechos
En la actualidad, solamente quien puede pagarse una atención privada tiene acceso a una atención de salud mental adecuada.
Si en este año te has sentido profundamente triste o has sufrido ansiedad. Si eres una de esas mujeres con un trabajo precario a la que le recetan diazepam cada vez que va al médico porque no puede más. Si has sufrido algún problema de salud mental en tu vida o conoces a alguien que lo ha sufrido. Si te preocupa que en este sistema social y económico cada vez sea más difícil llevar la vida que quieres y que mucha gente se vea obligada a llevar la vida que puede, este artículo te interesa. Ayer el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presentamos públicamente nuestra ley de salud mental.
Los problemas de salud mental siempre han sido muy importantes en España, y en general en todo el mundo desarrollado, pero se han agravado todavía más a causa de la epidemia. Nuestro grupo parlamentario ya fue el primero en registrar una ley de salud mental, hace más de dos años, en febrero de 2019. Una ley que, lamentablemente, no llegó a buen puerto por finalizar anticipadamente la XII legislatura. Hoy presentamos una ley de salud mental basada en aquella, pero mejorada y actualizada con todo lo aprendido estos meses. Porque, en política, es importante lo que se dice, pero sobre todo es importante lo que se hace. Afortunadamente, en los últimos meses se ha abierto un debate público sobre este tema. Ahora, hay que pasar de las palabras a los hechos.
En primer lugar, una previa. Es evidente y está comprobado científicamente que la pobreza y la precariedad son unos de los principales condicionantes de los problemas de salud mental. Tan solo un dato. Según el CIS, el porcentaje de personas de rentas bajas que se han sentido decaídas, deprimidas o sin esperanza durante la pandemia es del 33% y prácticamente duplica al dato de las personas con rentas altas: un 17%. Esto significa que las expresiones más salvajes del sistema capitalista, las políticas de recorte salarial y recorte en los servicios públicos y el aumento de la desigualdad socioeconómica en la población son importantes causas de los problemas de salud mental.
En este sentido y en la dirección contraria, el escudo social desplegado por el Gobierno de coalición en diferentes frentes para proteger a la gente trabajadora y dar certezas y seguridades a las familias funciona también a múltiples niveles para prevenir el agravamiento de los problemas de salud mental. En pocas palabras, la justicia social y la justicia fiscal son importantísimas políticas de prevención en el ámbito de la salud mental y, por ello también, desde Unidas Podemos vamos a seguir trabajando para que se cumpla hasta el último punto del acuerdo de gobierno.
Pero, además de este enfoque general, es necesario abordar específicamente el sistema de salud mental en España y eso es lo que hace la ley que presentamos. Es un texto extenso y complejo que contiene muchos elementos, pero queremos citar aquí algunos de los más importantes:
En primer lugar, el elemento sin el cual cualquier ley de salud mental se queda en papel mojado. Un aumento decidido en recursos humanos. Según datos del Ministerio de Sanidad, en España hay 6 psicólogas por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 18. En España, hay 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 18. En España, hay 10 enfermeros de salud mental por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 23.
Estos datos dibujan una falta crónica de profesionales y son el motivo que hay detrás de los retrasos sistemáticos en la atención que presenta el sistema público de Salud Mental. En la actualidad, solamente quien puede pagarse una atención privada tiene acceso a una atención de salud mental adecuada. En la actualidad, una atención de salud mental adecuada no es un derecho de toda la ciudadanía sino un privilegio de clase.
No es por culpa de nuestros profesionales sanitarios, que son excelentes y que se desviven por sus pacientes, sino por una política de infrafinanciación histórica del sistema público que tenemos la obligación de revertir. Por eso, desde el respeto escrupuloso a las competencias de las comunidades autónomas, nuestra ley sitúa como su clave de bóveda el establecimiento de ratios mínimas de profesionales que converjan con la media europea, así como una garantía de tiempos de acceso para los pacientes.
En segundo lugar, nuestra ley quiere trabajar para erradicar el estigma y la discriminación de las personas con problemas de salud mental. Es inaceptable que, al sufrimiento que ya provocan estos problemas, se añada la estigmatización, el tabú y la discriminación; máxime cuando, como ya hemos dicho, una parte importante de las causas tienen que ver con el sistema económico. Contra el estigma se lucha dando el debate público, pero también publicando medidas en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, queremos destacar la fuerte apuesta que se hace en esta ley por la prevención en el ámbito de la salud mental. El texto prevé la aprobación de programas públicos específicos de prevención así como —de manera novedosa— el establecimiento de la obligación de las empresas de proteger la salud mental de sus trabajadores como parte del deber de prevención de los riesgos laborales.
El cuarto elemento que queremos poner en valor tiene que ver con los ambiciosos avances que lleva a cabo esta ley en materia de derechos de los pacientes. Una persona con problemas de salud mental mantiene intactos todos sus derechos, incluyendo el derecho a la autonomía o a la intimidad. Por ello, en este texto, se apuesta por un enfoque moderno en el que los pacientes deben ser informados y consultados a lo largo de todo el proceso de tratamiento y seguimiento integral.
Por último, una consideración importante. La ley que presentamos ayer es la ley de salud mental de Unidas Podemos. Pero nuestra voluntad que sea la ley de salud mental de todos y todas. Por eso, no hemos querido registrar todavía el texto en el Congreso de los Diputados y hemos decidido abrir un periodo de un par de meses de consultas para recibir mejoras y propuestas y para tener —al final del proceso— un texto que concite un amplio consenso. En este sentido, hemos enviado al Ministerio de Sanidad y a los diferentes grupos parlamentarios el texto y, en estos días, lo enviaremos también a las diferentes organizaciones profesionales y de la sociedad civil. Esperamos que se abra un fructífero periodo de debate, aportaciones y negociaciones para que, después del verano, podamos debatir y votar esta ley tan necesaria en el pleno del Congreso.
En el tema de la salud mental, ha llegado el momento de pasar de los discursos a los hechos y remangarse para trabajar. A nosotros, esa siempre es la parte que más nos gusta.
