Un Pacto por la Ciencia y una Política de la Ciencia

El pasado marzo el Congreso de los Diputados en pleno creaba por unanimidad una subcomisión en el seno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades para el desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia. Se trata de una iniciativa común de todo el arco parlamentario por alcanzar compromisos concretos a nivel político que permitan mejorar y hacer más eficaz y sostenible la inversión pública en I+D+I, así como reorganizar los recursos con que el sistema cuenta.

Pero más allá de los argumentos políticos, que son también legítimos en un campo como el de la ciencia, la investigación y la innovación, pero que ninguna o escasa ideologización necesitan, el esfuerzo del legislador español hoy requiere de altura de miras para alcanzar un objetivo urgente y necesario: convertir de una vez por todas la investigación científica en un motor de desarrollo económico y social a través de la transferencia de conocimiento al ámbito productivo por cauces que permitan a la sociedad en su conjunto beneficiarse de los avances científicos y tecnológicos. Y no, no es casual que esta iniciativa se materialice en este momento, porque acabamos de vivir un escenario de crisis sanitaria global por un virus desconocido frente al que hace poco más de un año no había solución, pero para el que la ciencia, puesta excepcionalmente a trabajar, ha logrado vacunas efectivas y seguras en tiempo récord, en meses cuando preveíamos años, y sin sacrificar controles y procesos de evaluación y verificación.

Lo logrado es fruto de mucho y acertado trabajo científico y de recursos públicos y privados priorizados con el único fin de hacer frente a la mayor crisis sanitaria posiblemente nunca vista. Y se está logrando, aunque España no ha sido capaz de situarse a la vanguardia de estos avances, quedando por detrás de países como Alemania, Estados Unidos o Reino Unido. Esta realidad muestra la necesidad y, por qué no, también la oportunidad de reformar nuestros sistemas de ciencia, tecnología e innovación para aprovechar aquellos progresos y trasladarlos al funcionamiento de los mismos.

En esa labor, desde Ciudadanos identificamos tres puntos fundamentales en los que creemos que debe centrarse el trabajo legislativo en ciernes que ha de desarrollar el pacto por la ciencia.

En primer lugar, la estabilidad de los profesionales y la tranquilidad que precisan para poder realizar su labor. Debemos corregir aspectos que suponen un freno para la labor investigadora: la precariedad, las barreras burocráticas y la falta de certidumbre a largo plazo. Es imprescindible abordar los problemas tanto de entrada a la carrera científica como de inestabilidad en los contratos, evitar nuevas fugas de talento y atraer y motivar aquel con el que contamos.

En esa línea incide nuestra iniciativa en el Congreso de los Diputados ya presentada para establecer un Plan de Gestión y Retorno del Talento Investigador con bonificaciones a la contratación de científicos y con incentivos para que esos contratos sean más estables, tanto en organismos públicos como en el sector privado, con el fin de reforzar el elemento humano investigador de nuestro sistema, que debe poder dedicarse a aquello en lo que es bueno, liderando el avance científico, y no tanto en interminables labores administrativas.

La falta de concreción de los calendarios de ayudas y los plazos ajustados para solicitarlas obligan, precisamente, a que nuestros científicos pasen gran parte de su tiempo preocupados más de papeleos y trámites que de sus propias investigaciones. Por ello, las instituciones públicas deben aportar más certidumbre y proporcionar el apoyo técnico necesario para que nuestros científicos puedan dedicarse a lo que verdaderamente aporta valor añadido haciendo avanzar el conocimiento y desarrollando nuevas soluciones a determinados problemas.

En segundo lugar, un marco normativo actualizado que sirva de base para la experimentación y la innovación.En lo jurídico, este marco debe tanto ser lo suficientemente flexible para eliminar esas barreras innecesarias que no hacen más que ralentizar el avance científico como ser lo suficientemente firme para asegurar que los recursos públicos se invierten de la forma más eficaz y eficiente posible.

Esto supone que debe haber mecanismos de verificación y fiscalización que no supongan una carga adicional para nuestros científicos, pero también sistemas de evaluación de resultados que premien a los grupos o individuos que tienen un mejor desempeño o que realizan mayores avances en sus investigaciones. Y es que la investigación científica busca, precisamente, lo que no se conoce, y ello hace necesario replantearse esquemas jurídicos pensados más para diseñar un puente y tramitar el proceso de la licitación y adjudicación de su construcción que para enfrentarse a una investigación sobre un virus donde el desarrollo y fines de la misma dependen, e irán apareciendo, justamente según ésta avance.

Finalmente, debemos aprovechar el potencial de nuestro tejido empresarial para que no quede al margen de la ciencia. Al fin y al cabo, sólo cuando un avance científico consigue convertirse en innovación a través de la transferencia de conocimiento es cuando puede abrirse al mercado y mejorar la vida de los ciudadanos. Por ello, no podemos idear un nuevo marco normativo para la ciencia sin contar con el sector privado y, en particular, con las PYMEs, las más numerosas en nuestro modelo empresarial y las que más pueden beneficiarse de la innovación como mecanismo para crecer y crear empleo de calidad. En este sentido, necesitamos adecuar nuestra legislación a las nuevas tendencias en transferencia de conocimiento y experimentación normativa, favoreciendo la creación de bancos de pruebas o sandbox que permitan a las empresas innovar y buscar nuevas soluciones sin los frenos de regulaciones obsoletas o excesivas.

Tenemos, además, una oportunidad única a través de los fondos europeos Next Generation EU para sentar las bases de ese nuevo sistema de ciencia, tecnología e innovación, debiendo asumir que estos recursos terminarán y debemos haber puesto las bases para que el propio sistema incentive al sector privado en la inversión en I+D+I y en la transferencia de ese conocimiento a la empresa y, finalmente, al mercado.

Por ello, desde Ciudadanos hemos presentado también en el Congreso una iniciativa para priorizar precisamente este tipo de inversiones para que sean las empresas, y especialmente las PYMEs, las que aprovechen esos fondos europeos para impulsar su actividad innovadora, con medidas tanto en el plano fiscal como en el regulatorio, permitiendo así nuevas formas de financiación combinada y facilitando la cooperación público-privada.

En definitiva, lo que nos pide ese pacto por la ciencia, por tanto, es aprovechar la oportunidad de la experiencia vivida recientemente para darnos cuenta de que nada está escrito, ni los problemas que vendrán ni, por supuesto, las soluciones que tendremos que descubrir. La ley debe ser aquí una herramienta, y nunca un obstáculo; debe convertirse en un instrumento de promoción, y no una barrera. Ya sabemos, por ejemplo, que al virus lo habremos vencido, más pronto que tarde, con recursos y con investigación, pero debemos pensar ya en la próxima crisis: ¿estará nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación lo suficientemente reforzado para que España sí juegue un papel principal en esa recuperación?

Desde Ciudadanos queremos dejar atrás la visión cortoplacista de quien solo aspira a cortar cintas en inauguraciones de centros investigadores sin plantear la continuidad de su labor. Aspiramos a dar las señales adecuadas tanto a investigadores como a empresas e inversores, con una perspectiva moderna y liberal. Y, sobre todo, eficaz. Así lo defenderemos en esa subcomisión parlamentaria para el desarrollo del pacto por la ciencia.