Un manchón alucinógeno de tinta china confunde a algunos catalanes

Hay quienes dividen el mundo entre buenos y malos, siendo los buenos, sin mezcla de mal alguno, los propios, y los malos, los otros, cuya maldad no se ve matizada ni por una pizca de bien. Pues para entender cabalmente el actual proceso independentista catalán, hay que acudir a un ejemplo propio de esta era internet: el de los escáner, esos aparatos electrónicos capaces de reproducir e imprimir en soporte papel o en el etéreo cualquier imagen, como una o varias fotografías antiguas.

Lo primero que hay que hacer, aparte de apretar el botón off, es elegir el menú: con un clic se le ofrecerán tres alternativas: blanco y negro, escala de grises y color. Si elige la primera, la impresión será una imagen, como las alucinaciones de LSD. Un manchón negro como la tinta china, con formas extrañas en medio de un blanco níveo. Sin embargo, si cliquea sobre la opción 'escala de grises' el resultado es una imagen fiel de la fotografía, y si opta por el color, aparecerá incluso el amarillear de los años.

El movimiento soberanista catalán ha elegido la modalidad de 'blanco y negro'. Y el resultado, como es natural, no se corresponde, ni por casualidad, con la realidad. Es más, la intencionada simplificación constituye una descarada manipulación cuyo objeto ha sido provocar una situación ficticia de crisis del sistema de convivencia.

Por supuesto, la responsabilidad es compartida y se inició en el momento preciso en que el nacionalismo catalán comenzó a ser la excusa para que su grupo dirigente utilizara el antifranquismo y más tarde el catalanismo como patente de corso para el saqueo de las arcas públicas y la protección de lo que en síntesis y llanamente pueden considerarse organizaciones criminales. En esa desquiciada pendiente, no hay que olvidar la escasa visión de futuro y probablemente alta irresponsabilidad de los 33 magistrados de la Audiencia de Barcelona que, en noviembre de 1986, frente a solo ocho de los jueces, votaron en contra de procesar a Pujol, tal como pedían los fiscales anticorrupción Mena y Villarejo, en su informe para el procesamiento de dieciocho exconsejeros de la entidad bancaria.

Sus Señorías consideraron, haciendo honor al poder visualizado en sus puñetas de ganchillo, que no había suficientes indicios de criminalidad en la actuación de Jordi Pujol como vicepresidente ejecutivo, muy probablemente contaminados por el ambiente que les rodeaba y porque, en aquellos días, como ahora en ciertos círculos con intereses ocultos, lo progre era dudar del Estado, como si el Estado fuera una imposición de una cultura extraterrestre. La ocasión fue hábilmente aprovechada por el interfecto que enseguida se envolvió en la senyera y convenció a un alto número de ciudadanos bienpensantes de que se trataba de una ofensiva de Madrid contra los derechos históricos de la nación mancillada. Lo que el tiempo ha demostrado que era uno de los primeros pasos de una mera estafa común y corriente, pasó a ser una de las referencias del memorial de humillaciones y despojos propio del discurso simplón y trucado de todo nacionalismo.

Una fría, concienzuda y paciente labor de lavado colectivo de cerebro, a través de la televisión, siempre en manos nacionalistas, en todos sus niveles y recovecos, y de los medios públicos de comunicación en su conjunto, y de las subvenciones y privilegios para crear adictos y un mensaje único, o mayoritario, y de una manipulación de la educación, en todos sus niveles, para crear una historia ad hoc, burdamente falseada, manipulada y en ocasiones entre lo delirante y lo desternillante, ha ido fabricando un 'hecho alternativo', que es la novedosa definición de los asesores de Trump sobre lo que desde toda la vida se ha llamado una mentira morrocotuda. El trumpismo logró llevar al diccionario Oxford como palabra del año la 'posverdad', sinónimo solemnizado de palabras como manipulación, mentira, trampa o falsificación. Pero esta 'posverdad' no empezó en EEUU con los eufemismos de los ultraconservadores para disfrazar el saqueo de los bolsillos de la clase media, ni en el estrambote final de Donald Trump. Se inició en Cataluña cuando un pequeño grupo de vividores cuentacuentistas diseñó el camino hacía un cacicato que les dotara de impunidad y poder suficiente para convertir Cataluña en una república bananera en el Mediterráneo.

Así, se ha hecho creer a muchos catalanes, incluso a muchos de los que no son independentistas, que el Estado, el resto de España, le está negando a Cataluña un derecho fundamental, inalienable, que es el llamado 'derecho a decidir', como si los ciudadanos de las cuatro provincias no decidieran todos los días acerca de su gobierno y administración y sus representantes no estén ni hubieran decidido nunca en las Cortes y en las Altas Instituciones. Un 'derecho a decidir' que es otra frase trampa que encubre un 'derecho de autodeterminación' que la ONU solo creó para la descolonización de los territorios coloniales, dejando claro que no era para desmembrar estados. También la UE rechaza la independencia unilateral y sediciosa de parte del territorio de sus miembros.

Una sentencia del TC alemán de Karlsruhe sobre la petición planteada por un pequeño partido bávaro para celebrar un referéndum de separación de la RFA es contudente, y coincide, punto por punto, con los argumentos empleados por el Estado español y sus Altos Tribunales: en síntesis, "en la RFA que es un Estado-nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los estados no son dueños de la Constitución, por lo tanto no hay espacio bajo la Constitución para que los estados individuales intenten separarse".

El discurso nacionalero, que en eso se ha convertido, igual que en las romerías la devoción pronto se convierte en borrachera, considera una aberración del 'nacionalismo español' amenazar con que el Gobierno pueda obligar a una administración regional a cumplir con sus obligaciones constitucionales, el famoso artículo 155 que es plenamente constitucional por el mero hecho de que está en la Constitución. Pero es exactamente igual al artículo 37 ('Vía coactiva federal') de la Constitución Federal de Alemania: "Si un Land no cumpliere los deberes federales (...) el gobierno federal, con la aprobación del Bundesrat (el Senado en España), podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al Land al cumplimiento de dichos deberes por la vía coactiva federal". Miremos también al Reino Unido: en octubre de 2002, el Gobierno británico suspende ¡por cuarta vez! la autonomía de Irlanda del Norte desde los Acuerdos del Viernes Santo de 1988.

La de EEUU de 1787 fue más allá, y es más detallista, aparte de que el hecho práctico de la 'guerra de secesión' o 'guerra civil' que suscitó el ejercicio del derecho de autodeterminación por motivos racistas y económicos de la confederación de estados esclavistas del sur puntualiza, si hubiera alguna duda, los límites del autogobierno de los estados.

La Constitución de la República Francesa es igualmente diáfana desde su primer artículo, que empieza por "Francia es una República indivisible, laica, democrática y social...". In-di-vi-si-ble. El artículo 3 concreta la cuestión de la soberanía: "La soberanía nacional reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y por medio del referéndum". Pero tras expresar que la soberanía nacional, na-cio-nal, reside en el pueblo, se añade en el siguiente punto: "Ningún sector del pueblo ni ningún individuo podrán arrogarse su ejercicio". Lo entienden hasta los más tontos.

Olvidan los nacionalistas que cuando los catalanes refrendaron la Constitución de 1978, su artículo 2 decía, y así fue traducido en todas las lenguas de España, e incluso en varias extranjeras: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". En el artículo 8 hay otra importante referencia a esta cuestión: "Las Fuerzas Armadas (...) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Esto también fue refrendado por los catalanes

Pero por supuesto que como plantean algunos recalcitrantes adanistas, bolivarianos o ingenuos, "hace falta una solución política". Efectivamente. Esa supuesta 'solución política', que no puede entenderse como un mero pasteleo fuera de los límites expresos de la CE78, se llama Estatuto de Autonomía, equivaliendo autonomía a federalismo, y ya se aplicó en la Constitución de 1978, en el Estatut y otra vez en el nuevo Estatut salido con todos los trámites reglamentarios.

Fuera de eso cualquier alternativa que no respete la unidad y la igualdad en la diversidad se llama caos. Golpe de Estado.

¿Y qué soluciones hay para eso? Sencillamente que se respete la Constitución y el Estatuto. A estos efectos da lo mismo aplicar el 155 que la Ley de Seguridad Nacional que en su aplicación en el ámbito territorial no deja de ser un 'reglamento' del 155.