Un Gobierno que protege a trabajadores y evita el abuso laboral

El Gobierno de Pedro Sánchez durante esta crisis ha protegido a los trabajadores de nuestro país más que nunca y por encima de la medida europea. Así el 30% de la población activa española ha llegado a estar protegida, frente al 25% de la media europea.

Este Gobierno además ha movilizado 140.000 millones para autónomos y pymes, ha destinado 5.500 millones en el paro de los autónomos, ha aprobado otros 11.000 millones, de ellos 7.000 en ayudas directas sobre todo a hostelería y comercio y 40.000 millones en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de los cuáles más de 14.000 son para protección a los trabajadores.

El PP aprovechó la anterior crisis para hacer una reforma laboral que machacó a los trabajadores recortando derechos y salarios; disminuyendo la protección por desempleo y las cuantía de las ayudas y aumentando tanto las horas extraordinarias que no se pagaban como los accidentes laborales.

Además de todo ello, Mariano Rajoy recortó las inspecciones laborales lo que permitió que algunos empresarios aprovecharan la situación para explotar laboralmente a sus trabajadores. Es bueno recordar que entre 2012 y 2017 hubo un descenso de 71.000 inspecciones, lo que representa una reducción del 13%.

Frente a ello, Pedro Sánchez, primero con la ministra de Trabajo Magdalena Valerio y ahora con la ministra Yolanda Díaz, ha aumentado un 43% las inspecciones laborales.

Esto ha permitido en los últimos 3 años aflorar 50.000 autónomos de las plataformas colaborativas como Glovo o Deliveroo y permitir regularizar 11 veces más falsos autónomos que en el mismo periodo con Rajoy. Así como obtener casi 300 millones más de para la Seguridad Social desde 2018.

Un segundo ejemplo lo constituyen las empleadas domésticas, otra prioridad de este Gobierno. Hace unos meses la Inspección de Trabajo realizó una campaña contra quienes no pagan el salario mínimo a las empleadas de hogar. Envió 45.000 cartas a presuntos incumplidores. Así se ha regularizado la situación de 30.000 empleadas del hogar. Esa normalización de los contratos ha supuesto un incremento de 6,5 millones de euros al mes en salarios y de 5,5 millones en bases de cotización.

Por otro lado, el Gobierno ha destinado más de 40.000 millones en ERTE, de los cuáles algo más de 14.000 millones son prestaciones para proteger a 4,8 millones de trabajadores de nuestro país incluidos en ERTE. No podemos permitir ningún tipo de fraude al respecto.

En este sentido la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado campañas de control de ERTE derivados del covid. Hasta el momento se han llevado a cabo 36.565 actuaciones inspectoras a fin de controlar posibles supuestos de fraude.

Se han finalizado 29.047 actuaciones inspectoras y ha detectado un total de 4.588 infracciones por parte de empresas en los ERTE desde el inicio de la pandemia y ha impuesto sanciones por un total de 22 millones de euros. Por cierto, el territorio con mayor número de infracciones detectadas es Madrid.

Este Gobierno siempre ha dado una enorme importancia a la lucha contra aquellas conductas fraudulentas que vulneran no solo los derechos de los trabajadores, sino el sistema de Seguridad Social en general.

Nadie ha protegido más a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que el Gobierno de Sánchez en un momento tan complicado, pero con la misma fuerza hay que combatir el fraude para evitar que se pierda dinero público, dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos.